Un corralito conlleva la limitación de la retirada del dinero que los ciudadanos tienen en cuentas corrientes y plazos fijos en los bancos. En numerosas ocasiones, también restringe en una elevada medida las transferencias internacionales. Su objetivo es evitar un pánico bancario que llevaría a una masiva salida de capitales de las entidades financieras y conduciría a la quiebra a muchas de ellas. Ha sido frecuente a lo largo de la historia y también durante las últimas tres décadas. En este último período, ha tenido lugar en Brasil (1990), Ecuador (1999), Uruguay (2002), Islandia (2010), Chipre (2013) y Grecia (2015).

No obstante, el más popular es el ocurrido en Argentina entre el 3 de diciembre de 2001 y el 2 de noviembre de 2002. Sus orígenes fueron similares a los que podrían dar lugar a uno en Cataluña, si ésta se convirtiera en un Estado independiente. En el país austral, las causas iniciales fueron la combinación de un elevado endeudamiento público y una gran caída de las exportaciones.

En la década de los 90, la existencia de una baja inflación, unido al compromiso de mantener un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar (1 a 1), permitió a Argentina endeudarse a un reducido tipo de interés. Dicha posibilidad incentivó un gran incremento de su endeudamiento y llevó a su deuda pública a situarse en 2001 en el 54% del PIB. Un bajo nivel para un país desarrollado, pero elevado para uno que no lo es y posee un extenso historial de defaults (impagos de la deuda).

Los orígenes del corralito de 2001 y 2002 en Argentina fueron similares a los que podrían dar lugar a uno en Cataluña, si ésta se convirtiera en un Estado independiente

Las repercusiones de la crisis asiática de 1997 llevaron al real brasileño a un gran depreciación. Entre el 1 de enero de 1999 y el 3 de diciembre de 2001, cayó un 50,7%. Dicha depreciación, unida a la sustancial pérdida de valor respecto al dólar de la mayoría de las monedas de los países vecinos, provocó una gran pérdida de competitividad de los productos argentinos. Su encarecimiento supuso un gran reducción de los ingresos por exportaciones y de la entrada de dólares en el país.

La aparición de una recesión en el período 1999-2001 (el PIB bajó un 8,8%) hizo que los mercados financieros descontaran que el peso argentino no podría mantener la paridad con el dólar y sufriría una gran devaluación. Por tanto, asumirían una elevada pérdida de capital si renovaban los préstamos existentes o les concedían nuevos. Progresivamente, un creciente número de ciudadanos pensó lo mismo. En consecuencia, entre marzo y noviembre de 2001, procedieron a sacar 18.000 millones de dólares (el 21% de los depósitos) de los bancos, dejando sumamente tocados a algunos de ellos.

Para evitar la quiebra de una o más entidades financieras, el 3 de diciembre de 2001 el ministro Cavallo decretó la instauración de un corralito. Éste limitaba la disposición de efectivo a 250 pesos semanales. Afectaba a todos los depósitos en moneda nacional y extranjera, tanto los que estaban a la vista como a un plazo determinado, captados por las entidades financieras que operaban en el país bajo la autorización del Banco Central de la República Argentina.

Por tanto, el corralito restringió la conversión de los depósitos de todos los bancos en liquidez, incluidos los que eran filiales de entidades extranjeras. Entre ellos, estaban el Francés y el Rio, pertenecientes al BBVA y el Santander. No obstante, el corralito no fue lo peor que les pasó a los ahorradores argentinos, pues al existir deflación en 2001 (la tasa de inflación fue del -1,1%), no comportó inicialmente ninguna pérdida de poder adquisitivo.

La independencia de Cataluña, al no formar parte el nuevo país de la UE, conduciría a una gran caída de sus exportaciones

A principios de 2002, la aparición del corralón y la conversión del tipo de cambio fijo en flexible supuso un gran perjuicio para los ahorradores. El primero tenía como objetivo la conversión a pesos de las deudas y depósitos en dólares de los argentinos. Las primeras se convirtieron a la paridad (1 a 1), los segundos comportaron el intercambio de 1 $ por 1,4 pesos.

A priori, puede parecer que la pesificación no perjudicaba ni beneficiaba a los deudores y mejoraba la situación de los ahorradores. No obstante, a veces en economía, las apariencias engañan. Los primeros salieron ganando, pues la elevada inflación existente en los años siguientes provocó que el tipo de interés real del préstamo fuera inferior al previsto. Los segundos perdieron mucho, pues entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002, el peso pasó de 1 a 3,84 $. Así pues, por cada dólar ahorrado pasaron a disponer únicamente de 0,36 $ (el resultado de dividir 1,4 por 3,84) en el período de 6 meses. La pérdida fue del 64%.

Las dos grandes debilidades que poseía Argentina probablemente también las tendría una improbable Cataluña independiente. Según los últimos datos disponibles, en el 2016 las empresas catalanas vendieron bienes al exterior por valor de 104.003 millones de euros. De ellos, aproximadamente el 80% fueron destinados a la Unión Europea (UE) y el 37,3% al resto de España, con quién obtuvo un superávit comercial de 17.548 millones de euros.

La independencia de Cataluña, al no formar parte el nuevo país de la UE, conduciría a una gran caída de sus exportaciones por tres principales motivos: el boicot parcial realizado a sus productos por parte de los ciudadanos españoles, el denominado efecto frontera y el establecimiento de aranceles y otras restricciones al comercio en el resto de países de la UE.

Los primeros pasarían a sustituir productos catalanes por españoles y de otras naciones de la UE en el muy corto plazo, pues cambiar de proveedor es fácil y rápido, siendo la generación de un nuevo canal de ventas un proceso arduo y lento. El efecto frontera supone siempre una gran caída del comercio entre dos Estados que antes eran uno solo. Según Jeffrey Frankel, profesor de Harvard, entre 1/3 y 2/3. En el caso de Chequia y Eslovaquia, cuatro años después de su separación amistosa, algo que previsiblemente no pasaría entre España y Cataluña, la reducción alcanzó el 65%. Una disminución que podría haber sido mucho mayor si entre ambas naciones no hubiera existido una unión aduanera (libre comercio).

El efecto frontera supone siempre una gran caída del comercio entre dos Estados que antes eran uno solo

En materia de deuda, Cataluña tendría dos importantes problemas: una calificación muy mala por parte de las agencias de rating y un endeudamiento considerable. Según Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, si no tuviera el respaldo de España, el grado de confianza de su deuda sería similar al de la emitida por Bangladesh, Georgia, República Dominicana o Vietnam. Un aspecto que supondría pagar un elevado tipo de interés y limitaría considerablemente la capacidad de endeudamiento.

Ésta también vendría condicionada por su gran volumen de deuda actual. A finales de 2016, el sector público catalán debía a sus acreedores 82.200 millones de euros. Si a dicho importe se le añaden los 183.000 millones de euros que supondría la asunción de la parte proporcional de la española, la suma total ascendería a 265.200 millones de euros. Por tanto, alcanzaría el 125,1% del PIB. Si se contabiliza el negativo impacto sobre dicha variable macroeconómica de la fuga de empresas, el anterior ratio aún sería más elevado. En cualquier caso, uno de los países con mayor endeudamiento público relativo del mundo.

Si el nuevo Gobierno catalán decidiera no asumir ni tan solo los 52.499 millones de euros de deuda de la Generalitat, que el Estado español ha financiado hasta el momento mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, su situación sería calificada de default (suspensión de pagos). Por dicha razón, le sería imposible conseguir un volumen significativo de financiación en los mercados internacionales.

Si únicamente opta por no aceptar como deuda catalana la parte proporcional que le correspondería de la actual del Estado español (183.000 millones de euros), su endeudamiento relativo disminuiría considerablemente (38,8% del PIB). No obstante, tendría que hacer frente muy probablemente a un litigio en los tribunales internacionales y al cierre total del mercado español a sus productos. La primera opción elevaría el riesgo de impago y haría que únicamente obtuviera financiación de fondos buitres, siendo el tipo de interés sufragado por ella sumamente elevado. La segunda provocaría una reducción adicional de su PIB.

La reducción de los ingresos del nuevo Estado vía impuestos, derivada principalmente de la caída del PIB generado por la disminución de exportaciones y el traslado de empresas hacia el Estado español, no podría ser compensada por el aumento de la deuda contraída con el exterior

En definitiva, la reducción de los ingresos del nuevo Estado vía impuestos, derivada principalmente de la caída del PIB generado por la disminución de exportaciones y el traslado de empresas hacia el Estado español, no podría ser compensada por el aumento de la deuda contraída con el exterior. Ante tal situación, inicialmente los inversores internacionales, y después un creciente número de ciudadanos, pensarían que la asunción del euro como moneda nacional es inviable. Por tanto, los primeros se negarían a prestarle, tal y como hicieron hace casi dos décadas con Argentina, y los segundos empezarían a sacar su dinero de los bancos. Lo harían tanto de los nacionales como de la filiales de los extranjeros que operasen en Cataluña.

Para evitar su quiebra y ganar tiempo para producir una nueva moneda, el nuevo Gobierno de Cataluña probablemente pondría en marcha un corralito. Éste finalizaría con la aparición de la nueva divisa catalán, cuyo valor con respecto al euro sería determinado por el mercado. No obstante, una depreciación del 30% me parecería que no sería ni mucho menos una opción descabellada. Si así sucediera, éste sería el importe que perderían los depositantes que no hayan trasladado sus ahorros fuera del territorio catalán.

En resumen, en la actualidad, creo que las posibilidades de que Cataluña se independice son escasas. No obstante, a diferencia de los días anteriores al 1 de octubre, no las considero prácticamente nulas. Nunca había pensado que el Gobierno de Rajoy, al que siempre he tenido una escasa consideración, pudiera cometer un error de tal magnitud como el acontecido durante dicho día. Dado que no quiero que mis ahorros, conseguidos después de muchos años de esfuerzo, dependan de la gestión de un ejecutivo indolente, he contratado una cuenta espejo y los he sacado de Cataluña. Yo ya duermo tranquilo, ¿y usted?