El PP recurre ante el Constitucional las normas catalanas "que protegen a los okupas"

El PP catalán ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los decretos de vivienda de la Generalitat porque, a su juicio, defienden a los okupas y desprotegen a propietarios y personas en situación precaria que realmente necesitan un lugar donde vivir.

Alejandro Fernández durante la rueda de prensa / TWITTER

Así lo ha anunciado hoy el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, en rueda de prensa. Las normas aprobadas por el Govern, afirma, "protegen al okupa, persiguen al propietario y humillan a las familias humildes y honradas que esperan su vivienda social sin patadas en la puerta ni ocupar a nadie". El recurso, que tiene 175 páginas, está firmado por 86 diputados del PP en el Congreso.

Fernández ha recordado que el PP se opuso a los decretos del Govern porque, "además de convertir a Cataluña en una especie de paraíso okupa, parecían hechos a medida de las mafias ilegales de ocupación, que actúan impunemente en Cataluña”.

"Un insulto para miles de catalanes"

Estos decretos “además de ser un insulto para los miles de catalanes que esperan pacíficamente una vivienda social, son también un insulto para las familias catalanas que deciden invertir y ahorrar a través de la vivienda o que incluso deciden convertir la vivienda en su proyecto empresarial sin que por ello tengan que ser calificados de especuladores”.

El dirigente popular ha añadido que “desde el primer momento el PP ha considerado inconstitucionales estos decretos (17/2019 y el 1/2020) porque "suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos”.

Tanto el Estatut de Cataluña como la Constitución española establecen, según Fernández, que "un derecho fundamental como el de la propiedad privada nunca puede ser alterado a través de un decreto ley". "Los conceptos más polémicos de estos decretos, el de expropiación forzosa, el de los grandes tenedores de vivienda y el de vivienda vacía, son claramente inconstitucionales y suponen una indefensión del propietario frente a los okupas”.