De cómo el electoralismo convergente abrazó las tesis okupas de comunes y la CUP

“Electoralista”, “irresponsable” y, sobre todo, “inconstitucional. Corría el mes de marzo y Cataluña no estaba todavía bajo el estado de alarma decretado por el Covid, pero sí existía un clima preelectoral que propiciaba acuerdos políticos contra natura.

El decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda es un ejemplo de ello, pues unió a dos formaciones lo más alejadas posibles en materia de ocupación y propiedad privada como son Junts per Catalunya (JxCat) y los comunes. Ni el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que declaró inconstitucional ese decreto, ni el rechazo de los jueces a aplicarlo disuadió al consejero de Territorio, Damià Calvet --miembro del lobby convergente de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)-- de impulsar una norma que protege la ocupación condenada a acabar en el Tribunal Constitucional.

La CUP insta a desobedecer al TC

PSC, Ciudadanos y PP votaron en contra de esa nueva regulación con la que Calvet intentó enmendar su errática política de vivienda, la peor valorada en los sondeos de la propia Generalitat junto al paro y la precariedad laboral. La CUP, que en su línea habitual instó a desobedecer al Constitucional, apoyó al Govern y Catalunya en Comú-Podem en la tramitación.

santi rodriguez

“No entiendo como un Govern con Convergència y un consejero de Convergència pueden aprobar un decreto como este”, exclamó el diputado del PP, Santi Rodríguez, en el Pleno del Parlament donde se convalidó el decreto, recurrido por los populares ante el Tribunal Constitucional. A juicio de los populares, las normas protegen al okupa, "persiguen al propietario y humillan a las familias humildes que esperan su vivienda social sin patadas en la puerta ni okupar a nadie". El recurso, que tiene 175 páginas, está firmado por 86 diputados del PP en el Congreso.

PSC: "Es una irresponsabilidad máxima"

Del por qué de la postura de Calvet da cuenta la diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra, quien ya advirtió de que el decreto no tendría recorrido. Lo calificó de “irresponsabilidad máxima” y “por tanto, cuando nos planteamos por qué lo hacen, conscientes como son de que este decreto no tiene recorrido y que será llevado al Constitucional, solo se nos ocurre que lo hacen por puro tacticismo partidista, porque tenemos cerca unas elecciones. Pero eso es un gran error”.

Rosa Maria Ibarra, diputada del PSC / PSC

Ibarra advirtió de que el Govern estaba dando “expectativas a algunos colectivos de que les aportará soluciones a su situación personal. Incluso que este decreto paralizaría la reclamación judicial del propietario sobre una vivienda ocupada obligándole a formalizar un contrato de alquiler social. Pero cuando las cosas no se hacen bien, acaban mal y hemos visto cómo la Audiencia de Barcelona se ha pronunciado en sentido contrario”, dice en referencia al acuerdo de los jueces de no aplicar el decreto catalán.

Poner vivienda en el mercado

A juicio de Ibarra, una de las mejores maneras para contener los precios de alquiler o para hacerlos bajar “es poner vivienda en el mercado. Vivienda pública asequible, y por lo tanto se necesitan recursos para hacerlo. Aprovechemos los recursos que nos puedan venir del Estado. Y también necesitamos incrementar la vivienda del sector privado”. En este sentido, apeló a “recuperar la vivienda construida en algunos barrios degradados, que no son atractivos para muchas personas para ir a vivir. Se necesitan recursos para rehabilitar estos barrios, y no nos referimos sólo al espacio público, sino a las viviendas”.

La Generalitat nunca ha recuperado la inversión en vivienda de 2010 y, para este año, según Ibarra, se han consignado 316 millones menos, es decir, la mitad de la media que otras comunidades autónomas. En este gasto insuficiente ha incidido en varias ocasiones Ciudadanos, que también ha denunciado la venta de parque público de vivienda. Fue la formación naranja la que llevó el decreto de vivienda al CGE, que le dio la razón en cuanto a la inconstitucionalidad de ese nuevo concepto de “piso vacío”.

Cs: "Es un decreto injusto"

“Defendemos que haya medidas para movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler y, por tanto, que las viviendas vacías sin causa justificada estén penalizadas vía impuestos o sanciones. También debe haber incentivos para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, como garantías de cobro o una justicia rápida que resuelva de forma ágil los conflictos”, precisa.

Sergio Sanz, diputado de Ciudadanos y promotor de una iniciativa para aumentar el parque público de viviendas social / CG

A su juicio, “lo que no puede ser es que a un propietario que se le alargue el procedimiento judicial para recuperar la posesión de una vivienda porque la justicia es lenta, y encima sea sancionado por la administración autonómica porque no destina ese bien a su función social, aún cuando no disfruta de la posesión del mismo”.

El Govern justificó el decreto en la situación de emergencia habitacional en la que se encontraba Cataluña. “Pero no le vimos preocupados por esa emergencia cuando en 2017 vendieron suelo residencial público a una promotora privada para que hiciera vivienda de precio libre”, le replicó Sanz en el Parlament. “Ni vimos esa preocupación cuando optaron por vender la Fábrica Llandrich, a pesar de que desde Cs propusimos que las viviendas que se hicieran allí mantuvieran la titularidad pública. Tampoco nos pareció que vieran esas urgencias cuando hace unos meses pusieron a la venta como oportunidad única para invertir en suelo residencial las parcelas del Sector Llevant de Viladecans”, añadió.

“No, en esos momentos los vimos utilizando el suelo y la vivienda como instrumentos de financiación de la Generalitat. Pero no como un bien público a preservar para poder atender de forma estructural las políticas de vivienda para evitar situaciones de emergencia social”, concluyó.