Casi todos los partidos políticos que forman el Pacto de Toledo han alcanzado una batería de recomendaciones para reformar algunos aspectos relacionados con nuestro sistema de pensiones. En estas y otras muchas cosas, el objetivo final no es alcanzar el sacralizado consenso, sino que las reformas contribuyan eficientemente a resolver las amenazas a las que nos enfrentamos, en este caso, la insostenibilidad de nuestro pilar del Estado del Bienestar.

Importantes informes sobre la materia ponen en duda la viabilidad de nuestro “sistema de reparto” basado en la solidaridad intergeneracional. Hoy nadie duda de que hay que hacer profundas reformas estructurales en nuestra economía para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones. Si no hacemos profundos cambios en el modelo de cálculo de las pensiones, podemos quebrarlo a largo plazo. El aumento del paro estructural ligado a la inminente digitalización de la economía, el incremento constante de las nuevas pensiones y el aumento de la tasa de dependencia, por el incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los baby boomers, continuarán presionando al alza el gasto en pensiones en las próximas décadas.

En septiembre de este año, el mejor servicio de estudios económico del país, el del Banco de España, nos avisaba de que ligar el incremento de las pensiones al IPC dispara contra la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo y es precisamente lo que se ha recogido en el Pacto de Toledo. También nos decía que los pensionistas cobran 1,74 euros por cada euro que han aportado en cotizaciones a lo largo de su vida laboral, revalorización mucho mayor que el crecimiento medio de la economía y tres veces mayor al crecimiento previsto para los próximos años.

En este contexto, un poco de chapa y pintura no nos garantiza nada. Para poder pagar las pensiones futuras necesitamos que la economía genere riqueza, que coticen muchos trabajadores con salarios razonables y no gastar dinero público en estupideces improductivas. Actualmente, ninguna de estas tres condiciones se da y, por tanto, eso debe centrar las preocupaciones de nuestros dirigentes.

Además de hacer de España un país más competitivo y próspero, también es verdad que hay que regular quién y en qué condiciones puede acceder a la jubilación, materia de la que se ocupa el Pacto de Toledo. Entre los acuerdos alcanzados recientemente, muchos aún sin concretar, hay orientaciones que van en la buena dirección: apostar por los planes de empresa, aumentar la penalización de las jubilaciones anticipadas, el incentivo a prolongar la edad de jubilación, la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la base reguladora, la posibilidad de que los trabajadores de más edad que sufren desempleo crónico puedan elegir entre sus mejores 25 años cotizados, o que se tenga en cuenta la realidad económica de aquellas personas que quieren acceder a una pensión de viudedad.

Otros elementos del acuerdo me parecen imprecisos y de vuelo corto y gallináceo. Me intranquiliza que no se aborden propuestas para fomentar la natalidad y que se deje de vincular el crecimiento de las pensiones a la marcha de la economía, eliminando el Índice de Revalorización. Rechazo las continuas contradicciones en el texto acordado entre contributividad y solidaridad, unos ficticios impuestos a robots, tantas promesas de nuevos gastos y, sobre todo, el hachazo que le acabarán endiñando a los autónomos en este contexto de profunda coronacrisis, a los que les van a subir las cotizaciones si hasta hoy optaban por la base mínima y facturaban por encima del SMI. Por cierto, tampoco he visto recomendación alguna para ampliar la compatibilidad entre salario y pensión a los autónomos o una crítica a incremento de la fiscalidad en las aportaciones a planes de pensión privados recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Sé que la Seguridad Social arrojará mejores resultados durante los próximos ejercicios, ya que se ha decidido apostar por el truco contable de la separación de fuentes (más de 23.000 millones de pensiones no contributivas y similares dejarán de depender de la Seguridad Social para hacerlo de la cuenta del Estado). Espero que este maquillaje político, que reduce el déficit a la Seguridad Social para endosárselo a la Administración Central, no haga que nuestras autoridades caigan en un falso triunfalismo y se relajen tanto que no aborden una verdadera reforma estructural del sistema de pensiones.  El maquillaje no dura para siempre.

 

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