El Parlamento de Andorra reforma su legislación laboral y sindical

El Parlamento de Andorra ha aprobado hoy la reforma de tres leyes de enorme envergadura para el país y sus empresas. La enmiendas están dirigidas a relaciones laborales, acción sindical y patronal, y medidas de conflicto colectivo.

Una de las leyes que más cambios tiene es la de relaciones laborales, donde se ha accedido a una ampliación de la baja de maternidad de 16 semanas a 20, mientras que la de paternidad pasará a ser de un mes en vez de los 15 días que se otorgaban con la anterior legislación. 

Nuevas medidas laborales

Otras de las medidas más destacadas es que se crean nuevas modalidades de contrato, como la del teletrabajo desde casa. En cambio, la nueva medida incluye que el despido sea más barato. Antes de entrar en vigor la actual legislación, el despido improcedente se pagaba a 45 días, mientras que ahora se rebaja a 31 días.

Aunque el derecho de huelga conste en la Constitución, no ha sido hasta esta reforma, que no se ha regulado, y ahora el escrito establece el procedimiento a seguir por los trabajadores y los sindicatos en el momento de convocar sus movilizaciones. También se han aprobado las medidas para prohibir las huelgas de carácter político y las de celo.

Consenso en la cámara

En lo que respecta a las modificaciones de la ley de acción sindical y patronal, se han establecido con el objetivo de poder potenciar que los sindicatos dispongan de más acceso a las empresas, práctica que no es muy común en la actualidad.

La iniciativa parlamentaria ha sido impulsada por el grupo parlamentario de Demòcrates per Andorra --con mayoría en la cámara andorrana--, aunque ha conseguido un amplío consenso entre todas las formaciones políticas.

Contrario al acuerdo

En una sesión de más de doce horas, solo se ha mostrado en contra del acuerdo el Partit Socialdemócrata que ha calificado el pacto de  "un grave retroceso de los derechos de los trabajadores", ha sentenciado la consejera Rosa Gili.

Además, ha apuntado que solo se han tenido en cuenta las demandas de la patronal. El gobierno andorrano ha defendido las leyes ya que las califican de textos legales homologables a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).