Tras el indulto a los presos, lo mejor que le puede pasar a Cataluña en el futuro inmediato es el regreso de empresas que mudaron de sede en los momentos más álgidos del procés. Ello representaría el retorno a la plena normalidad económica y la mejor prueba de confianza en la estabilidad institucional.

Los efectos de la deriva política de la última década sobre la economía catalana están resultando mucho más dramáticos de lo que señalan los indicadores tradicionales. Me refiero a dinámicas tan imperceptibles en el corto plazo, como irreversibles cuando sus efectos emergen con toda contundencia. Así, los indicadores no recogen de inmediato los efectos de cuestiones tan determinantes como el debilitamiento del poder económico, el deterioro institucional, o la pérdida de Barcelona como ciudad de referencia para buena parte de España.

Sin embargo, el hecho indiscutible que, al margen de los indicadores, señaló que las cosas iban muy mal fue la salida de miles de empresas, entre ellas las mayores del país. Con el éxodo de dichas compañías, pese a que mantuvieron la actividad productiva en Cataluña, se favoreció que las cúpulas directivas, y los servicios de alto valor añadido, se desplazaran progresivamente a otras partes de España, muy especialmente a Madrid. Una dinámica que, de consolidarse, acabará por empobrecer de manera irreversible la economía catalana.

Por ello, no podemos desperdiciar el momento político. Además, tras la pandemia, parece como si, más allá de Cataluña, todo occidente iniciara una nueva etapa. Lo pasado queda lejos, por la rapidez con la que el hoy aparca lo que aconteció ayer, y por la necesidad de recuperar la normalidad perdida y cerrar un inacabable período de desorientación y malestar, que arranca con la ya lejana crisis financiera de 2008. Por ello, de reconducir rápidamente el conflicto político, Cataluña podrá recuperar muy buena parte del dinamismo perdido. Además, los nuevos parámetros de crecimiento sostenible, como la digitalización y la transición verde, encajan con los activos del país, especialmente de Barcelona.

En este sentido, debemos hacer nuestra la prioridad que Foment del Treball otorga, desde hace ya un par de años, al retorno de las sedes empresariales. Como también el llamamiento a Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona para, de la mano, avancen en este propósito tan fundamental. Se trata de generar la confianza y crear las condiciones que faciliten unos retornos que, cabe recordar, no fueron un capricho, sino que se decidieron forzados por las circunstancias. El retorno de las empresas resultaría fundamental por lo que en sí mismo representa, por su contribución a la autoestima colectiva y por la mejor proyección exterior de una Cataluña renacida.

Así las cosas, recuperar la senda de la prosperidad depende, principalmente, de los propios catalanes. Sin embargo, no va a resultar sencillo pues, mientras se percibe una sólida y mayoritaria corriente social a favor de la moderación, la política aún muestra una enorme capacidad para enturbiar y confundir. Veremos.