Los errores de nuestros políticos nos toca asumirlos con resignación, pues al votarles nos hemos equivocado y otorgado nuestra confianza. No obstante, en la próxima elección tenemos la posibilidad de enviarlos a la papelera de la historia. En cambio, una vez tras otra, debemos soportar con estoicismo los fallos de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE.

A diferencia de los anteriores, las equivocaciones de los últimos no tienen ningún coste para ellos. Ni sufren la presión de los ciudadanos ni pueden cesarlos los políticos que los han elegido. No obstante, sus errores tienen una gran repercusión sobre nuestro nivel de vida. En la mayoría de las ocasiones, los cometen cuando durante un período de tiempo excesivo mantienen un tipo de interés demasiado elevado o escaso.

Una política monetaria excesivamente contractiva perjudica al crecimiento económico y una expansiva de las mismas características genera una elevada inflación. La primera lastra la creación de empleo, el aumento de los salarios de los trabajadores y los beneficios de las empresas. La segunda, más tarde o temprano, disminuye el poder adquisitivo de la mayor parte de los ciudadanos.

El BCE cometió su último error el 7 de marzo, cuando su Consejo de Gobierno decidió mantener su tipo principal de interés en el 4,5%. Para justificar su decisión, incurrió en una contradicción. Por un lado, señaló la existencia de intensas presiones inflacionistas derivadas del elevado aumento de los salarios. Por el otro, redujo la expectativa de aumento del IPC (2,7% a 2,3%) y del crecimiento del PIB (0,8% a 0,6%).

Las presiones inflacionistas causadas por un gran aumento de las retribuciones de los trabajadores forman parte del manual del BCE. Un libro útil en la Europa de los años 70 de la última centuria, pero obsoleto en la década actual. Así, por ejemplo, un análisis del FMI concluyó que en 2022 el aumento de los beneficios empresariales era responsable en un 45% y el de los salarios, únicamente en un 25% de la elevada inflación de la zona euro.

Hace dos años, el IPC medio de la eurozona se situó en el 8,4% y los trabajadores de una gran parte de los países del área sufrieron la mayor pérdida anual de poder adquisitivo durante el actual siglo. Así sucedió en España, donde el nivel de vida de los empleados disminuyó en el 4,9%. En cambio, numerosas empresas energéticas, de alimentación y financieras obtuvieron un gran aumento de sus beneficios.

La coyuntura mundial actual es claramente desinflacionista. En primer lugar, por la reducción del precio de la electricidad derivada en gran medida de la disminución del importe del gas natural. En el mercado TTF, en febrero, el monto promedio de la última materia prima se situó en 26 €/MWh. Una cuantía inferior en un 77% a la observada en 2022.

En segundo, por la caída del precio de los alimentos. Según la FAO, su importe ha bajado en 11 de los 12 últimos meses. Además, en febrero su cuantía ya era inferior al promedio de 2021 y 2022 en el 6,8% y 18,9%, respectivamente. En las próximas semanas, dicha disminución debería reducir la inflación generada por los víveres en la zona euro.

En tercero, el pasado mes el precio del barril Brent ascendió a 81,7 dólares y se situó el 17,4% por debajo de la media de 2022. Un resultado inesperado en un entorno escasamente favorable. Históricamente, una guerra en Oriente Medio suele generar un elevado aumento de su cotización. En los próximos meses, es más posible que su importe disminuya a que aumente debido al exceso de oferta generado por el gran incremento de producción efectuado por EEUU, Irán, Brasil y Guayana.

En cuarto, por las escasas presiones inflacionistas procedentes de la demanda en cuatro de los seis principales países del mundo. En China, existe deflación debido a la explosión de una colosal burbuja inmobiliaria y la disminución de sus exportaciones. En Alemania, Japón y Reino Unido un escaso crecimiento económico, inferior en las tres naciones al 1,5%, conducirá a una sustancial disminución de la inflación.

En definitiva, el Consejo de Gobierno del BCE debe adelantarse a la evolución de la inflación, en lugar de actuar después de que esta haya variado sustancialmente. En primer lugar, porque sus componentes son economistas especializados. Por tanto, deberían saber interpretar los cambios futuros del índice de precios. En segundo, debido al retardo con que actúa la política monetaria sobre la economía. Las variaciones de los tipos de interés tardan entre 12 y 18 meses en repercutir plenamente sobre ella.

En tercero, porque en 2024 la inflación media pronosticada por el BCE (2,3%) está cerca de la considerada óptima a medio plazo por parte de la institución monetaria (2%). En cuarto, debido a un insatisfactorio incremento del PIB (0,6%) y la existencia de presiones inflacionistas notablemente menores a las señaladas por el banco central.

Los anteriores motivos me inducen a pensar que el BCE se ha equivocado al no bajar sus tipos de interés. Ni mucho menos es la primera vez que lo hace. En el primer semestre de 2022 falló clamorosamente cuando mantuvo su tipo principal en un 0%, a pesar del gran aumento de la inflación. Distintas razones le llevaron también a errar en 2008, 2009 y 2011. A lo largo de su corta existencia, ha acumulado muchos más errores que aciertos.

En consecuencia, para evitar equivocaciones similares en el futuro, me parece imprescindible cambiar los objetivos de la entidad y mejorar su gobernanza. Las medidas adoptadas por el BCE deben permitir a medio plazo el control de la inflación y la obtención de un satisfactorio crecimiento económico. Ahora, su mandato solo hace referencia al índice de precios. La primera variable no debería exceder del 3% y la segunda llegar al menos al 2%.

La mejora de la gobernanza consistiría en cambiar el perfil de sus miembros y su sometimiento al control de los ministros de Economía del área euro. Los tecnócratas actuales deberían ser sustituidos por profesionales con una perspectiva más social y su gestión tendría que ser evaluada anualmente. Por tanto, si han cometido graves errores, estaría justificado su cese antes de la finalización de su mandato.

En la actualidad, si existiera dicho control, la mayoría de los integrantes del Consejo de Gobierno del BCE deberían abandonar su puesto, pues son culpables de impulsar una elevada inflación en el primer semestre de 2022 y del estancamiento de la zona euro en 2024. Para hacerlo mejor que ellos, no es necesario ningún doctorado, sino sentido común aplicado a la economía y una visión más social.