Los intereses ocultos de las acusaciones públicas sobre el 'procés'

Detrás de las peticiones de condena de la Fiscalía y la Abogacía del Estado hay un evidente trasfondo político que juristas, políticos y procesados valoran de forma muy diferente. Más allá de la gravedad de las penas –excesiva para los responsables del procés, leve para PP, Ciudadanos y Vox--, lo cierto es que hay otros factores que pueden leerse entre líneas. La necesidad de legitimar un proceso judicial a nivel internacional sin desautorizar al juez instructor Pablo Llarena; demostrar que en España existe separación de poderes y el deseo del Gobierno socialista de destensar el lío catalán y desmarcarse del PP, inspiran los escritos de acusación conocidos ayer contra los 22 procesados. Un verdadero sudoku político y judicial

Las diferencias de criterio entre la Fiscalía, que mantiene la rebelión, y la Abogacía del Estado, que ve sedición, es una de las novedades principales. El penalista Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana y promotor de la plataforma de juristas Llibertats, explica que las diferencias entre ambos escritos “reafirma la existencia de separación de poderes en España. Allí donde el Gobierno no puede influir o dar órdenes, se mantiene la acusación por delito de rebelión, tanto en el auto de apertura de juicio oral como en la acusación de Fiscalía”. En este sentido, “donde el Gobierno puede dar órdenes es en la Abogacía del Estado, que por el interés político del momento, se rebaja la acusación a sedición”. En resumen, el jurista cree que las acusaciones públicas ponen de manifiesto que “la Justicia española es independiente no así la Abogacía del Estado”.

La defensa de los intereses económicos del Estado

La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia y, según el profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos, este cuerpo jurídico “representa los intereses económicos del Estado, de ahí el delito de malversación”. No obstante, a diferencia de otros casos judiciales importantes como Gürtel o Nóos, la Abogacía ha dado un paso más al incluir sedición.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó ayer que esa rebaja penal acordada por la Abogacía del Estado responda a un gesto hacia el independentismo. "No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros. De esta forma, la ministra salía al paso de las críticas de PP y Ciudadanos, que apuntan a supuestas concesiones del Ejecutivo de Sánchez a los independentistas, en el marco de un proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

La Fiscalía marca la pauta acusatoria

En los juicios, quien marca la pauta acusatoria es la Fiscalía, que este caso mantiene el delito de rebelión, que va acompañado de penas más graves que el de sedición. No obstante, las condenas que contemplan ambos delitos son muy altas --es un escrito de calificación provisional que puede varias cuando, tras la vista oral, se eleve a definitivo-- y, en contra de lo que se especuló hace unos meses, no cabe un pacto entre procesados y Fiscalía, pues la conformidad con las peticiones acusatorias para evitar juicio— solo se puede llevar a cabo en casos donde las penas son inferiores a seis años. Además “se requiere de la conformidad de todas las partes”, precisa Zarzalejos.

Algo difícil de imaginar en el caso de Vox, que ejerce la acusación popular. Ni siquiera los procesados están dispuestos a reconocer los delitos cometidos. Esta ausencia de arrepentimiento impide, asimismo, la petición de indulto, una medida de gracia que solo puede conceder el Gobierno después de que se dicte sentencia. Pedro Sánchez rehusó pronunciarse al respecto esta semana.

"Hubiera sido muy raro un giro de 180 grados"

La opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Arbós, sobre los escritos de acusación es algo negativa. Nunca vio claro que en los hechos imputados “existiera sedición ni rebelión. Dicho esto, no hay sorpresas. Hubiera sido muy raro que la Fiscalía del Tribunal Supremo diera un giro de 180 grados, y más aún que la nueva fiscal general hubiera dado instrucciones para que lo hiciera”.

Precisa Arbós que “dado el contexto, me parece irrelevante que la Abogacía del Estado abandone los cargos por rebelión y no comparto algunas críticas al giro que ha hecho. Al margen del contenido de su acusación, a mi no me escandaliza que la Abogacía reciba instrucciones del Gobierno para que, en el marco de la legalidad, actúe en el sentido que el ejecutivo le marque en defensa del Estado”. Al respecto, indica que “así como en el caso de la Fiscalía debe defenderse su autonomía para defender la legalidad con su propio criterio, me parece que el Gobierno debe poder defender el suyo a través de la Abogacía del Estado”. 

El escándalo de cuestionar a Llarena

Para la abogada y exjuez María Jesús Hernández Elvira, “no hay sorpresa” en las peticiones de condena de las acusaciones públicas “salvo para los que siguen creyendo que los asuntos judiciales se arreglan en los despachos y con un almuerzo en el típico restaurante de la capital. Lo cierto es que para bien o para mal, hay cosas que no se pueden resolver como se ha venido haciendo. Como jurista creo que la posición de la Fiscalía era la de esperar, lo contrario, es decir, cambiar de posición cuando en la instrucción se ha mantenido una postura sería un escándalo”.

Se refiere la letrada a la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien desde un principio imputó a los inculpados el delito de rebelión. Con las diferencias entre la Fiscalía y el del Abogacía del Estado, el Gobierno de Sánchez abre la puerta a una rebaja a sedición, pero sin cuestionar la labor del magistrado. En su escrito de confirmación de los procesamientos, Llarena se cubrió las espaldas respecto a la posibilidad de que cayera el delito de rebelión –el revés de la Justicia europea iba en ese sentido—y propició una suspensión temporal de los diputados para no alterar las mayorías parlamentarias.

En opinión de Hernández, “lo relevante es poner de manifiesto que a la Fiscalía no la mueve un odio o animadversión al pueblo catalán sino que defiende los intereses generales, como es su función y cuando existen indicios de que alguien se los ha saltado, hace su trabajo”.

Respecto a la Abogacía del Estado “que hasta ahora solo entendía que había malversación, ha habido un paso adelante”, aunque cree que el Gobierno socialista “ya ha avanzado con más o menos detalle que les concederá el indulto. Lo triste es que los independentistas no quieren eso porque les da más réditos ser mártires. Aunque de eso solo no pueden vivir y si no hay recursos no hay ideología”. Avanza que, en caso de condena “sea por rebelión o por sedición, la liarán y no habrá margen de maniobra para el Gobierno socialista, mientras que un Ejecutivo de derechas ni se lo planteará”. Concluye la jurista que “tomarte la justicia por tu mano, por mas que pueda parecer muy justa, no integra los parámetros de convivencia de una sociedad democrática”.