Este 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, y un año más las calles se vestirán de violeta para visibilizar un problema que afecta a las mujeres más allá de las fronteras y de las clases sociales. Una vez más pondremos sobre la mesa si esta cuestión, que se ha convertido en una preocupación social de primer orden, es una prioridad política.
¿Lo es en Cataluña? ¿Qué esfuerzos y recursos se están destinando para mejorar una red de atención que llega sólo a una de cada diez mujeres que se estima son víctimas de violencia machista? Muy pocos. En julio pasado, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, anunció que durante 2019 Cataluña invertiría 32 millones de euros en luchar contra la violencia machista. No lo dijo en ese momento, pero la cifra incluía los recursos que ha recibido Cataluña desde el Gobierno central para desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 12,8 millones de euros en 2018 y 13,7 millones de euros en 2019.
Los 32 millones se quedan en realidad en 19 millones de euros si tomamos en cuenta los recursos propios de la Generalitat, que es la responsable de toda la red de atención. Recursos que han sufrido grandes recortes: desde 2010, las políticas destinadas a la mujer se han reducido en un 31% en Cataluña, pero desde que comenzó la actual legislatura ha sido imposible arrancar a los grupos de Govern un compromiso presupuestario para recuperar la inversión.
De hecho, todas las nuevas medidas que el Govern ha anunciado en el último año se están financiando con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por ejemplo, el Primer Congreso Internacional de abordaje de las violencias machistas que se celebró en octubre, los dos nuevos Servicios de Atención Especializada para recuperación de víctimas, y el Protocolo contra las violencias sexuales en entornos de ocio. También las campañas de sensibilización del Institut Català de les Dones, el Protocolo de prevención y detección de violencia machista en el ámbito educativo y el Observatorio catalán de la justicia contra la violencia machista. Medidas que son positivas pero que no deberían sustituir el esfuerzo del propio Gobierno catalán.
Entre otras cosas, porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue diseñado para sumar esfuerzos en una cuestión que se ha convertido en una prioridad para gran parte de la ciudadanía y no para reemplazar lo que hacen las administraciones que tienen las competencias transferidas en esta materia.
En el caso de Cataluña, las medidas para combatir la violencia de género son totalmente insuficientes. Lo reconocen los propios informes del Institut Català de les Dones, que constatan que la red llega sólo a una de cada diez mujeres que se estima son víctimas de violencia machista. El servicio de atención especializada de Sant Feliu de Llobregat tiene, por ejemplo, que atender con ocho profesionales una población de 806.000 habitantes. En toda Cataluña existen ocho de estos servicios que suman 59 profesionales. O sea, 59 profesionales para atender y recuperar las víctimas de toda Cataluña. Durante 2018, sólo 103 mujeres que necesitaban alejarse de su agresor pudieron acceder a una vivienda de protección oficial. Esto, al mismo tiempo que la última encuesta sobre violencia machista revela que un 64% de las catalanas confiesa haber sido víctima en algún momento de su vida de violencia de género y un 17,6% a lo largo del último año consultado.
El Parlament aprobó en octubre del año pasado que el Pacto Catalán contra la Violencia Machista tenía que ser realidad antes de seis meses, o sea, el pasado mes de abril. Estamos en noviembre y ni siquiera se ha comenzado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Tampoco sabemos por qué no se hace nada por avanzar en el despliegue reglamentario de la ley catalana que busca erradicar la violencia machista y que se encuentra en lista de espera desde 2008.
Con motivo del 25 de noviembre, se realizarán actos institucionales y volveremos a escuchar que la lucha contra la violencia de género es una prioridad del Gobierno catalán. Pero la verdad es que no lo es. No lo es para las víctimas que están en una larga lista de espera para atención psicológica, para una vivienda, que esperan políticas reales y no simplemente minutos de silencio o actos simbólicos que poco les ayudan a salir adelante.