Hemos entrado de lleno en una semana de juicios muy significativos para el devenir político. Ayer, martes 16 de noviembre, empezó otro macrojuicio de Gürtel en el que se examina la segunda etapa de la red corrupta con el PP como posible beneficiario a título lucrativo. Los arrepentidos de la Gürtel –los empresarios que se prestaron a dopar los comicios de Esperanza Aguirre— rodean la ciudadela de Pablo Casado, el “bienqueda”, como le llama Álvarez de Toledo en su último libro. Cayetana es parte de la causa de Ayuso, el huracán de la libertad que por lo visto derrotó al comunismo el pasado 4M.

En el tribunal sentenciador de esta segunda Gürtel se sienta el juez José Ricardo de Prada, el autor de la primera sentencia, que desalojó a Rajoy de la Moncloa. El partido conservador quiere apartar a De Prada; el PSOE acepta el trueque, pero Podemos defiende de nuevo al juez. PP y PSOE juegan al mus y ensombrecen sus intercambios a modo de quid pro quo. El más polémico ha sido el nombramiento de Enrique Arnaldo (un pepero de rompe y rasga) en el Constitucional, a cambio de avanzar en la renovación de los órganos judiciales. El próximo está llamado a ser De Prada, que abandonaría para facilitar los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya vamos 2 a 0.

Mientras tanto, la élite jurisconsulta derechea. El presidente saliente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, pide no anticipar “juicios de valor” sobre los nombramientos de los nuevos magistrados, Arnaldo y Esquivel. Antepone la solemne cultura jurisprudencial, justifica la inconstitucionalidad del Decreto de Alarma y el silencio de la sala ante el derecho al aborto. Pide calma a los que señalan, desde las cátedras encastilladas, que el alto tribunal, nutrido de ideólogos más que de auténticos magistrados, corre el riesgo de convertirse en residual. 

Mientras la ideología se encanalla en el Congreso, un trasiego de magistrados recorre las arterias de la vida institucional. Pero la cuestión no va solo de jueces; también entran en juego los fiscales, como se ha visto en el caso Tándem-Villarejo, gravísima versión de las tangentes entre las empresas y cloacas del Estado, cuyo juicio se reabrió anteayer lunes. El fiscal Ignacio Stampa, encargado de la instrucción, no está en la sala por decisión de la fiscal del Estado, Dolores Delgado. Alrededor del caso se mueven además las opiniones de la Asociación de Fiscales, a la que pertenece Stampa. y la Unión Progresista de Fiscales, que apoya a Delgado. 2 a 1.

El PP sube en las encuestas y espera que, en los próximos meses, el deterioro de la economía –inflación galopante y caída de la competitividad— le permita un asalto al poder. Casado tiene prisa, su penetración en el electorado de Vox no funciona, Ayuso le siega la hierba y tampoco esperará a que los 15 escaños de la España Vaciada le cojan por sorpresa.

Las togas han colonizado los resortes del poder. No es nuevo, pero no nos conviene olvidar que los dos acontecimientos más destacables de la política española en los últimos años han tenido una causa judicial: el procés y la moción de censura de Sánchez, tras la primera sentencia de Gürtel.