Barcelona se verá obligada a repetir un concurso por haber intentado pagar por debajo de convenio. Ninguna empresa quiere asumir la vigilancia de las fiestas de Gràcia porque los salarios ofrecidos por el ayuntamiento eran inferiores a los del acuerdo nacional del sector. Ahora, deberá repetir la licitación mediante adjudicación directa, pues se ha quedado sin tiempo material.

Según reza el portal de contratación del segundo mayor consistorio de España, la licitación para la Custodia y vigilancia de las carpas durante la fiesta mayor 2018, con medidas de contratación pública sostenible ha quedado desierta. El contrato, con un presupuesto de 28.044,17 euros, debía ponerse en marcha el sábado, 11 de agosto, para concluir el día 24. El distrito de Gràcia, que comanda Eloi Badia, había previsto una rotación de 76 personas como vigilantes de seguridad sin arma cobrando 1.035,19 euros cada uno. No obstante, el equipo de Badia olvidó un detalle: el sueldo base de un profesional de esta categoría es de 1.145,13 de media según el convenio 2017-2020 suscrito en noviembre de 2017.

"Ahora lo deberán repetir"

Preguntado por la cuestión, el sindicato ADN Sindical, una de las organizaciones más activas en la vigilancia de la contratación pública en seguridad privada, ha lamentado que "un ayuntamiento que teóricamente se define como progresista y de izquierdas haya diseñado un concurso en el que los sueldos de los vigilantes no llegan ni al convenio". La agrupación ha agregado que al coste medio por profesional calculado según convenio y bolsa de horas se le debería añadir las horas nocturnas y festivas, y el plus extra de servicio, ya que en estos momentos, en plena campaña estival, "casi no se encuentran vigilantes".

"Ahora deberán repetir el concurso --ha continuado la misma fuente-- pero deberá ser por adjudicación directa o de otra manera, ya que no hay tiempo material de lanzar otra adjudicación antes de que empiecen las celebraciones en Gràcia".

Errores en seguridad privada

Cabe recordar que este no es el primer desliz que comete el Ayuntamiento de Barcelona en la contratación de seguridad privada. Como avanzó este medio, el Instituto de Cultura de Barcelona (Icub) utilizó, presuntamente, a auxiliares de seguridad durante celebraciones callejeras multitudinarias. Este personal tiene las atribuciones restringidas y no debería ejercer funciones de vigilancia, como presuntamente ocurrió durante el Festival Llum BCN. De hecho, la consejería catalana de Interior acabó abriendo un expediente sancionador a Dimoba, subcontrata del Icub, por presunta vulneración de la Ley de Seguridad Privada.

Tras ello, el organismo cultural del ayuntamiento lanzó el concurso de vigilancia privada de sus eventos después de que la misma firma denunciara "deficiencias" en el despliegue para el Festival Grec Barcelona.

El uso de auxiliares de seguridad en lugar de vigilantes es "habitual" por parte de las administraciones, según los sindicatos, ya que salen más baratos que contratar a profesionales cualificados. No obstante, esta práctica compromete la seguridad de los eventos y vulnera la normativa vigente.