Detalle del edificio de Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad cuyos activos fueron a parar a manos de Vall Banc y que se vendió posteriormente a JC Flowers / EFE

Detalle del edificio de Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad cuyos activos fueron a parar a manos de Vall Banc y que se vendió posteriormente a JC Flowers / EFE

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Los accionistas mayoritarios de BPA plantean llevar al Tribunal de Luxemburgo la ‘ley AREB’

La familia Cierco denuncian la transposición al ordenamiento andorrano de la directiva europea de la norma que sirvió para nacionalizar la entidad

11 diciembre, 2017 12:49

Los accionista mayoritarios de BPA, la familia Cierco, han anunciado este lunes que plantean llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, la norma que el Gobierno de Andorra usó para tomar el control de la entidad en marzo de 2015. Lo harán mediante la presentación de sendos requerimientos ante la Comisión Europea y el Banco Central Europea para exigirles que cumplan con su deber de control y vigilancia en la transposición en el Principado de la directiva marco en este sentido.

En un comunicado, los Cierco señalan que la implementación de la norma en la legislación andorrana omitió algunos preceptos y mecanismos legales que Europa sí contempla en los mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias. Indica que el Consell General, el parlamento del Principado, aprobó la denominada ley BPA o ley AREB, el nombre de la norma de resolución, por la vía de urgencia y la hizo a medida del caso en cuestión.

Acuerdo monetario

Ya había intervenido BPA cuando la Cámara del Principado la ratificó con efectos retroactivos. Hecho que llevó a la suspensión del procedimiento concursal en la que se encontraba inmersa para ser sustituido por el sistema de resolución incorporado en el derecho del país, según señalan los portavoces de los accionistas mayoritarios. Consideran que generó pérdidas millonarias para todos los que tenían participaciones en BPA, no sólo los Cierco.

Apuntan, asimismo, que la transposición defectuosa supone un incumplimiento del acuerdo monetario y una vulneración del derecho comunitario. Que eso “no ha sido debidamente denunciado por las instituciones que tenían la obligación y responsabilidad de hacerlo”, por lo que deciden dar le paso adelante.

Presencia en el comité mixto

Recuerdan que este pacto en materia económica exigía la representación de Europa en el comité mixto para vigilar el cumplimiento estricto de las normas comunitarias por parte de Andorra. Y en el caso de detectar fallos, estos acaben ante el Tribunal de Luxemburgo. La vía que intentan activar con los requerimientos que mandarán a Bruselas y Frankfurt en los próximos días.