Hasta hora en la política española cuando se citaba el nombre de Isabel la primera y casi única mujer que venía a la mente era Isabel Díaz Ayuso. Su protagonismo, más allá de la Comunidad de Madrid, ha sido indudable porque con la pandemia ha jugado hábilmente el papel de rebelde frente al Ministerio de Sanidad y ha hecho oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Su gran victoria en las autonómicas del pasado mayo la ha convertido en un referente nacional para la derecha, hasta el punto de eclipsar la figura del propio Pablo Casado. Pero ahora hay otra Isabel en la política nacional a la que vale la pena también prestar atención. Se trata de la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. A los independentistas su nombramiento no les ha gustado nada, lo cual es la mejor prueba de que es la figura adecuada para ocupar el cargo, mucho mejor que el contemporizador Miquel Iceta.

ERC rápidamente la identificó con el sector más hostil del PSOE, el de la España interior. Y para Junts, por boca de Elsa Artadi, su elección encarna el “endurecimiento” de los socialistas hacia las pretensiones independentistas, hasta insinuar ahora que los dos años de margen para el diálogo con el Gobierno español no harán falta. Ha acusado a Rodríguez de “soberbia”, pues la nueva ministra les dijo “que deberían aprender ya la lección” de 2017, afirmó que si los políticos fugados vuelven, “deberán ser juzgados”, y les invitó a aparcar la reivindicación del referéndum, pues no cabe dentro de la Constitución. Estrictamente, nada de eso es nuevo, sino la posición del Gobierno, por lo menos de la parte socialista, pero lo ha dicho con desenvoltura, sin paños calientes, y subrayando que lo importante de la cuestión territorial son las personas, “por encima de otros debates que podamos tener”.

De la nueva ministra y portavoz no esperen ningún patinazo, pues es ducha en sortear cualquier pregunta incómoda sin despeinarse. Para muestra las sucesivas entrevistas que le han hecho tanto en la Cadena Ser como en Onda Cero, o la última del domingo pasado en El País. Ante la maliciosa insinuación del periodista sobre si a ella le dolieron los indultos a los presos independentistas tanto como al presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page, la respuesta de la que hasta entonces era alcaldesa de Puertollano fue que “esos días estaba despachando licencias de obras y atendiendo a la limpieza de mi ciudad (…), sinceramente, estaba muy centrada en mis ocupaciones”. Me reconocerán que la salida por la tangente no tiene desperdicio. Esta otra Isabel, a diferencia de Díaz Ayuso, nunca dirá una palabra de más, nadie la pillará en un renuncio. Y por eso Sánchez la ha nombrado portavoz, a quien conocía de su paso por el Congreso entre 2011 y 2019, donde fue la cara visible de los socialistas en la comisión de investigación de la caja b del PP.

Desde la óptica constitucionalista catalana, lo más interesante de su nombramiento es que se confirma que, tras los indultos, el Gobierno de Sánchez no tiene intención de someter nada a referéndum, y que el marco para alcanzar acuerdos con el Govern de Pere Aragonès es la Constitución y la ley. La tarea fundamental del Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez es el mandato constitucional de la cohesión social y política de España, y la garantía de que no van a haber nuevos agravios territoriales. Por tanto, la nueva ministra va a ser un hueso duro de roer tanto para los independentistas como para el PP, y la mejor prueba de que, en esta segunda parte de la legislatura, la agenda catalana real va a ser la comisión mixta de traspasos. Nada menos, pero nada más. También habrá el teatrillo de los encuentros políticos de la mesa de diálogo, sin otra finalidad que ir consumiendo los dos años de paz institucional que ambos gobiernos se han dado, mientras tanto PSOE como ERC intentarán poner buena cara al mal tiempo de las causas judiciales pendientes, incluido lo que acabe ocurriendo en el embrollado asunto del Tribunal de Cuentas. Atentos pues a la otra Isabel.