La mala educación nos hace peor sociedad. Perdemos con gestos que van desde no dejar sentar en el metro a una persona con necesidades evidentes a otros menos naif, si se quiere, como los insultos, descalificaciones e incluso las pequeñas agresiones que se han instaurado como algo habitual en las protestas políticas de las últimas semanas en Cataluña. Diferentes a las escenas de violencia que se vivieron varias noches seguidas en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Escupir y pegar porrazos a un “enemigo” político, llámese Josep Bou, Josep Ramon Bosch o cualquier otro empresario anónimo que quería asistir a la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona, es lamentable y aleja de los objetivos políticos perseguidos en una manifestación. Además de ser de una mala educación preocupante y un motivo de reflexión necesaria cuando se plantea como un “enemigo” o un “rival” a batir a una persona con un pensamiento diferente. Más aún cuando se trata de un periodista que intenta hacer su trabajo.

Intentar orquestar campañas de difamación y boicot a través de las redes sociales contra ejecutivos como Antonio Castañer, además de ser poco efectivo por la fortaleza de la marca y sus prescriptoras --la reina Letizia, sí, pero también medio star system internacional con grandes estrellas de Hollywood incluidas-- deja en evidencia a los promotores. Por sectarios, de entrada, pero también porque, en el fondo, con un boicot a un producto como unas alpargatas de lujo, quien podría llegar a perder no es sólo la familia empresarial que las fabrica. Como ya se ha explicado en demasiadas ocasiones, si llegase a triunfar, las consecuencias son bastante más repartidas y, al final, lo más probable es que las sufra el último orejón del tarro. Es decir, los trabajadores menos cualificados del grupo.

Intentar justificar estas escenas con una crítica a los asistentes al acto por no usar los autobuses que había fletado la fundación es directamente deleznable. El consejero del Interior, Miquel Buch, no vive los mejores momentos de su carrera política y está obligado a practicar un equilibrismo cada vez más complejo si quiere mantener el sillón. Pero asegurar que en Barcelona se garantizaron “todos los derechos, de manifestantes y asistentes” al acto sólo genera más dosis de desasosiego hacia el máximo responsable de la seguridad ciudadana en Cataluña. Igual que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que se ha limitado a señalar que “si hubo alguna imagen desafortunada” la pueden condenar.

Una cosa es jugar a la política. Otra, muy diferente, es hacerla.