Cisma entre los abogados del 'procés' tras la acusación de la Fiscalía

¿Qué hacer ahora? Los abogados que defienden a los políticos investigados por orquestar y perpetrar el procés independentista en Cataluña no se ponen de acuerdo sobre los pasos a seguir tras conocerse las peticiones de prisión de la Fiscalía y Abogacía del Estado ayer. Las defensas de Oriol Junqueras y el resto de imputados de ERC, Andreu van den Eynde, y de la exconsejera Meritxell Borràs y la Mesa del Parlamento catalán, Xavier Melero, han enfriado la propuesta de Gonzalo Boye, letrado de los dirigentes prófugos de la justicia, de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo.

En una entrevista en los micrófonos de RAC1 el sábado, los dos profesionales han indicado que preferirían antes optar por agotar las vías judiciales en España antes de "internacionalizar la causa", tal y como propuso Boye ayer tras conocerse las penas de cárcel que piden el ministerio fiscal y la Abogacía. "No hay una línea factible para ir al TJUE", ha zanjado van den Eynde, respondiendo públicamente a la defensa de los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret, huidos de la justicia en Bélgica (Bruselas). "Si el señor Boye tiene alguna idea en esta línea, que la proponga", ha remachado el letrado, que no ha contestado a la pregunta de si escuchó el plan de Boye en los medios de comunicación, en lugar de ser avisado personalmente del mismo.

En la misma línea se ha manifestado Olga Tubau, abogada de Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos d'Esquadra, para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión y los mismos de inhabilitación. "El caso se ganará en España y no en Europa", ha avisado a todo aquel que escuchara.

"Guerracivilista" y "Turquía"

Las declaraciones de los abogados de los investigados de Trapero, de ERC y de Meritxell Borràs y Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, miembros de la Mesa del Parlament  cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión en septiembre de 2017, llegan horas después de que el letrado Boye lanzara un duro ataque contra la justicia tras conocerse las peticiones de reclusió e inhabilitación --leer aquí-- para los exconsellers del anterior Gobierno catalán y los activistas secesionistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que alcanzan los 25 años de privación de libertad en el caso del ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Carme Forcadell, entre otros investigados / CG

Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Carme Forcadell, entre otros investigados / CG

Boye, además de lanzar la extemporánea propuesta de acudir al TJUE antes de agotar las instancias judiciales nacionales --la corte de Luxemburgo fue creada para zanjar cuestiones comunitarias--, lanzó varias invectivas contra el sistema judicial nacional. Tildó de "propio de Erdogan", presidente de Turquía, y de "guerracivilista" el escrito de la acusación de la Fiscalía contra los líderes independentistas. Asimismo, el letrado animó públicamente a los abogados de los investigados a "ir al ataque a muerte en lugar de quedarse a defender". Bajo su punto de vista, las conclusiones provisionales del ministerio público, que mantienen la acusación de rebelión para la mayoría de los acusados, son "una estupidez".

Flaqueza en el bloque 'indepe'

El desacuerdo público entre los abogados de los procesados por organizar y acometer el proceso de secesión en Cataluña llega después de que el independentismo mostrara flaqueza y escasa capacidad de movilización en uno de sus días clave. Los secesionistas lanzaron ayer tímidas protestas callejeras, pero no congregaron a las muchedumbres que solían ante las cárceles en las que están en prisión preventiva los líderes del procés: Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas Enric (Tarragona). La cifra oficial aportada por los organizadores de las concentraciones unitarias fue de 10.000 personas, menos incluso de las 15.000 que aseguró ERC que había reunido ante la penitenciaría barcelonesa un día antes.

La fallida movilización secesionista llegó tras conocerse los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado entrados en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se juzgará a los líderes del proceso independentista catalán. El ministerio público y el ente que pende del Ministerio de Justicia piden penas muy distintas. Mientras la Fiscalía exige privaciones de libertad de hasta 25 años para Oriol Junqueras, considerado del líder de la rebelión, la Abogacía ha eliminado este tipo penal y se inclina por la sedición. Ello conlleva peticiones de cárcel mucho menores para los separatistas.