Cataluña pierde a su funcionario más independiente por incomodar a los mandamases

El Gobierno catalán ha dado el primer paso para tomar el control del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), el órgano administrativo que ha puesto en un aprieto a la Administración con la revisión detallada de la contratación. Ha decidido relevar al, hasta la fecha, presidente, Juan Antonio Gallo.

Lo hará cuando venza su mandato de cinco años que se podían prorrogar por el mismo periodo. No requería ninguna tramitación especial más allá de publicar la decisión en los diarios oficiales preceptivos. Lo más habitual en la contratación pública es optar por esta alternativa, indican los expertos consultados. Las administraciones solo dejan caer el contrato y reinician la licitación en los casos en que la gestión ha generado controversia.

Figura incómoda para los mandamases

¿Ocurre en la presidencia del TCCSP? Depende desde la óptica que se mire. El presidente del tribunal, una alto funcionario de carrera extremadamente discreto y que huye de los focos mediáticos (los conoce bien, es hijo del famoso periodista y Gobernador Civil Federico Gallo), resulta una figura incómoda para los mandamases de la Administración catalana. Les ha sacado los colores al señalar los fallos en procesos de todo tipo.

Desde los impulsados por pequeñas administraciones de cantidades poco relevantes a grandes licitaciones que iban más allá de su función estricta y se impulsaron más como una política de partido que como un concurso público.

Anulación del contrato de la luz de Barcelona

Entre ellas, el contrato de la luz de Barcelona. Ha sido una de las últimas resoluciones que han transcendido del tribunal administrativo y ha obligado al Gobierno de Ada Colau a replantear la licitación. La fórmula elegida por BComú para defender la pobreza energética en el proceso no se acogía a la legislación vigente.

Fue una resolución polémica porque el concurso se inició como un pulso entre el Ejecutivo local y las grandes energéticas. Se planteó para favorecer a las pequeñas distribuidoras que se consideraron más receptivas en aplicar medidas de protección al usuario, tal y como se reconoció desde el consistorio. Pero se falló en el articulado.

Golpe a la concesión de ATLL

Gallo ha sido molesto para la Generalitat desde el 2 de enero de 2013. Ese fue el día que el entonces llamado Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) --se transformó en tribunal más tarde con más personal-- resolvió en contra de la gran licitación de la primera legislatura de Artur Mas, la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona por 50 años.

Señaló que el calendario de obras que el grupo de los Entrecanales había presentado para mantener y mejorar el servicio incumplía con el pliego de condiciones de la licitación y ordenó retrotraer el proceso hasta el momento de la adjudicación. Provocó el periplo judicial conocido como la guerra del agua en Cataluña, la batalla legal del grupo Agbar contra la Generalitat y Acciona que sigue abierta cuatro años después de que se publicara la resolución.

El Tribunal Supremo debe decidir si da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y anula el contrato de ATLL. El expediente está sobre su mesa desde hace meses y el debate está avanzado, indican fuentes jurídicas.

El TSJC nunca ha fallado en su contra

Es la única ocasión en que una resolución del TCCSP ha llegado al Supremo. El TSJC ha revisado buena parte de sus resoluciones por petición de los implicados. Es el único que lo puede hacer y hasta ahora la eaxtitud de Gallo nunca ha sido puesto en duda. El alto tribunal catalán ha fallado a su favor siempre.

La rigurosidad e independencia del tribunal administrativo han propiciado varios reconocimientos de la Unión Europea en los últimos cinco años y ha sido puesto de ejemplo en otros organismos similares de nuevo cuño. Todos ellos, han comenzado a caminar en base en la directiva 2007/66/CE del 11 de diciembre de ese año del Parlamento Europeo.

La independencia del presidente, dinamitada

Los 28 consideraron necesario que cada país se dotara de sus propios órganos independientes cuyo único objetivo era velar por la aplicación de la normativa comunitaria vigente. Su base es la independencia de cualquier administración, aunque en el nuevo concurso público que ha abierto el departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat, encabezado por Raül Romeva, se dinamita este principio fundacional.

Se han rebajado los requisitos de entrada y se introducen mecanismos de discrecionalidad para que el Gobierno catalán pueda elegir entre los candidatos.

Criterios discrecionales en la nueva concesión

Así consta en dos ocasiones en la convocatoria de libre designación para encontrar al próximo presidente de TCCSP. La conselleria avisa de que al valorar los criterios profesionales se tendrán en cuenta la “experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas candidatas”.

Si esa precaución fallara, la Generalitat se ha preocupado de habilitar otra alternativa para elegir al próximo responsable de valorar la contratación pública. Se afirma que la propuesta de resolución de la provisión del empleo “recaerá, en su caso, en la persona candidata que se considere más adecuada según el informe preceptivo y previo del secretario de Transparencia y Gobierno Abierto”.

Es decir, queda en manos de la valoración de Jordi Foz, abogado y hasta el momento de llegar al cargo presidente de la sectorial de administraciones públicas y justicia de ERC además de presidente de Òmnium Cultural en el barrio de Gràcia de Barcelona. No se había provisto una alternativa en este sentido en el proceso abierto en 2012.

El relevo en la presidencia del TCCSP tendrá lugar el 1 de junio de 2017.