¿Votó Colau las subvenciones que investiga la Fiscalía?

Desde el Ayuntamiento defienden la "legalidad" de los pagos, "auditados" y avalados por "informes jurídicos". La pregunta de si los dos concejales votaron a favor de las subvenciones a las asociaciones es pertinente, remarcan otros interlocutores jurídicos preguntados. Señalan que el artículo 23.2.e de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) obliga a los trabajadores públicos a abstenerse en los asuntos en los que "han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar". También recuerdan el artículo 7 de la ley de altos cargos de la AGE y el Código Ético del Ayuntamiento de Barcelona, otros articulados que regulan el deber de "inhibición".

Ayuntamiento: "Procedimiento reglado"

Los portavoces del Ayuntamiento de Barcelona subrayan que "la concesión de subvenciones es un procedimiento especialmente reglado y regulado en términos generales por la Ley General de Subvenciones y, en concreto, en el Ayuntamiento por la ordenanza municipal de subvenciones". 

Agregan que "todas las subvenciones son concedidas por órganos externos competentes y siempre con los correspondientes informes legales y jurídicos preceptivos. En el caso de las citadas subvenciones, también son auditadas externamente con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de las mismas". 

Sentido del voto

La versión municipal deja en el aire las dudas legales planteadas sobre la inhibición. Las mismas fuentes jurídicas inquieren si las primeras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a Desc y ESF en 2015 y 2016 "las dio un órgano colegiado como es la comisión de gobierno".

Si ello fue así, los letrados consultados por Crónica Global plantean el sentido del voto de los dos representantes de BComú. Es decir, si "Colau y Badia se abstuvieron en los puntos de aprobación de estas ayudas, pues habían prestado servicios profesionales en los años anteriores, como avisa la normativa". La respuesta que ha brindado el Ayuntamiento de Barcelona no contesta a esta pregunta. 

Fiscalía investiga

Lo cierto es que Colau y Badia pudieron no encontrarse ante este dilema legal porque existe la posibilidad de que la firma de convenios con las oenegé en la que trabajaron se delegara en otro órgano que no fuera la comisión de gobierno en el que no participaban alcaldesa y concejal. Ello tampoco se conoce: el Ayuntamiento no lo ha precisado. Lo que sí es seguro es que el procedimiento de concesión, sin concurrencia, está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Barcelona. 

El ministerio público investiga tras la denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución. La organizació alertó de posibles irregularidades en la concesión sin concurrencia de 3,4 millones de euros a entidades como, precisamente, Observatori Desc y ESF. Alerta del perjuicio a otras entidades que habrían podido optar a las mismas ayudas y no lo pudieron hacer al no existir un concurso público al que presentarse. Todo ello sin perjuicio de que las dos agrupaciones beneficiadas habían empleado a primera edil y electo, además de a la también exconcejal Gala Pin y a las técnicas municipales Vanesa Valiño y Águeda Bañón.