El Parlament aprueba un decreto de vivienda inconstitucional

A pesar del rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y de la Audiencia de Barcelona, los votos de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú-Podem y CUP han permitido aprobar en el Pleno del Parlament el nuevo decreto de vivienda, uno de los proyectos estrella del Govern en general y del consejero de Territorio, Damià Calvet, en particular. Los jueces consideran que esta norma es inconstitucional, pues vulnera el derecho de los propietarios al avalar la ocupación ilegal. PSC, PP y Ciudadanos han votado en contra.

El CGE, órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatut, emitió un dictamen a instancias de Ciudadanos en el que, por unanimidad, afirmó que el artículo único del decreto que modifica la norma de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, dando una nueva redacción a la definición de “vivienda vacía”, es “inconstitucional porque vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución, por lo que hace referencia a la supresión como causa justificada de la desocupación permanente de la vivienda, la ocupación de ésta sin título legítimo cuando la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales adecuadas para la recuperación efectiva de la posesión, antes de cumplirse el plazo de dos años por considerar la vivienda como vacía”.

Asimismo, la la Audiencia de Barcelona ya ha advertido de que no aplicará  uno de los aspectos más controvertidos del decreto habitacional referente al procedimiento de desahucio, que estipula que los grandes propietarios --bancos y fondos de inversión, entre otros-- deberán ofrecer un alquiler social a los inquilinos que no puedan hacer frente al pago mensual antes de iniciar el procedimiento de expulsión. Considera la Audiencia que este ofrecimiento "no puede ser considerado un requisito" que impida la admisión de demandas de desalojo.

Bronca entre Morral (JxCAT) y Rodríguez (PP)

Las formaciones independentistas han criticado que, de nuevo, la Constitución haya servido de “barrera”, en este caso para proteger a las personas en situación más precaria. El debate ha dado lugar a un enfrentamiento verbal entre el diputado de Junts per Catalunya, Antoni Morral, quien ha acusado a las formaciones contrarias a la norma de posicionarse al lado de los poderosos.

Morral ha admitido que el decreto es “jurídicamente controvertido”, pero ha retado a llevarlo ante el Tribunal Constitucional porque “protege a los más débiles”. En este sentido, el diputado del PP, Santi Rodríguez, ha asegurado que sí presentará un recurso ante el Alto Tribunal, tras reprochar a Morral y su partido que utilicen la norma para tapar las miles de personas en lista de espera para acceder a una vivienda social.