El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el independentismo esperaban un otoño caliente con motivo del primer aniversario de los hechos de octubre de 2017 para seguir machacando con la presión secesionista, pero el tiro les ha salido por la culata. Hay, efectivamente, otoño caliente, pero contra el Govern, con médicos, funcionarios, bomberos, profesores y estudiantes en la calle para reivindicar el fin de los recortes sociales que se prolongan desde 2011.

La semana negra de Torra se inició el lunes con la huelga de médicos, a la que se sumaron después los otros sectores para culminar en la jornada del jueves, día en que a última hora se llegó a un acuerdo para desconvocar el paro en los centros de asistencia primaria. Pero otras protestas continúan y para el 12 de diciembre está prevista una huelga general de la función pública. Mientras los manifestantes gritaban consignas como “Esquerra i PDeCAT, la paciència s’ens ha acabat” y “Menos discursos y más recursos”, el silencio del Govern era ensordecedor. Cuatro días tardó el president en tomar cartas en el asunto. Estaba muy ocupado en recibir al exlendakari Juan José Ibarretxe y en denunciar el “absoluto desprestigio del Estado monárquico español por su represión contra la autodeterminación de Cataluña”.

Claro que a la vista de lo que dijeron los que hablaron, mejor que estuvieran callados. La consellera de Cultura, Laura Borràs --también protagonista de la semana negra por la presunta concesión de contratos a dedo a un colaborador en su anterior cargo oficial--, culpó del conflicto a “la infrafinanciación” de Cataluña, olvidando que en la distribución del dinero público hay una cosa que se llama prioridades, y a la vista está que las de los gobiernos catalanes desde hace siete años no son los servicios sociales. Peor fue aún la reacción del diputado de Junts per Catalunya Eduard Pujol, especialista en meter la pata. En una entrevista en RNE, consideró “no esencial” el debate sobre las listas de espera sanitarias. “Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema. Y la solución real ante un Estado que no hace nada a favor de Cataluña es plantear que necesitamos votar nuestro futuro”, dijo.

Veamos las “migajas” a que se refiere Pujol: a finales de junio, Cataluña tenía 154.686 personas en lista de espera para ser operadas, récord absoluto de las comunidades autónomas, el triple que la Comunidad Valenciana o Madrid, con un plazo de espera de 132 días de media, 39 días más que la media española. En cinco años, desde 2010 a 2015, Cataluña ha perdido casi mil médicos (920 exactamente).

Por estas y otras razones --recortes en educación; caída del gasto social en un 26% en siete años, unos 5.000 millones; los funcionarios catalanes son los únicos en España que no han recuperado las pagas de 2013 y 2014--, sorprende que la paciencia a la que aludían los manifestantes no se haya agotado antes. Parte de la responsabilidad corresponde también a los sindicatos, enfrascados en el procés y en la subasta entre UGT y CCOO para ver quién era más partidario del “derecho a decidir”.

En los dos años de luna de miel con el PP (2010 a 2012), Artur Mas se adelantó incluso a Mariano Rajoy en recortar el gasto social hasta que, tras el 15-M y el bloqueo del Parlament por los radicales que le obligaron a acceder a la Cámara en helicóptero, apostó por el giro hacia la independencia para, entre otros motivos, acallar y desviar hacia nuevos objetivos la protesta social. Pero siete años después, la realidad le estalla en la cara al presidente de la Generalitat y la tensión social adormecida por el procés se despierta con estrépito. Con la particularidad, además, de que los recortes iniciados por Mas afectan ahora a conselleries en manos de ERC, lo que constituye un nuevo motivo de pugna y de reproches entre los dos grandes partidos independentistas.

El argumento de la “infrafinanciación” y del déficit fiscal --los famosos y falsos 16.000 millones han vuelto a resurgir-- se compadece mal con la negativa de los partidos independentistas a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que significarían 2.200 millones de euros más para la Generalitat. ERC y el PDeCAT se niegan a votar las cuentas presentadas por Pedro Sánchez en protesta porque el Gobierno no interviene a favor de los políticos independentistas encarcelados, pero, además de que no pueda hacer lo que le exigen, ¿qué culpa tienen los funcionarios o los médicos catalanes de esa situación? Hasta uno de los presos, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, pidió en un artículo que se separaran ambas cuestiones.