Armonización, sí, claro... pero no solo fiscal

alejandro  bw 5
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Resulta fascinante comprobar que la mayor parte de los que han puesto el grito en el cielo con la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid en relación al resto de CCAA sean los mismos que acostumbran a defender con uñas y dientes la descentralización. Una descentralización entendida como un modelo de Estado en el que las comunidades tengan la máxima autonomía posible --y creciente hasta no se sabe cuánto ni cuándo-- para hacer lo que les plazca en todo tipo de competencias.

Hombre, hombre, hombre... aclárense, señores, porque descentralización y autonomía significa justo lo que hace la Comunidad de Madrid: aprovechar sus competencias para situar el impuesto de patrimonio al mínimo que le permite el marco general. Es el precio de la descentralización.

De todas formas, no les falta razón a los que piden la armonización fiscal de las CCAA. No tiene sentido que el impuesto de sucesiones y donaciones --tomen nota porque es el próximo objetivo de los supuestos descentralizadores-- o el de patrimonio tributen a tipos o en condiciones diferentes según el lugar de España en el que uno viva.

Sin embargo, mucho más grave que estos impuestos es el asombroso régimen fiscal del País Vasco y de Navarra --y, si me apuran, de Canarias, Ceuta y Melilla, aunque en el caso del archipiélago, a 1.500 kilómetros de la península, tendría más sentido una excepción--.

Si lo que se pretende es implementar una verdadera armonización fiscal, empecemos por suprimir el concierto económico de las provincias vascas y el convenio navarro, un privilegio sin parangón en Europa que eleva la insolidaridad interterritorial a cotas inauditas.

Atacar el régimen fiscal madrileño y a la vez salvaguardar la injustificable excepcionalidad vasco-navarra es de tal incoherencia que solo puede responder a motivaciones políticas espurias e inaceptables.

¿No habíamos quedado que se trata de corregir una situación fiscal injusta y desigual? ¿Acaso hay mayor injusticia y desigualdad fiscal que la generada por el concierto y el convenio?

En cualquier caso, si el objetivo es combatir todas las desigualdades, parece razonable revisar algunas competencias transferidas a las CCAA. Armonizarlas, vamos, como ahora defienden los descentralizadores.

¿Alguien considera sensato que el tiempo de espera para operarse en la sanidad pública dependa de la comunidad en la que se viva? ¿De verdad nos parece normal que, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para operarse en un hospital público en Cataluña sea de 223 días pero en Madrid solo de 42?

¿Cómo es posible que en la Comunidad Valenciana --con dos lenguas oficiales, español y valenciano (o catalán, que es lo mismo)-- los alumnos de la enseñanza pública puedan recibir una parte razonable de su educación en castellano pero en Cataluña --también con dos lenguas oficiales, español y catalán, además del aranés en el Valle de Arán-- sea inviable?

¿Entienden adecuado que, por culpa de los diferentes déficits o deudas, los ciudadanos de una comunidad dispongan de peor protección social que en otra?

¿Creen que es correcto que el nivel de las infraestructuras de un territorio dependa de la mejor o peor gestión de los gobiernos autonómicos, o que una comunidad esté repleta de autopistas de peaje y otra disfrute de autovías gratuitas?

¿Les parece normal que si se casan en Madrid --y no realizan capitulaciones matrimoniales-- se les aplique un régimen de gananciales, pero si lo hacen en Barcelona rija la separación de bienes?

¿A alguien le puede parecer apropiado que la Generalitat, acogiéndose a sus competencias penitenciarias, aplique diferentes criterios en el trato a los presos que en el resto del país?

¿Se puede justificar de algún modo que el Gobierno autonómico catalán tenga a su cargo 17.000 policías --los Mossos d’Esquadra-- y cuando se enfrentan al mayor desafío de su historia --el 1-O-- se pongan de perfil y dejen en pelotas a la Guardia Civil y la Policía Nacional?

En definitiva, ¿quién puede estar de acuerdo con que los derechos y los servicios públicos de los que disfrutan los ciudadanos españoles difieran en función de la comunidad autónoma en la que vivan y dependan del gobierno autonómico de turno?

Descentralización legislativa es sinónimo de desigualdad. Sorprende que algunos se hayan dado cuenta ahora al observar el régimen fiscal de Madrid. Pero más sorprendente aún es que esos mismos no se atrevan a reconocer, enmendar y armonizar las asimetrías en derechos y obligaciones que ha generado nuestro Estado autonómico.

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¿Quién es... Alejandro Tercero?
Alejandro tercero carné

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB) y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Ha realizado estudios de Periodismo Digital en la UOC. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito del periodismo político y de la comunicación empresarial. Dirigió el digital La Voz de Barcelona --diario del que fue cofundador en 2008-- hasta su fusión con Crónica Global, en 2013. Ha presentado y dirigido el programa Voces, en Radio Intereconomía Cataluña. Ha participado o participa en tertulias sobre actualidad política en TV3, Catalunya Ràdio, RNE-Radio 4, TVE-Cataluña, RAC1, BTV, Televisió Badalona, Radio Intereconomía Cataluña, Canal Català TV y Cuatro. Es coautor de los libros Cataluña. El mito de la secesión (2014) y Así se escribe en digital (2020).