En el pasado siglo, en la década de los 60, la agricultura y la ganadería en la Comunidad Económica Europea (CEE) constituían dos actividades esenciales a impulsar. En primer lugar, por la escasez de alimentos en el continente. En segundo, debido a su contribución al PIB y, especialmente, a la ocupación en la anterior área. Así, por ejemplo, en 1960, el sector primario en Francia aportaba el 10,6% de la producción y el 21,4% del empleo.

En tercero, por la búsqueda de la soberanía alimentaria por parte de la Comisión Europea (CE). Para lograrla, era imprescindible estimular la producción de comestibles mediante el crecimiento de la superficie cultivable y la mejora de la productividad. El incremento de la última variable provenía del aumento del tamaño de las explotaciones y de una mayor mecanización del trabajo.

En cuarto, la mejora del nivel de vida de los agricultores y ganaderos constituía una de las principales prioridades de los políticos, especialmente de los franceses. La productividad de ambos era inferior a la de los trabajadores de la industria y poseían una menor capacidad para aumentarla. Por eso, los dirigentes utilizaron subsidios y precios garantizados para proporcionarles unos ingresos que el libre mercado era incapaz de ofrecerles.

En dicha etapa, su importancia política estaba basada en gran medida en su gran número y escasamente en su capacidad para hacer lobi. Todo lo contrario que las empresas siderúrgicas, automovilísticas o de electrónica de consumo. Ni antes ni ahora los agricultores y ganaderos se han distinguido por estar muy organizados. Los dirigentes los veían de la misma manera que ahora contemplan a los pensionistas: una gran fuente de votos.

Para conseguir los anteriores objetivos, después de cinco años de negociaciones, los países fundadores de la CEE crearon en 1962 la Política Agrícola Común (PAC) y la dotaron de un gran importe. Entre dicha fecha y 1999, el gasto cubierto por ella siempre estuvo por encima del 45% del presupuesto comunitario, llegando a ascender al 66% en los primeros ejercicios de la década de los 80.

En el siglo XXI, los políticos han disminuido notablemente su respaldo al sector agrario. En primer lugar, porque la soberanía alimentaria ya no está entre sus objetivos. Por ello, prefieren importar determinados productos agrícolas a producirlos a gran escala en el territorio del área común. Un ejemplo de ello es el aceite de girasol, cuyo consumo en la Unión Europea (UE) depende en una elevada medida de las importaciones baratas procedentes de Ucrania. En 2022, su escasez provocó un gran aumento de su precio. 

En segundo, por la reducción del porcentaje del presupuesto comunitario destinado a la PAC. En 1999, era casi de un 50%; en cambio, en el período 2021-27, solo ascenderá al 31,9%. El nivel de vida de los agricultores y ganaderos, la inexistencia de relevo generacional en sus explotaciones y una distribución más desequilibrada de la población en el territorio ya no les preocupan. La explicación vuelve a estar en los votos, pues en 2022 la población dedicada al sector agrario era solo el 2% de la Unión Europea y proporcionaba el 1,4% del PIB.

En tercero, debido a la reformulación de la PAC. En los últimos años, ha cobrado importancia la lucha contra el cambio climático, la mejora del bienestar animal, la seguridad de los alimentos y el uso sostenible de los recursos naturales. El lobi medioambiental se ha impuesto claramente en Bruselas a los agricultores y ganaderos, modificado sustancialmente la manera de explotar sus tierras y cabaña y reducido su rentabilidad.

Después de numerosos años de menosprecio por parte de la CE, los agricultores y ganaderos europeos han estallado, ocupado las principales vías de comunicación de los distintos países de la UE y gritado basta ya. Sus principales quejas hacen referencia a:

1) la progresiva liberalización del comercio agrícola. En los últimos ejercicios, la CE ha impulsado la firma de tratados comerciales con distintos países emergentes y grandes productores de materias primas. Entre ellos, están los integrantes del Mercosur, Nueva Zelanda, Chile, Kenia, México, India y Australia.

Unos acuerdos cuyo principal beneficiado sería la industria manufacturera alemana y el gran perjudicado el sector primario europeo. Por eso, las asociaciones agrícolas piden su paralización y la generación de mayores barreras comerciales, tales como el incremento de los aranceles y la reducción de la cuantía de las cuotas a la importación.

2) la utilización de la agricultura y la ganadería como moneda de cambio. Los dos grandes países beneficiados son Marruecos y Turquía. Por un lado, la UE facilita la entrada de sus productos en el continente. Por el otro, ambas naciones se comprometen a un estricto control de sus fronteras que impida la llegada al área de un gran flujo de inmigrantes.

En ambos países, la CE contribuye decisivamente a la modernización e impulso de su agricultura y ganadería. Lo hace mediante la aportación de fondos, la reducción de las barreras comerciales y la aceptación de la competencia desleal. No son los únicos beneficiados por la última, pues la permisividad europea se extiende a numerosas naciones emergentes.

En este caso, los agricultores y ganaderos piden compensaciones y el reparto del perjuicio ocasionado entre los distintos sectores económicos. Hasta el momento, la disminución de las barreras comerciales con Marruecos y Turquía ha afectado escasamente a las empresas industriales y de servicios europeas, pero en una elevada medida a las agrícolas.

3) la aceptación de la competencia desleal. Dicha competencia es principalmente consecuencia de un inferior coste laboral, menores restricciones en el uso de fertilizantes y medidas ambientales más permisivas. En los países emergentes, los salarios, impuestos a las empresas y desembolsos a la Seguridad Social son sustancialmente inferiores a los existentes en cualquier nación de la UE.

La reducción de la utilización de los fertilizantes mejora la calidad de los productos agrícolas, pero reduce su cantidad y eleva su coste. Una disminución que la CE no exige a las importaciones de otros países y les proporciona a los productores foráneos una ventada competitiva adicional.

El barbecho obligatorio del 4% de las tierras cultivables, la rotación de cultivos, la disminución máxima de un 5% de los pastos permanentes, la protección de humedales y turberas y la prohibición de arar en el sentido de la pendiente favorecen la conservación de la naturaleza, pero reducen los ingresos de los agricultores.

Para evitar la competencia desleal, los representantes de los agricultores y ganaderos solicitan la aplicación a los productores extranjeros de las cláusulas espejo. En otras palabras, exigen que los últimos cumplan las mismas condiciones impuestas a los de la UE. En la práctica, su entrada en vigor supondría una notable reducción de las importaciones y un aumento del precio de los productos agrícolas.

4) una elevada burocracia. En los últimos años, una petición recurrente de los agricultores y ganaderos es la simplificación de la solicitud de las ayudas establecidas en la PAC. La respuesta de la CE ha sido el aumento de la complejidad de los formularios. Para percibir los fondos, los anteriores profesionales se ven obligados a contratar a un gestor y a dedicar una parte creciente de su tiempo a papeleo inútil.

La última ocurrencia de la CE es el redactado diario del cuaderno digital. En un ordenador o iPad, los agricultores deben identificar la parcela donde han trabajado, las semillas, el abono y los tratamientos fitosanitarios utilizados, así como los residuos orgánicos generados. Una excesiva información que reduce su productividad y aumenta el tiempo dedicado a sus actividades profesionales.

En definitiva, en la actual centuria, los agricultores y ganadores han sido los grandes perdedores de las principales políticas adoptadas por la CE. En primer lugar, les ha perjudicado su fundamentalismo ambiental. En segundo, su orientación hacia un comercio con menores restricciones. En tercero, su firme creencia en las bondades del libre mercado.

Los políticos europeos pretenden trasformar las tierras de los agricultores en jardines y a ellos en jardineros. A los ganaderos en hoteleros, debiendo ser sus granjas lo más parecido posible a residencias para mascotas. Les piden que se sacrifiquen para salvar el planeta, pero les ofrecen unas compensaciones inferiores a las que les otorgaban cuando les solicitaban que aumentaran notablemente su producción.

Todo ello me lleva a ser muy pesimista respecto al futuro del sector primario europeo. Para evitar una votación masiva de los agricultores y ganaderos a los partidos de extrema derecha en las próximas elecciones europeas, la CE accederá temporalmente a algunas de sus peticiones. No obstante, a medio plazo, dudo mucho que cambien sus prioridades políticas.

Por eso, en los próximos años, creo que seguirán vigentes las principales amenazas a la prosperidad de agricultores y ganaderos. Entre ellas, caben destacar el dogmatismo ambiental, la competencia desleal de los productores foráneos de alimentos y la orientación de la CE hacia un comercio de productos agrícolas con menores restricciones. Si así sucede, las protestas solo habrán conseguido pan para hoy y hambre para mañana. ¡Qué lástima!