El Colegio de Abogados de Madrid rechaza amparar a Gonzalo Boye y se plantea sancionarle

Gonzalo Boye ha recibido este jueves un revés por parte del gremio de letrados. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha rechazado, "por unanimidad y sin reservas", ampararle por los ataques que asegura haber sufrido a raíz de la presentación en Bélgica de una demanda contra el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.

La junta del ICAM considera que no se dan "los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión de dicho amparo al abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Posible expediente y sanción

Según fuentes del órgano colegial, la decisión ya se le ha comunicado al propio Boye. Y se le ha advertido, incluso, de que debido a una queja presentada contra su actuación en Bélgica, el comité deontológico estudia abrirle un expediente que podría concluir en sanción.

El abogado pedía que se le amparara frente a las amenazas que asegura haber recibido en las redes sociales por parte de personas célebres como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la exmiembro de Vox Cristina Seguí.

Traducción errónea

La actuación del comité deontológico se produce a raíz de una queja presentada en el colegio por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. El parlamentario pide que se examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones de Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas.

En manifestaciones a Europa Press tras conocer la resolución, Boye ha señalado que "tenía claro" que el Colegio de Madrid no le iba a amparar "no porque no tenga razón, sino porque el propio decano a quien decidió amparar fue al juez Llarena", en alusión al comunicado en apoyo al juez que realizó hace unos días el decano José María Alonso.

Contexto "ajeno al ejercicio profesional"

Según el Colegio de Madrid, no puede decirse que exista afectación directa de los hechos denunciados por Boye al proceso civil belga o a la causa del proceso soberanista en el Supremo, "al tratarse de juicios de valor negativos o despectivos, descalificaciones y expresiones con tintes injuriosos que se vierten en redes sociales, no en sede judicial".

El comunicado explica que el "contexto donde se despliegan las ofensas es ajeno al ejercicio profesional", y que "las responsabilidades civiles y/o penales en que hubieren podido incurrir los emisores de los citados mensajes corresponderá recabarlas o exigirlas en su caso al letrado Boye como afectado".

Condenan los insultos

Todo ello porque la competencia del ICAM "queda delimitada exclusivamente a la salvaguarda de la libertad y la independencia en el ejercicio profesional, íntegras e imperturbadas aquí, más aún cuando el letrado señor Boye no concreta en qué se traduce la hipotética perturbación".

Pese a denegarle el amparo, el colegio madrileño manifiesta su "solidaridad" con el letrado "habida cuenta de las presuntas amenazas, injurias, eventuales calumnias y, en general, los mensajes ofensivos de los que ha sido objeto en las últimas semanas en las redes sociales".

En ese sentido el Colegio de Abogados de Madrid expresa su rechazo del "uso de un lenguaje lacerante, grosero, insultante, desafortunado
o descalificador respecto" del abogado reclamante de amparo.