La Generalitat incumple el Pacto de Estado contra la violencia machista

Cataluña es la única comunidad española que carece de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), uno de los servicios destacados por el Pacto de Estado contra la violencia machista. Dentro de tres semanas se cumple el plazo fijado por el Gobierno para poner en marcha este servicio, decisivo en la concesión de órdenes de alejamiento de los agresores. Se da la circunstancia de que es la autonomía donde menos órdenes de protección se conceden, solo un 48%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La Consejería de Justicia alega que dispone de otro servicio “de éxito” similar a las UVFI, pero las partidas contempladas en el Pacto de Estado son finalistas, es decir, que obligan a crear esa red. De ahí que el Gobierno haya puesto el foco en el destino de esos 26 millones dedicados a Cataluña en 2018 y 2019. El Gobierno independentista menosprecia ese Pacto porque se firmó durante la aplicación del artículo 155, a pesar de que todos los grupos del Congreso, incluidos PDeCAT y ERC, votaron a favor.

Órdenes de alejamiento dictadas en cada Comunidad Autónoma / CGPJ

Entre las medidas que contempla el Pacto de Estado contra la violencia de género figura la creación, antes de dos años, de la Unidades de Valoración Forense Integral “de las que podrán formar parte psicólogos/as y trabajadores/as sociales y que, entre otras funciones, asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo”.

La propia Generalitat reconoce la importancia de este servicio en la valoración del riesgo en víctimas de violencia de género. Un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dependiente de la Consejería de Justicia, indica que el objetivo de las UVFI es “proporcionar informes psiquiátricos o médicos, psicológicos y sociales, en todas las fases de la investigación, enjuiciamiento y ejecución, así como de valoración de la situación de riesgo objetivo de agresión en cada momento procesal, para facilitar la tarea de las partes y del juez en la fijación de las medidas protectoras de la mujer e hijos que se deban adoptar en cada momento”.

Mujer en una manifestación contra la violencia machista / EFE

Entre esas medidas de protección destacan las órdenes de alejamiento del agresor. En este sentido, los datos del CGPJ indican que Cataluña es una de las comunidades donde menos alejamientos se decretan. El año pasado se concedieron 2.680 respecto a 5.252 peticiones, es decir, solo un 48%.

"Unidades funcionales"

En Cataluña no existen esas unidades como unidad orgánica propia, sino como “unidad funcional” que integra dos ámbitos dependientes de secretarías sectoriales de la Consejería de Justicia, la de Medidas Penales y la de Relaciones con la Administración de Justicia. “Este modelo propio de Cataluña, de éxito por la solidez de la Oficina de Atención a la Víctima, no existe en otros territorios del Estado y se ha querido preservar por el éxito en el desarrollo de sus funciones”, explica la consejera de Justicia, Ester Capella, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSC, Beatriz Silva.

Capella asegura que su departamento está trabajando para dar “un nuevo impulso a las UVFI, que engloba los diferentes servicios del departamento para lograr la atención integral a las víctimas”. Respecto a los recursos aportados en 2017 y 2018 a ese “modelo de éxito”, la propia Generalitat alude a dos psicólogos y cuatro trabajadores sociales, y todo el conjunto de médicos forenses dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.

Beatriz Silva, diputada del PSC-Units / CG

Los plazos establecidos por el Pacto de Estado indican que esas unidades deberían entrar en marcha este mes de septiembre. “Las ayudas del Gobierno son finalistas, es decir, que deben estar destinadas concretamente a esas UVFI”, denuncia Silva.

Rechazo independentista

Tal como explicó Crónica Global, el Gobierno mira con lupa esas partidas que el Pacto de Estado destinó a Cataluña, 12,8 millones en 2018 y 13,7 millones en 2019. De hecho, el grueso de las medidas para atajar la violencia doméstica anunciadas en el Parlament por la consejera de Presidencia, Meritxell Budó --de quien depende el Institut Català de la Dona (ICD)-- proceden de esos fondos estatales.

Entre ellos destacan la creación de dos nuevos Servicios de Intervención Especializada (SIEs) y el Protocolo contra las violencias sexuales en entornos de ocio, presentados respectivamente por la exconsejera de Presidencia Elsa Artadi y el consejero de Interior, Miquel Buch. Sin embargo, tanto Artadi como la presidenta del ICD, Núria Balada, se han desmarcado del Pacto aprobado por todos los partidos políticos en el Congreso, incluidos PDeCAT y ERC, pero que la Generalitat no firmó “por la aplicación del artículo 155”, afirman, tras recordar que fue la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la que lo hizo en nombre de Cataluña.

Retraso del Pacto Catalán contra la Violencia Machista

Sostiene la consejera que, a lo largo de este año, se destinarán un total de 32 millones a combatir la violencia de género y que, en otoño, se establecerán los contactos con los sectores implicados para poner en marcha el Pacto Catalán contra la Violencia Machista, a pesar de que el Parlament aprobó que ese proyecto debía constituirse el pasado mes de abril.

El informe publicado en 2018 por ICD con motivo de los 10 años de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista arroja una media de 10 asesinatos al año. Asimismo, el informe desvelaba que el 17,6% de las catalanas sufrió violencia machista en 2016 y que más del 64% de las mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Pero desde 2010, las partidas destinadas a las políticas de la mujer se han reducido el 31,5%.