Para peix al cove, el que practican los vascos, que no tienen nada que envidiar a aquella fórmula instaurada por Jordi Pujol de vale más pájaro en mano que ciento volando. Lo acaba de demostrar de nuevo el lendakari Íñigo Urkullu, que el miércoles anunció, tras días de darse por hecha su ausencia, que acudiría a la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Salamanca después de cerrar con el Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo en materia fiscal. Euskadi consigue la cesión de nuevos impuestos, como la transferencia del IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras --la llamada tasa Tobin-- y el de servicios digitales, denominado tasa Google.

Con su decisión de asistir a la Conferencia de Presidentes, Urkullu prosigue con su política de doble diplomacia, la multilateral y la bilateral. En la primera, con una mano, el Gobierno vasco trata, junto a las demás comunidades autónomas y el Gobierno, temas que afectan a todos, Euskadi incluido, y en la segunda, con la otra mano, llega a acuerdos como el fiscal que solo competen al País Vasco. Esta doble estrategia ya se produjo el año pasado, cuando Urkullu también decidió a última hora acudir a la Conferencia de Presidentes celebrada en San Millán de la Cogolla (La Rioja) tras llegarse a un acuerdo entre los gobiernos central y vasco sobre la senda de déficit de Euskadi.

La decisión del Gobierno vasco deja aún más en evidencia la soledad de la Generalitat, cuyo presidente, Pere Aragonès, ha mantenido su negativa a asistir a la Conferencia de Presidentes con argumentos de que es una operación de marketing y una reunión vacía de contenido. Urkullu, por el contrario, ha calificado los temas que se van a tratar de “importantes” y ha citado la pandemia del Covid-19, el proceso de vacunación, el reparto de los fondos europeos y el reto demográfico. En este sentido, los argumentos del Govern están más cerca del Partido Popular, que califica la conferencia de fake (falsedad), fraude, monólogo y photocall (posado fotográfico) de Sánchez antes de irse de vacaciones, al tiempo que critica que la relación con la Generalitat se centre en la bilateralidad.

La ausencia de Aragonès en la Conferencia de Presidentes va a privar al Govern de debatir sobre el reparto de los fondos europeos que la Generalitat quiere abordar en la comisión bilateral fijada para el 2 de agosto, pero a lo que el Gobierno de Sánchez se niega.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat tiene un orden del día basado en seis temas: traspaso de becas universitarias y del ingreso mínimo vital, ley de dependencia, financiación de los mossos, infraestructuras y la retirada del recurso al Tribunal Constitucional sobre la ley de alquileres, entre otras cuestiones. Sin embargo, las discrepancias entre ERC y Junts también se dejan notar en este punto, como se comprobó con el escepticismo del vicepresidente Jordi Puigneró en la rueda de prensa conjunta con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, para presentar la reunión.

A menos de una semana de la comisión bilateral, Junts ha lanzado a varios de sus representantes a criticar el diálogo con el Gobierno. El primero fue el expresidente Carles Puigdemont, en un acto en Perpiñán, en el que atacó la mesa de diálogo entre gobiernos prevista para la tercera semana de septiembre: “Los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo”, afirmó.

La impugnación del diálogo se manifiesta también en la puesta en cuestión del plazo de dos años que ERC pactó con Junts y con la CUP para evaluar si las conversaciones con el Gobierno producían avances. El exconseller Jordi Turull considera que a final de este año ya se verá “cuáles son las intenciones del Gobierno, se verá si el Estado se lo cree o no”, dijo en Catalunya Ràdio. En la misma emisora, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, muy reticente al diálogo, afirmó que “hacer creer que las cosas están encarriladas” es “dar una imagen a Europa de una situación que no es real”. Borràs cree que la mesa de diálogo  es “un producto de marketing más que de política” y augura su fracaso.

Del mismo modo, la portavoz de Junts, Elsa Artadi, también dudó del plazo de dos años para examinar los resultados del diálogo, que pueden no cumplirse por “el endurecimiento de posiciones de Pedro Sánchez y sus ministros”. En este sentido, Junts ha recibido mal el nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial y en la formación  posconvergente vuelve a hablarse de “recentralización”.

¿Tiene que ver la ausencia de Aragonès de la Conferencia de Presidentes con todo este ruido que provoca Junts? Es posible. En cualquier caso, es incoherente que ERC salga al paso de las críticas de sus socios de gobierno, pero, como tantas veces, no se atreva a romper la dinámica que marca Junts. Si ERC promueve en serio el diálogo, ¿qué impide la asistencia a la cumbre de Salamanca en la que va a tratarse de los fondos europeos? ¿Qué regla se viola con la asistencia? Urkullu y el PNV demuestran que es compatible.