Pasar del activismo a ejercer de alcaldesa debe ser una mutación difícil de digerir. Si además se le suma una mutación al ecologismo fanático, por no decir fantástico, el pragmatismo en función de lo que convenga y el tramado de una red clientelar bien regada de fondos públicos para instalar a los amiguetes en la administración, algo así como el viejo entrismo trotskista, el resultado es explosivo. Ya estamos habituados a que las grandes promesas se traduzcan en enormes incumplimientos en que las normas internas o las decisiones judiciales sirven básicamente para pasárselas por el arco del triunfo. Cuando se trata de sustituir el estado de derecho por el populismo zafio, vale todo. En estas circunstancias, ¿qué valor tienen para la ciudadanía los partidos o formaciones políticas, sean del color que sean? ¿Qué credibilidad tiene esto y que proyección se puede hacer?

Quien se haya extrañado de que la alcaldesa de Barcelona se niegue a dimitir tras ser imputada, es simplemente un ingenuo o, lo que es peor, un “bobo” útil que tal vez llegue un momento en el que salga del mundo onírico en que vive cómoda y satisfactoriamente instalado para echarse las manos a la cabeza y clamar ¡Qué hemos hecho! Dormitar en el limbo de los justos tiene el inconveniente de despertar. En realidad, es todo muy previsible. Hace tiempo que vivimos instalados en la norma de incumplir cuanto haga falta, trátese de resoluciones judiciales o de compromisos de cualquier tipo. Tanto da que se trate del gobierno municipal como el autonómico. Lo que siempre queda es que, al margen de la calificación que se le pueda dar a este comportamiento, es siempre un escándalo político.

Estos días se ha recordado que, hace un tiempo, la actual alcaldesa proclamó en televisión que, si fuese imputada, presentaría la renuncia al cargo en base al código ético de su formación. Hace unos días afirmaba que dicho código interno es de carácter “voluntario”, porque así se admite en su organización sin que la ley lo exija a los partidos políticos. ¿Para qué lo hacen entonces? Da igual. El aparato de agitprop de los comunes se ha puesto en marcha de forma enloquecida para ir a la caza y captura de sus fantasmas recurrentes para demonizarlos una vez más: poderes económicos, fuerzas del mal, discípulos de Satán, depredadores del mundo…

En aquellas declaraciones de hace años, creo que poco antes de acceder a la alcaldía, la activista de entonces sostenía también que, en caso de tener que ser forzada a la renuncia al cargo por imputación, sometería el tema a referéndum de la ciudadanía. El que avisa no es traidor. Pues bien, ahora ya podrá hacerlo. No exactamente ahora, pero si en unos meses, porque tendrá las manos libres a partir de la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana el pasado día 19 y ya en periodo de exposición pública de treinta días hábiles para que pueda ir al plenario de la corporación a finales de marzo, apenas un año antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Se aprobó prácticamente por unanimidad de comunes, sus socios del PSC, ERC y Junts, con la abstención de PP, Ciudadanos y Eva Parera, un resto de la experiencia fallida de Manuel Valls.

Cierto es que las consultas ciudadanas, recogidas en un texto farragoso de más de setenta folios, tienen sus requisitos, como ir acompañado de casi noventa mil firmas, exactamente 88.709, cosa que sin duda no es fácil, en caso de ser una iniciativa popular. Sin embargo, sin que tengamos claro si se trata de un caso de incompetencia o vaguedad intelectual, quizá porque no se leen los papeles, el citado Reglamento aprobado por los ediles deja la puerta abierta a que sea el alcalde o alcaldesa de motu proprio quien convoque una consulta. La propuesta, que no requiere en este caso de las firmas de ciudadanos mayores de dieciséis años, por no tratarse de una iniciativa popular sino municipal, debe ser bendecida por 28 de los 41 concejales del pleno municipal. A la vista de la votación del pasado día 19, el resultado puede ser previsible, teniendo en cuenta el acercamiento progresivo de Comunes e independentistas, mientras el equipo socialista encabezado por Jaume Collboni parece estar a por uvas.

En lenguaje populista se llama a esto “democracia directa”, una suerte de asamblearismo democrático que, en el fondo, puede desvirtuar el alcance de cualquier votación ciudadana. Una forma de diluir la gestión municipal y un instrumento de choque partidista con el horizonte puesto en las elecciones municipales. Más aún: el documento sobre participación  habla de “coproducción” normativa entre ciudadanos e institución municipal. Al margen de parecer una fórmula para enfrentarse a sectores económicos que podrían acabar siendo sujeto de debate político, presenta también un sesgo acusado de sustitución de cualquier tipo de colaboración público-privada que permita afrontar la recuperación del protagonismo y dinamismo de la ciudad. Entre otras cosas porque ese sistema de cooperación debe permitir abordar inversiones estratégicas de interés para los ciudadanos.

Los plazos se dilatan, recoger las firmas no es fácil, aprobarlo con el correspondiente dictamen oficial tampoco… el tiempo pasa y requiere autorizaciones preceptivas, incluida la del Gobierno. Ahora bien: si la alcaldesa decide convocar la consulta para eludir la imputación, podemos imaginar la respuesta: los “poderes”, sean políticos, económicos o de cualquier otro tipo impiden que los barceloneses se pronuncien, opinen y decidan su futuro. Al tiempo. Una magnífica herramienta electoral en puertas de las elecciones municipales. Aunque en ocasiones, las armas las carga el diablo y los tiros salen por la culata. Al tiempo.