Las tretas de Torrent en el Supremo para respaldar la versión de Forcadell

El actual presidente del Parlament, Roger Torrent, ha respaldado durante su declaración ante el Tribunal Supremo la actuación de su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, durante los plenos del 6 y 7 de septiembre y la posterior declaración de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.

El dirigente de ERC ha afirmado que hubiera obrado como Forcadell en la misma situación. No obstante, desde que ostenta la presidencia de la Cámara catalana no ha aceptado que el Parlamento debatiera cuestiones como la investidura a distancia de Carles Puigdemont tumbada por el Tribunal Constitucional.

Torrent cerró la puerta a admitir a trámite la propuesta de reformar la Ley de Presidencia presentada por Junts per Catalunya y, de esta forma, evitó incurrir en un posible delito de desobediencia.

“No valoran el fondo, sino la forma”

Torrent ha utilizado los mismos argumentos ante el Supremo que utilizó Forcadell durante su declaración. La principal diferencia es que el dirigente de ERC, en calidad de testigo, está obligado por ley a decir la verdad. “Los informes de los letrados no son vinculantes”, ha dicho sobre la decisión de tramitar la Ley de Transitoriedad jurídica.

Una consideración que el exletrado mayor del Parlament, Antonio Bayona, ha confirmado posteriormente en su declaración. Por otra parte, el también testigo y exvicepresidente de la Mesa, David Pérez, ha explicado que "hasta en cinco ocasiones" se le negó a su grupo parlamentario, el PSC, pedir informes jurídicos a los letrados. "La presidenta de la mesa es quien decide si se solicita un informe a los letrados", ha dicho Bayona, apuntando directamente a la potestad de Forcadell para haberlo hecho.

Torrent también ha insistido en el mantra de que la Mesa del Parlament no “valora el fondo, sino la forma” de las iniciativas parlamentarias que se presentan. Algo que ha negado el exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Alfons López Tena, en conversación con Crónica Global, y que ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las “mentiras” vertidas por otros expresidentes del Parlament como son Núria de Gispert y Ernest Benach. En redes sociales, posteriormente, ha acusado también a Torrent de haber faltado a la verdad.

“Es un órgano político, no censor”

El president de la Cámara catalana ha calificado a la Mesa del parlament como un “órgano político, no censor”, para explicar por qué se procedió a tramitar las llamadas Leyes de desconexión.

Posteriormente a su declaración, el vicepresidente segundo de la Mesa durante la anterior legislatura, José Maria Espejo-Saavedra, ha matizado a Torrent al afirmar que es “un órgano gubernativo” --no político-- y tiene como deber el "garantizar los derechos" de todos los diputados.

Una ley pensada solo para “votar”

De acuerdo con Torrent, la Ley de Transitoriedad jurídica fue únicamente pensada para que los “catalanes pudieran votar”. Aunque en toda la ley no aparece el verbo votar, sino que fija los requisitos fundacionales de un nuevo Estado catalán.

A este respecto, ha reculado sobre lo que se decía antes del referéndum del 1-O, y ha dicho que el fin de esta ley que invadía el marco competencial del Parlament era “apelar al diálogo entre instituciones y también entre pueblos”. “Buscaba una seguridad y planteaba un proceso de negociación con el Estado. La ley de transitoriedad nunca tuvo efectos jurídicos. Más allá de aprobarse, no tuvo efectos jurídicos”.

Resolución del 27-O

La declaración de Torrent ha ido en la línea que los exmiembros del Govern cesado, de que no tuvo efectos jurídicos y que "nunca" se hizo efectiva. Ha especificado que solo “se votó la parte dispositiva”, es decir, la que no contenía la DUI, puesto que estaba solo en la parte explicativa de la resolución.

"Yo voté el 1-O. Votaron dos millones. Y tengan presente de que volveremos a votar. Volveré a votar. El conflicto político solo se solucionará en el ámbito político”, ha enfatizado para remarcar que dicha ley era únicamente para que los catalanes "pudieran decidir libremente su futuro", pero no para crear un nuevo Estado catalán.