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El negocio de la okupación

Gonzalo Bernardos
9 min

En la actualidad, la okupación constituye un magnífico negocio. Lo es para muchos que la practican y también para las empresas que reciben el encargo de liberar los pisos okupados No obstante, aunque existe desde hace bastantes décadas, únicamente en los últimos años supone una fuente de ingresos para las dos anteriores partes.

Históricamente, la indicada actividad era casi exclusivamente desarrollada por el movimiento okupa. Tenía como propósito la posesión (entrada y permanencia) de pisos vacíos, cuyo estado de conservación solía ser deficiente. A diferencia de ahora, casi nunca las viviendas nuevas, las recién reformadas o las que cambian de inquilino constituían su objetivo.

Para dicho movimiento, la okupación era un acto político. A través de ella, pretendían denunciar la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda asequible para los jóvenes. Por regla general, su desalojo implicaba la intervención de un juez, con el apoyo de la policía. El ofrecimiento de dinero a los okupantes casi nunca lograba que abandonaran el inmueble.

Durante la actual década, el perfil de los okupas cambió. Ya no eran jóvenes rebeldes de extrema izquierda, sino familias que numerosas veces tenían hijos pequeños. La pasada crisis económica hizo que perdieran el empleo y fueran desahuciadas por los bancos. Para evitar vivir en la calle, decidieron okupar pisos vacíos.

Una actividad que antes le parecía reprobable a una mayoría de la población, de repente ésta la veía con simpatía o comprensión. Consideraba que era reparadora de una injusticia, pues nadie vivía en las viviendas ocupadas, pertenecían a las entidades financieras y sus okupantes no disponían del dinero necesario para sufragar un arrendamiento en el mercado libre.

El escaso parque público de viviendas de alquiler impidió a las autoridades municipales y autonómicas realojar a la totalidad de las familias desahuciadas. Para evitar un problema social y político de mayor dimensión, los principales partidos consistieron la okupación de viviendas como nunca antes lo habían hecho. Al no vivir nadie en ellas y ser propiedad de los bancos, les pareció un mal menor.

Uno de los resultados de su cambio de criterio fueron las nuevas instrucciones recibidas por la policía. Debían consentir las okupaciones, siempre que no existiera un mandato judicial que permitiera desalojar a los okupantes o aquéllas afectaran a la vivienda principal de las familias. Aunque el motivo fuera muy diferente, debían dispensar el mismo trato a todas.

Al disponer del consentimiento implícito de los políticos y los agentes de la autoridad, algunos listillos vieron la oportunidad de convertir la okupación en un gran negocio. Una situación a la que también contribuyó la lentitud de los desahucios y su consideración por parte del Código Penal como un delito leve de usurpación, si la vivienda ocupada no constituía la habitual del propietario. La condena impuesta implicaba el pago de una multa irrisoria que generalmente los condenados no procedían a pagar, pues se declaraban insolventes.

El objetivo de los okupas profesionales consiste en lograr una compensación económica por abandonar el piso okupado. En las grandes ciudades, la mayoría de las veces oscila entre 3.000 y 6.000 euros. El importe es más elevado cuanto mayor dificultad tiene el desahucio y, por tanto, más tiempo tardará en llevarse a cabo. Una situación que sucede si entre los okupantes hay niños o personas de avanzada edad, estos últimos con problemas de salud.

Para lograr una indemnización, los okupas realizan al propietario un razonamiento similar al siguiente: “te compensa pagarnos ahora 5.000 euros y evitar tener okupado el piso al menos un año. En dicho tiempo, dejarás de obtener 12.000 euros de alquileres (1.000 € por mes), deberás pagar honorarios a tu abogado y el coste de una reforma completa del piso, pues, si no llegamos a un acuerdo, quedará destrozado”.

Algunos propietarios negocian directamente con los okupas y, después de una pequeña rebaja en el precio, les abonan una compensación. Otros contratan a empresas especialistas en echarlos. Los caseros les ordenan pactar en su nombre la menor indemnización posible o ejecutar la expulsión de su vivienda, sin darles ni un solo euro.

La principal técnica utilizada supone situar a uno de sus empleados delante de la puerta del piso. El propósito es impedir que, cualquiera que salga, vuelva a entrar. Una actuación que dificulta mucho una larga okupación, pues complica notoriamente el aprovisionamiento de alimentos.

También hace difícil que unas pocas personas puedan okupar varios pisos a la vez, pues el profesional de la empresa de desokupación procede a cambiar la cerradura, cuando se da cuenta que no hay nadie en el inmueble okupado. Una vez instalada, el propietario puede denunciar a los okupas por robo, si previamente no lo había hecho por entrar en su vivienda.

El coste de la intervención de las anteriores compañías oscila entre 2.000 y 3.000 euros. Un importe más bajo que el solicitado por la mayoría de okupas y también inferior al de la vía legal, al ser aquélla más rápida. La mayor celeridad comporta la incursión en una menor pérdida en concepto de alquileres no percibidos.

En definitiva, en los últimos años, el perfil de los okupas ha cambiado notablemente. A finales del siglo XX la mayoría actuaba por ideología, durante la pasada crisis por necesidad y en la actualidad por afán de lucro. Según la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 2017 había en su territorio 3.994 viviendas okupadas. Aproximadamente el 75% de ellas lo estaba por okupas profesionales.

En numerosas ocasiones, éstos están organizados en grupos y sus miembros realizan una distinta función. Como mínimo, siempre hay uno que conoce perfectamente la legislación e instruye al resto sobre lo que pueden hacer y lo que nunca deben realizar. Hay otros que actúan como captadores, entendiendo por tales los que averiguan los pisos de alquiler que acaban de quedar vacíos o los recientemente reformados, que aún no tienen inquilino.

No obstante, la mayor parte actúan únicamente como okupas. Su misión es asegurarse de que siempre haya una persona en el piso. Aunque empiezan la negociación con el propietario o persona en que delegue, muchas veces la finaliza alguno de los anteriores miembros del grupo. El motivo radica en que éstos disponen de una mayor formación o son más espabilados.

Por las razones anteriormente indicadas, la okupación es en la actualidad un problema importante y va serlo aún más en el futuro. Para evitarlo, creo conveniente la realización de cambios legislativos que penalicen en mayor medida la actividad de los okupas, permitan intervenir rápidamente a la policía y otorguen a los propietarios una mayor seguridad jurídica.

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¿Quién es... Gonzalo Bernardos?
Gonzalo Bernardos

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y vicerrector de Economía entre enero de 2010 y octubre de 2012, he escrito 32 libros o grandes informes, entre los que destacan La gran mentira de la economía (Ed. Destino), ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? (Ed. Netbiblo) y Economía (libro de 1º de bachillerato de la Ed. Barcanova). Tengo un gran problema y una gran virtud. Es la misma. Soy muy sincero, pienso lo que digo y digo lo que pienso, tanto delante como detrás. No necesito quedar bien con nadie, excepto con mi mujer, con mis hijos y conmigo mismo. Lo notarás en mis artículos.