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La lenta agonía del Govern

José Antonio Sorolla
6 min

La pandemia ha alterado muchas cosas y ha trastocado multitud de situaciones que se daban por hechas o que tenían fecha de caducidad. Una de ellas es la pervivencia del Govern de la Generalitat, que Quim Torra dio por amortizado el 29 de enero y que ahí sigue, en plena agonía, con peleas diarias entre los socios en Barcelona y ahora también en Madrid, en espera de que el president o el Tribunal Supremo, por la vía de la inhabilitación firme de Torra, convoquen las elecciones.

Cuando ERC llegó a un acuerdo con el PSOE para abstenerse en la sexta prórroga del estado de alarma, Torra se descolgó con que ese pacto no comprometía al Govern, a lo que Pere Aragonès contrapuso que nadie le iba a dictar a ERC lo que tenía que votar. Hay muchos comentaristas empeñados en destacar las divergencias en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, pero nunca Pedro Sánchez ha pronunciado una frase semejante a la de Torra como respuesta a una afirmación o una actuación de Pablo Iglesias. Las discrepancias que hayan podido producirse en el Gobierno central son peccata minuta comparadas con las que viene arrastrando el Govern desde que Torra dio la legislatura por agotada en enero y anunció que convocaría las elecciones en cuanto se aprobaran los presupuestos de la Generalitat.

Los presupuestos se aprobaron --en falso, porque tendrán que rehacerse en julio--, pero la convocatoria electoral no se ha producido. Es verdad que después de la promesa de Torra llegó el coronavirus, que lo cambió todo, pero el retraso al menos hasta el otoño de los comicios no es la razón principal para no ir a las urnas. Como demuestran Galicia y Euskadi, que votarán el 12 de julio, la pandemia no es un impedimento absoluto para votar, sobre todo en la fase de desescalada en la que nos encontramos. La verdadera razón es posible que no esté alejada de la expresada por Joan Tardà, que, en su mejor versión de “algú ho havia de dir”, ha afirmado que Torra convocará las elecciones “cuando considere que ha desgastado a ERC lo suficiente”.

Pero el deterioro puede ser mutuo. Esta semana pasada las discrepancias entre los socios se han exhibido en público tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados. En la Cámara catalana, a cuenta de la negativa de Torra a convocar las elecciones, mientras la crisis no se encarrile, pese a haber reconocido de nuevo, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que “la legislatura no tiene recorrido político”, y en el Congreso durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma.

En el debate del Congreso, Gabriel Rufián fue más explícito que nunca en sus críticas a Junts per Catalunya (JxCat) y en la reivindicación del posibilismo de los pactos frente a la “magia” de sus competidores, rememorando el momento en que, a finales de 2018, se pronunció por pinchar “la burbuja del independentismo mágico”. Laura Borràs le respondió calificando el discurso del portavoz de ERC de “innecesario y ofensivo”.

La próxima batalla de esta guerra de desgaste está fijada para la semana que comienza, a propósito de la petición por el Tribunal Supremo del suplicatorio para juzgar a Laura Borràs por su supuesta concesión irregular de contratos troceados a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El día 11, Borràs debe presentar en el Congreso sus alegaciones contra el suplicatorio. ERC no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto, pero algunas informaciones apuntan que podría apoyar la concesión para que Borràs sea juzgada por un asunto que no tiene nada que ver con su condición de diputada, sino que pertenece a lo que comúnmente se denomina corrupción.

En pura lógica democrática, y para ser coherente con sus denuncias de la corrupción, ERC debería apoyar el suplicatorio, aunque Torra ya ha afirmado que no se imagina a nadie dejando a Borràs en manos del juez Manuel Marchena porque, según él, no tendría un juicio justo. La decisión de ERC es, pues, delicada y una prueba para ver si actúa como lo haría en otro caso similar que no afectara a sus aliados independentistas o cede a la demagogia de los argumentos de JxCat y, de nuevo, no se atreve a desligarse de los herederos de CDC. Que, por cierto, acaba de presentar concurso de acreedores previo a su liquidación para no pagar la deuda por la condena del caso Palau.

Lo que es seguro es que si ERC vota por la concesión del suplicatorio, el enfrentamiento con JxCat alcanzará un punto de no retorno y la agonía del Govern, que se prolonga al menos desde finales de enero, será ya irreversible, y las elecciones, inaplazables.        

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.