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El PP no se libra de la corrupción

José Antonio Sorolla
7 min

La intensidad del procés, aparte de las muchas desgracias que ha provocado, había servido también para tapar los casos de corrupción del PP, que seguían existiendo, pero quedaban sepultados por la avalancha mediática de las noticias sobre el conflicto catalán. En el último barómetro del CIS, por ejemplo, Cataluña se alzaba hasta el segundo puesto de las preocupaciones de los españoles, después del paro, y la corrupción descendía en el ránking.

Los tiempos de la justicia, sin embargo, no coinciden normalmente con los de la política y ya se sabe que la maquinaria judicial, una vez puesta en marcha, no hay quien la detenga. Por eso seguramente se hacen tantos esfuerzos para poner palos en las ruedas antes de que los jueces actúen. El cumplimiento de los plazos judiciales y una cierta distensión en la cuestión catalana, fruto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, han bastado para que el protagonismo de la corrupción que afecta al PP haya vuelto al primer plano.

Han coincidido para ello varios casos de los muchos que siguen afectando al partido de Mariano Rajoy. El último es la apertura de juicio oral por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, decidida el viernes por la magistrada Rosa María Freire, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Carmen Navarro, actual tesorera del PP y la única responsable de las cuentas que faltaba por implicar en algún caso relacionado con la corrupción, se sentará en el banquillo, acusada de los delitos de encubrimiento y daños informáticos, junto a los responsables jurídico e informático del partido.

La decisión de abrir la vista oral, en la que un partido político será juzgado penalmente por primera vez como persona jurídica, se produce solo dos semanas después de que finalizara el primer juicio del caso Gürtel, en el que el PP estaba acusado como beneficiario a título lucrativo, al igual que la exministra Ana Mato. Al mismo tiempo se producía el primer juicio del caso Púnica, en el que está imputado por cobro de comisiones el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Y el expresidente madrileño Ignacio González salió de prisión tras pasar seis meses encarcelado por el caso Lezo​, el saqueo de dinero público del Canal de Isabel II de Madrid.

La intensidad del procés también ha servido para tapar los casos de corrupción del PP, que seguían existiendo, pero quedaban sepultados por la avalancha mediática de las noticias sobre el conflicto catalán

El PP tiene aún más casos pendientes, pero solo su actitud en estos tres mencionados desmiente sus afirmaciones de que la corrupción es cosa del pasado y de que el partido siempre está dispuesto a colaborar con la justicia. La juez Freire fue recusada dos veces y Bárcenas se retiró como acusación particular, presumiblemente tras un pacto con el partido después de haber declarado en principio que en sus ordenadores se guardaban datos relevantes sobre la caja b del PP: listas de donantes, agendas de personas con las que se había reunido, recibos de pagos de la contabilidad paralela, detalles de las cuentas en Suiza. Y como la fiscalía no acusaba, el PP pretendió acogerse a la doctrina Botín para salvarse del juicio, pero la magistrada no ha aceptado la petición y ha decidido abrir la vista oral, en una muestra más de la independencia de la justicia.

Ante la reaparición de la corrupción, al PP solo se le ocurre hablar de “persecución política” y relacionar a algunas acusaciones con el PSOE o asegurar, como hizo el viernes el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que son asuntos de “hace muchos años” y que mientras tanto “ha habido elecciones, investiduras, comparecencias y explicaciones del Gobierno por lo que las responsabilidades políticas ya han pasado”.

El argumento es falaz por doble motivo. En primer lugar, las elecciones no lavan las responsabilidades políticas si ningún cargo las ha asumido con su dimisión y, en segundo lugar, las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, donde deberían sustanciarse las responsabilidades políticas, muchas veces no pueden hacerlo por la falta de colaboración de la justicia. Es lo que acaba de ocurrir al negarse la Audiencia Nacional a enviar al Congreso información --informes policiales y de Hacienda-- sobre la caja b del PP porque podía afectar a la “presunción de inocencia”.

El único juez que defendió la entrega, José Ricardo de Prada, acaba de ser relevado como ponente en el próximo juicio sobre la pieza separada del caso Gürtel sobre la caja b del PP en virtud de la reforma de las normas de reparto de casos en la Audiencia Nacional decidida por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, próxima al PP. El otro magistrado que con su voto forzó la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Julio de Diego, ha sido apartado del tribunal como consecuencia de la misma reforma, aplicada con carácter retroactivo.

El PP mueve sus peones para salir bien parado, pero, como demuestran el caso Gürtel y la decisión de la juez Freire sobre los ordenadores de Bárcenas, muchas veces no lo consigue.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.