Leía recientemente en un estupendo artículo de Francesc de Carreras, El nacionalismo ya estaba ahí, que Óscar Alzaga, “cuando en 1979, junto a Antón Canyellas, es recibido por Jordi Pujol para solicitarle ayuda económica de Banca Catalana para Cuadernos para el Diálogo, el después presidente de la Generalitat le responde que solo podría acceder a ello si después Cuadernos se editara en versión catalana y sus colaboradores fueran todos ellos catalanes, naturalmente escogidos por él”.

La “anécdota” es un sintomático precedente de las previsiones que, para los periodistas, estableció años después el celebérrimo “Programa 2000”, un ambicioso plan de nacionalización de Cataluña que Pujol presentó a su consejo de gobierno en 1990 y en el que se apuntaba, por ejemplo, como actividad fundamental, “introducir a gente nacionalista con una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en todos los lugares claves de los medios de comunicación”, y se planteaba también “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y los técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”.

Entre los “agentes actuantes” de aquel infame plan, desvelados por El Triangle, había bastantes profesionales de la información. Entre ellos Ramon Barnils, que da nombre a un grupo de periodistas catalanes muy numeroso que, en pleno procés, encargó la elaboración de un libro que pretendía demonizar a Societat Civil Catalana (SCC), entonces la principal entidad cívica constitucionalista existente en nuestra comunidad. Periodistas tratando de apartar del debate público a una asociación crítica con el poder.

El mismo Grupo Barnils publicaba un comunicado el 9 de septiembre de 2017, apenas dos días después del intento de derogación del orden estatutario y constitucional en el Parlament de Cataluña, en el que denunciaba “intolerables presiones a los medios para frenar el referéndum del 1-O” y animaba “a todos los medios de comunicación y a todos los profesionales implicados a hacerse eco mediante soportes redaccionales o publicitarios de las campañas, institucionales y políticas, del 1-O”. En otras palabras, tras el golpe a la democracia perpetrado por el separatismo, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils exhortaba a los medios y a los periodistas a promover el incumplimiento de las resoluciones judiciales que declaraban ilegales las votaciones organizadas para el primero de octubre.

En este contexto, se entienden las famosas pancartas gigantes con la propaganda del 1-O que se colgaron durante semanas en los edificios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en Sant Joan Despí así como el posterior procesamiento de la cúpula de TVC y Catalunya Ràdio por difundir la publicidad institucional del referendo ilegal. Todo esto mientras Reporteros Sin Fronteras apuntaba, por las mismas fechas, que los periodistas que cubrían la situación política de Cataluña sufrían “campañas de ciberacoso en redes sociales y presiones propagandísticas de la Generalitat”.

Tras lo expuesto tampoco nos puede extrañar que nuestros medios públicos utilicen aún hoy, en el discurso informativo y sin ningún rubor, el lenguaje del secesionismo. Recordemos que el actual director de informativos de TVC, David Bassa, prologuista del mencionado panfleto contra SCC por su condición entonces de presidente del Grupo Barnils, ha hecho malabarismos para justificar el uso de las expresiones “exilio” y “presos políticos” incluso cuando estas fueron lógicamente prohibidas por las autoridades electorales al ser contrarias al principio de neutralidad informativa.

Así las cosas, se entiende el lamentable comunicado del Col·legi de Periodistes y del Consell de la Informació de Catalunya cuando el Govern decide retirar las credenciales a Xavier Rius arrogándose nada más y nada menos que la interpretación del Código Deontológico de la Profesión Periodística. Y desde luego se entiende también cómo fue posible que en su día (2009) hasta 12 cabeceras de prensa (privada) publicasen un editorial conjunto, La dignidad de Cataluña, al hilo de la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Este editorial –que años más tarde, con motivo de las elecciones de 2015, tendría una versión en la prensa local y comarcal-- inspira el título de este artículo. Porque, al escribirlo, sus autores no estaban poniendo en evidencia ningún atropello al pueblo catalán. Basta leer la sentencia. Como apunta Martín Alonso en su espléndido artículo El editorial conjunto en la termodinámica del ‘procés’”, este editorial fue “una jugada retórica maestra y un indicador de la servidumbre de un sector tan crucial para la cultura cívica como el de los medios”. Lo que estaba entonces en juego --y también ahora-- no era la dignidad de Cataluña sino la dignidad del periodismo. Porque del poder político podemos esperar todo tipo de presiones, pero, como periodistas, lo que no podemos hacer es consentirlas y menos aún respaldarlas con actitud cómplice so pena de renunciar a la esencia misma de nuestra profesión.