La expulsión de una pequeña empresa de otro pequeño grupo dedicado a la organización de eventos gastronómicos se ha convertido en una gran noticia para el nacionalismo catalán porque toca la columna vertebral de su canal de financiación: el dinero público.

Fòrum Gastronòmic ha decidido prescindir de Incatis, una sociedad de Josep Maria Jami Matamala, por incomparecencia, porque ha dejado de colaborar en el objeto social de Fòrum: las ferias foodies. Todo el mundo del sector sabe que la medida se ha tomado porque Matamala vive en Waterloo desde que se exilió acompañando a Carles Puigdemont, lo que le impide trabajar, y porque su compromiso con el independentismo también compromete a Fòrum ante sus clientes, los ayuntamientos y diputaciones. Y no solo los catalanes.

El ejército de trolls al que el independentismo recurre con tanta frecuencia se ha puesto en marcha en solidaridad con Matamala.

Al frente de todos ellos, el propio Puigdemont, que ha impuesto el nombre de su amigo como cabeza de lista al Senado de Junts per Catalunya por Girona con la misma facilidad con que colocó a su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, en el primer puesto para el Congreso en la misma demarcación.

La respuesta del expresidente llama la atención porque hace y deshace según sus intereses personales mientras el partido acata sin rechistar. (Bueno, a veces también hay quien dice que ya estaba previsto en un intento de disimular el caudillismo). Pero por encima de esa cuestión de orden interno resulta llamativa la ligereza con que Puigdemont se relaciona con el dinero público, que es al final en lo que se va a traducir la presencia de sus allegados en las Cortes Españolas.

Personalmente, no le debe ser ajeno. Su trayectoria profesional está llena de subvenciones y ayudas, para él, para sus socios, para su esposa, también periodista, y para sus empresas.

Como otros tantos activistas, el político fugado es un especialista en estos menesteres: empresas no necesariamente grandes, pero con una estructura diversificada de manera que los recursos públicos (subvenciones, publicidad, ayudas) lleguen desde distintas consejerías, si se trata de la Generalitat, y departamentos si es una diputación o un ayuntamiento; y que no vayan a parar al mismo NIF. Que sean fáciles de distribuir y difíciles de rastrear.

Puigdemont siempre fue un periodista-empresario conectado con el sector público. La más conocida de sus iniciativas es Catalonia Today, a cuyo frente puso a su mujer en 2011, poco antes de ser alcalde de Girona. También montó la efímera Doble Utopia, donde era socio del colega que luego aterrizó en la agencia pública de noticias catalana y que ahora está al frente de Catalunya Ràdio.

La oposición del Ayuntamiento de Sant Cugat --incluida la CUP-- ha puesto la proa a un contrato a dedo de 542.000 euros en beneficio de otro periodista-empresario que había sido socio de Puigdemont en Catalonia Today y jefe de su esposa.

La Diputación de Barcelona tuvo que dar explicaciones de los viajes de Josep Lluís Alay cuando era su comisionado de relaciones internacionales: estaba con el expresidente en el momento del incidente de la bandera española en el aeropuerto de Copenhague y también cuando tiempo después fue detenido por la policía alemana. Ha saltado de la diputación a la Generalitat: ahora cobra 80.000 euros al año como asesor de Quim Torra para política internacional.

Es más que probable que la salida de Matamala de Fòrum Gastronòmic o las pegas al pelotazo de Sant Cugat sean algo más que decisiones razonables desde la perspectiva empresarial o política; quizá sean el reflejo de que alguien ha perdido el miedo, de que las cosas empiezan a cambiar. ¿Ha saltado la alarma en las finanzas indepes?