Gonzalo Bernardos: “Lo único que conseguirá la Generalitat es subir los precios”

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas que mejor conoce el mercado inmobiliario y las posibles reacciones de los inversores cuando se modifica la legislación sobre la vivienda. Bernardos señala que los decretos que aprobó el Govern de la Generalitat y que ahora ha recurrido el PP ante el Tribunal Constitucional sólo lograrán una respuesta de los propios mercados: “Lo único que conseguirá la Generalitat es subir los precios”, vaticina.

--Pregunta: ¿Qué cree que buscaba el Govern de la Generalitat con esos decretos que ahora el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional?

--Respuesta: Se trata más de una medida política que de un instrumento efectivo. Junts per Catalunya quiere aparecer como una fuerza de izquierdas y abandona a su electorado clásico para lanzarse a la captura del votante de la CUP y de ERC. En Cataluña se da la extraña circunstancia de que nadie se sitúa en la derecha o, en todo caso, el independentismo, que se identifica con la izquierda. Esa es la dinámica del decreto. Se trata de desmarcarse de todo lo que suene a PP, que se asocia a la caspa. Y me parece preocupante porque se rompen los equilibrios democráticos. Porque esos exconvergentes se lanzan en brazos de los okupas.

--¿Pero no cree en la propia medida como correctora de unos supuestos desequilibrios? ¿Qué pretende el Govern en materia de vivienda?

--No creo que ese fuera el objetivo. El consejero Damià Calvet, una persona preparada a la que conozco bien desde hace muchos años, es un buen gestor, y estoy convencido de que conocía perfectamente las posibles consecuencias de los decretos. Pero en la política si quieres medrar te debes tragar muchos sapos. Y es lo que ha hecho impulsando ese decreto. SI quisiera corregir el mercado de la vivienda, la respuesta está clara: buscar y comprar suelo, buscar un promotor privado que construya para colocar viviendas en alquiler, con una garantía de rentabilidad del 5% y con ello se consiguen inversores de forma inmediata. No han sido capaces de colocar suelo en el mercado. Otro problema es que los políticos quieren resultados inmediatos y una política de vivienda necesita tiempo. Y para lograrlo optan por ese decreto que se fija en los tenedores de más de 15 viviendas, a los que se convierte en administración, para que ofrezcan alquileres sociales. ¿Y qué sucede? Que muchos de ellos se venderán las viviendas. Otros llevarán sus inversiones a otro lado. Y lo único que conseguirá la Generalitat es subir los precios, porque habrá menos oferta.

--En este caso, ¿se trata de una medida de un Gobierno contra sus propios electores?

--Sí, porque Cataluña vive una situación muy extraña desde hace años. Lo curioso es que no pasa factura a los exconvergentes. Era una formación de derechas y se ha convertido en una formación populista. A veces de izquierdas, a veces de derecha… eso es una formación de carácter populista. Este decreto, también hay que decirlo, era la forma de lograr el apoyo de los Comuns, para que se aprobaran los presupuestos.

--Entonces, han cumplido el objetivo.

--De hecho, muchas normas se aprueban así, sabiendo que se recurrirán. Lo hacen para justificar que todo lo que hace la Generalitat se para, y que sería mejor la independencia, con un Estado propio que sí podría ser de izquierdas.

--Porque ¿los grandes tenedores de viviendas, quiénes son?

--Hay tenedores de más de 15 viviendas que no se puede decir que sean clase media, pero tampoco son la aristocracia o la alta burguesía. Se trata de personas que han triunfado en la vida, que han avanzado y que han invertido en el sector inmobiliario. Y creo que no se les puede decir qué deben hacer con ellas. Además, hay que tener en cuenta que la gran reticencia para alquilar viviendas se centra en los posibles destrozos. Si tienes un contrato de alquiler y te destrozan la casa, la rentabilidad es nula. Con el régimen franquista, no se podía prácticamente echar a nadie de una vivienda. El parque de vivienda pública en Barcelona, en los años 40, era del 83%, y en los años 80 era sólo del 20%. Se había desincentivado el alquiler. En el Ensanche de Barcelona gran parte de las viviendas las vendieron los descendientes de los propietarios entre los 70 y los 80. Prefirieron sacarse de encima las viviendas, porque era un problema el alquiler.

--Pero existe un problema social con la vivienda.

--Es un problema social, porque no se ha hecho nada en muchos años. Los políticos no han querido asumir un problema que es engorroso y que no consigue muchos votos. Esto es así. Construir viviendas sociales supone estar encima, aportar recursos todos los años y no es satisfactorio para nadie, porque es una fuente de problemas. Sin embargo, se debe poner en marcha. Para mí debe haber tres tipos de viviendas en el mercado: una libre; otra con un alquiler limitado, y una tercera casi gratis para determinados sectores, personas que necesitan ser tuteladas, con problemas diversos.

--¿Ha habido simpatía por el movimiento okupa?

--Había un movimiento okupa ideológico. Y la administración daba instrucciones a la policía para que desalojaran sólo en el caso de que se tratara de la primera vivienda para el propietario. Pero los ‘profesionales’ de la ‘okupación’ colocaban a un niño, o a una persona mayor, y se paraba el desalojo. ¿Qué ha pasado? Que se pide dinero, hasta 5.000 euros en muchos casos, para abandonar la casa. En caso contrario, se amenaza: el propietario pierde los ingresos de varios alquileres, el tiempo que dure la ocupación y, además, se destroza el piso. Es un buen negocio para los okupas, cuyos cabecillas se conocen las leyes. Son bandas organizadas, con varios especialistas: el que detecta la vivienda, el que la okupa y el cabecilla que cierra la operación. En el Raval se desiste en la compra porque el riesgo de ocupación es altísimo y ya comienza a pasar en el Ensanche. Y lo que ocurre es que la propiedad privada ya no te da ninguna seguridad.

--¿Ha habido excesos con los desahucios?

--Ocurrió que los bancos, con la crisis de 2008, y pensando que sería una crisis corta, optaron por los desahucios, dejando en la calle a muchas personas que eran trabajadores o pertenecientes a la clase media que se habían empobrecido. Y surgió una gran simpatía por movimientos como la PAH --de donde surgió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau-- que se presentaron como David contra Goliath. Tras la crisis, el movimiento okupa se transformó en un gran negocio. El problema ahora es que puede ocurrir como en la crisis de 2008, con okupas por necesidad. Y lo preocupante es que en 12 años las administraciones sigan sin un parque de vivienda pública. Nadie ha pedido a los bancos que pasaran a los ayuntamientos las viviendas que asumieron con la crisis. Pese a todo, considero que no es una buena medida controlar alquileres, a 500 euros, cuando en el mercado se ha llegado a alquileres de 900 euros, en un equilibrio entre la oferta y la demanda. Con ello se distorsiona todo el mercado y se retirarán muchas viviendas. La extrema izquierda, como Podemos, hace buena la frase de Reagan de que lo importante no es lo que haces, sino lo que parece que haces.