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El demoledor dictamen contra Montoro

Esaú Alarcón
17.12.2018
9 min

Si usted ha tenido la suerte de nacer en un estado de Derecho, esto es, en un país con un régimen democrático, amparado por una Norma Fundamental nacida de un gran consenso social y con una división de poderes consolidada, sin duda es una persona afortunada. La gran mayoría de seres humanos se plantean su vida bajo el prisma de regímenes teocráticos, o limitadores de sus derechos, o que priorizan unos supuestos derechos colectivos a la libertad individual y, habitualmente, en este tipo de territorios la vida vale muy poco y la defensa de sus derechos es una simple quimera.

Si usted tiene la suerte de haber nacido en la Unión Europea, es mucho más afortunado aún, pues además de lo que se acaba de comentar, goza de una serie de libertades de tipo económico y social que le permitirán afrontar la existencia con unas posibilidades de futuro, con una posibilidad de labrarse un ascenso social, unas expectativas laborales, educativas, lingüísticas, inexistentes en cualquier otra parte del mundo.

Si, a mayor abundamiento, usted ha tenido la grandísima suerte de ser español -aunque no le guste, como dijo aquél-, se da la circunstancia de que a todo lo anterior se une un clima estupendo, una diversidad espléndida y una serie de derechos constitucionales que, por la ley del péndulo de haber venido de un régimen autocrático, le permiten prácticamente hacer lo que le dé la gana o, como gusta de decir a un columnista de este periódico, de hacer lo que le salga del níspero sin que nadie se meta con usted.

En España, verbigracia, usted puede asesinar con premeditación y alevosía a su anciano padre y, al cabo de unos años, su responsabilidad penal será inexigible. De la misma manera, usted podrá hasta violar a su hija, que el Código Penal le permitirá librarse de la punición que merece tan salvaje atrocidad si transcurren un número determinado de años sin que la policía encuentre pistas suficientes del crimen como para iniciar actuaciones frente a usted.

Ahora bien, que no se le ocurra a usted disponer de cuentas corrientes, valores o inmuebles en el extranjero y no rellenar un complicadísimo formulario informativo -el malhadado 720- que, para más inri, solo se puede cumplimentar electrónicamente.

Si usted se olvida de presentar, tan solo una vez, ese vil formulario, su existencia se verá acompañada de todas las penas del infierno y, lo que es más importante, su crimen -por llamarlo de alguna manera- nunca prescribirá. En otras palabras, Hacienda siempre, pasen 10, 20, 30 o 40 años podrá venir a buscarle y reclamarle, como le ocurrió a una conocida, una multa por esa infracción formal que superaba en 8 veces el dinero que tenía en el extranjero. Esta persona me preguntó si podría sustituir el pago, que no podría asumir ni en 8 vidas, por ir un tiempo a la cárcel. Y eso lo hizo antes de saber que hay determinadas prisiones que parecen un cachondeo. Créanme.

Esa situación, el declarar imprescriptible una obligación informativa, el dejar en una situación de inseguridad jurídica tan palmaria al pobre negligente que olvida presentar un formulario informativo, aunque sea extranjero, sin estudios, aunque sea dinero procedente de su tatarabuelo en la guerra de Cuba -otro caso real- o los ahorros que su padre, registrador de la propiedad, llevaba en efectivo a Andorra para conseguir algo de intereses en la época del Caudillo -más casos reales-, es lo que hizo el ministro Montoro con el nacimiento de la Ley 7/2012 y, lo peor, lo hizo como contrapartida a una amnistía fiscal que, luego, devino inconstitucional. Maquiavelo, quien en realidad aporta muy buenas lecciones políticas en su libro dedicado a nuestro valenciano Papa, era un aprendiz a su lado.

El primer caso investigado por Hacienda sobre una obligación informativa incumplida es, precisamente, el paradigma de lo que no puede admitirse en un estado de Derecho. Un conductor de autotaxis jubilado, que comprensiblemente durante toda su vida debió tributar bajo un régimen de estimación objetiva, dejó sus ahorros en Suiza y cometió el error de no presentar el citado modelo 720. No debió ir a la amnistía fiscal, porque sus cuentas no tenían rendimientos no prescritos, pero fue negligente, sí. No fue un crimen -por llamarlo de alguna manera- doloso, sino culposo. Culpa mínima, evidente.

El caballero tenía unos 350 mil euros en una cartera de valores y Hacienda le exigió 185 mil de IRPF y 240 mil de sanción. Un 120 por ciento de lo que tenía en el extranjero. Su caso se está ventilando en la Audiencia Nacional y tengo el orgullo profesional de defenderlo, desinteresadamente, solicitando al Ministerio que aportaran a autos -es decir, al procedimiento en curso- un dictamen motivado que sabía que había emitido la Comisión Europea en contra de la normativa española que regula este régimen informativo para bienes en el extranjero. Lo sabía, entre otras cosas, porque también me honra haber representado a la Asociación Española de Asesores Fiscales -AEDAF- en dicho procedimiento de infracción, tras la pertinente denuncia.

El dictamen motivado, que ya circula por internet, es demoledor. Considera que la obligación informativa y las sanciones son desproporcionadas, y que la imprescriptibilidad asemeja al incumplir, sea consciente o no, con los genocidas, con los terroristas o los que cometen delitos de lesa humanidad.

Lógicamente, esto no se compadece con vivir en un estado de Derecho, ni mucho menos si es parte de la Unión Europea y, a fortiori, si es la patria del vinillo de Rioja y del Jerez.

Hacienda debe cambiar su actitud de manera inmediata. No puede seguir mirando hacia otro lado, sin modificar una normativa tan agresiva que, ante la previsible derogación futura, dará lugar a devoluciones masivas y a procedimientos de responsabilidad patrimonial al existir una infracción suficientemente caracterizada desde que se comunicó dicho dictamen.

Es más, el ocultar el dictamen tanto tiempo -febrero de 2017-, no se compadece con la transparencia que se promueve de boquilla desde los organismos públicos y con las exigencias de buena administración y de cumplimiento voluntario que se quieren negociar -por llamarlo de alguna manera- con los contribuyentes.

Ante esta evidencia, deben saber que siempre -repito, siempre- encontrarán a unos cuantos que nos dejaremos la piel en defender los intereses de las personas afectadas por una estructura que no vela por el interés general sino por el interés recaudatorio, que fomenta la creación de leyes -ya no hablo de reglamentos- que socaven las sentencias de los tribunales que les perjudican, que educa a sus funcionarios en la comisión de anomalías procesales para llegar a sus objetivos liquidatorios y que, en fin, hace ya unos años bauticé como el Estado defraudador.

Frente a estas prácticas, y gracias a la separación de poderes de que gozamos en este bendito país que tanto quiero, siempre me tendrán.

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¿Quién es... Esaú Alarcón?
Esaú Alarcón

Profesor de Universitat Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías de la AEDAF.