Es solo cuestión de tiempo que la pandemia del coronavirus sea erradicada. Para nuestra desgracia el supremacismo en Cataluña, que primero fue nacionalista y luego se ha hecho separatista, tiene carácter endémico y como enfermedad sociopolítica prevalece incluso en las actuales circunstancias. Es nuestra endemia particular. Los políticos independentistas temían que la pandemia planetaria devorara el procés en la medida que una tragedia de estas características nos hermana con el resto de españoles y desplaza necesariamente cualquier otra consideración. Pero para evitar que su obsesión identitaria se volviera irrelevante no han tenido el menor pudor en utilizar a los muertos y en convertir la lucha contra el coronavirus en un motivo más de enfrentamiento con el Estado y el Gobierno español.

La colección de declaraciones supremacistas e hispanófobas de consejeros y responsables políticos tanto de ERC como de JxCat han sido abundantes estas semanas. Desde Quim Torra y Oriol Junqueras hasta Meritxell Budó, pasando por el nuevo consejero de Exteriores Bernat Solé o el portavoz parlamentario de ERC Sergi Sabrià. No vale la pena entretenerse demasiado porque el objetivo siempre es el mismo. Atacar al Estado, tachándolo de “centralista, nacionalista, militarista y oligopolista”, mientras la gestión de la Generalitat es “eficiente y solvente”.

Y, claro está, “si Cataluña fuera independiente no habría habido ni tantos muertos ni tantos contagios”, según la portavoz del Govern, con lo que Budó ha completado así el paso del “España nos roba” al “España nos mata”. Pero lo que más llama la atención en medio de esta brutal crisis es la bandera que Quim Torra levantó la semana pasada a favor de contar los muertos por Covid-19 de una forma diferente a la establecida por el Ministerio de Sanidad (fallecidos confirmados mediante una prueba de laboratorio) y que se basa en la definición de caso que privilegia la OMS. Con la nueva fórmula que suma a los fallecidos comprobados los casos sospechosos, Cataluña se convertiría en la región con más muertos por millón de habitantes del mundo. Sorprende que a los responsables del Govern no les importe este hecho tan luctuoso, aunque igual se consuelan con figurar en algún siniestro record guinness.

Desde hace seis días el Govern difunde cada noche, a partir de las informaciones de los servicios funerarios, una nota con el total de fallecidos en hospitales, residencias, centros sociosanitarios, domicilios, etc., pero sin especificar si se les ha realizado una prueba diagnóstica (PCR o test) o son solo casos sospechosos. El resultado es que la cifra es muy abultada y hay días en que para la Generalitat mueren casi tantas personas en Cataluña por Covid-19 como oficialmente en el conjunto de España. A la mañana siguiente, el Ministerio de Sanidad rebaja sustancialmente la cifra al computar solo aquellos casos comprobados.

Existe un debate en todos los países sobre el número real de fallecidos por coronavirus. Seguramente es algo que nunca sabremos con seguridad, empezando porque es muy posible que el virus ya estuviera circulando entre nosotros desde el mes de febrero y que los servicios de salud lo atribuyesen a un aumento de la gripe estacional. Por tanto, es también probable que muchos sospechosos sean casos reales. Ahora bien, lo que no se puede hacer tras un mes de recoger datos es cambiar la forma de contar. No se puede romper una serie estadística que sigue una coherencia metodológica.

Como los separatistas nunca dan puntada sin hilo hay que preguntarse a qué obedece este propósito. Evidentemente no a un deseo de mayor transparencia porque en ese caso el Govern diferenciaría en sus informaciones diarias los fallecidos confirmados de los sospechosos. Todo ello más adelante podría contrastarse con los registros civiles para calcular el exceso de defunciones, obteniendo dentro de unos meses así una imagen bastante aproximada de la letalidad del coronavirus. En realidad, el Ministerio de Sanidad había pedido a las consejerías de salud de las autonomías que recabaran esa información pero no para que la utilizaran unilateralmente con finalidades de intoxicación sociopolítica.

Torra, pues, pretendió dar una estocada a la credibilidad de las cifras del Ministerio de Sanidad y durante unos días lo consiguió porque el Gobierno español tuvo que salir al paso con una nueva orden en el BOE ratificando criterios anteriores y solicitando a las comunidades autónomas que ampliaran detalles. Fue uno de los momentos más críticos del ministro Salvador Illa porque sin datos fiables es imposible dar una mensaje de seguridad a la población ni afrontar ninguna desescalada en el confinamiento. Fue una nueva demostración del carácter disfuncional del modelo autonómico y también del cascarón vacío que en muchas aspectos es hoy la Administración General del Estado, que no tiene capacidad por si sola de recabar información en todo el territorio.

Finalmente, la nueva fórmula contable no solo le permite a Torra lanzar la acusación de que el Gobierno español oculta la cifra real de muertos, coincidiendo con VOX en esa calumnia, sino que también le va muy bien para rebajar el porcentaje de fallecidos en las residencias catalanas sobre el total, al incorporar casi el doble de casos. A fecha de 21 de abril habrían muerto en Cataluña según la Generalitat un total de 8845 (“exitus” llaman a los fallecidos), de los que 4282 serían sospechosos. Un hábil manera de salir de un aprieto por elevación, aunque a costa de dar una cifra de muertos poco rigurosa y que no ayuda a entender a diario cómo avanzamos en la contención de la pandemia.