Las soluciones a los problemas de los agricultores

Según una encuesta de Sigma Dos, el 87,2% de los entrevistados las considera legítimas y el 83,8% las apoya. Una gran parte de la población cree que poseen muchos motivos para protestar e incluso algunos ciudadanos piensan que han tenido una excesiva paciencia con los políticos. En la actual centuria, en lugar de beneficiarles, les han perjudicado. Si ahora hacen manifestaciones, es porque ya no aguantan más.

Los principales motivos de su protesta provienen de su bolsillo y del corazón. En primer lugar, debido a la escasa rentabilidad proporcionada por sus explotaciones. En los últimos años, han disminuido los beneficios obtenidos por numerosos propietarios de pequeñas y medianas empresas agrarias, pero ha aumentado el esfuerzo necesario para lograrlos.

A muchos de ellos, no les sale a cuenta dedicarse a su profesión, si calculan su coste de oportunidad. En otra, tendrían una menor incertidumbre, una inferior responsabilidad, más vacaciones y probablemente un salario superior. No obstante, por pasión, tradición y amor al campo, quieren seguir haciendo lo que hasta ahora estaban realizando y jubilarse como agricultor o ganadero. Sin embargo, los políticos se lo están poniendo muy difícil.

La escasa rentabilidad obtenida es el resultado de una reducción de su volumen de producción y margen unitario de beneficio. En primer lugar, por la falta de agua debido a la sequía, la escasa interrelación entre las diferentes cuencas hidrográficas y la reducida inversión en plantas depuradoras de aguas residuales y desaladoras. En segundo, debido a un incremento de sus ingresos inferior al de sus costes de producción.

Su corazón está muy tocado, pues saben que en su empresa no habrá relevo generacional. En la mayoría de los casos, no es una decisión unilateral, sino una medida consensuada entre progenitores y descendientes. Los padres quieren lo mejor para sus hijos y aconsejan a sus herederos buscar un empleo en otra actividad, pues no ven futuro a sus explotaciones. Creen que ganarán más y trabajarán menos si se dedican a otra profesión.

Cuando los primeros se jubilen, una gran parte de las granjas se cerrarán y las tierras se venderán o arrendarán. Una situación que pronto sucederá de forma masiva, pues la edad media de los agricultores y ganaderos en la Unión Europea (UE) es de 57 años. Con su jubilación, desaparecerán bastantes empresas centenarias, pues los campos vendidos a grandes tenedores o fondos de inversión formaban parte del patrimonio de su familia desde hace muchas décadas.

Las soluciones a los problemas de los agricultores y ganaderos pequeños y medianos son fáciles de enumerar, pero difíciles de aplicar. Las principales serían:

a) el regreso del proteccionismo agrario. En el GATT, el acuerdo de libre comercio de ámbito internacional que precedió a la Organización Mundial de Comercio (1995), nunca se liberalizó el intercambio de productos agrícolas y ganaderos. Los grandes interesados en promoverlo fueron los países emergentes y los reticentes EEUU y la UE, pues suponía un gran perjuicio para su sector primario.

No obstante, en la actual centuria, la posición de la UE ha cambiado. En primer lugar, por motivos ideológicos. La Comisión Europea (CE) se ha transformado en una gran defensora de la globalización. En otras palabras, de un comercio más libre entre distintas áreas de la economía mundial.

En segundo, por las presiones de las grandes compañías industriales y de servicios. Así, por ejemplo, la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio con Mercosur reportaría grandes ventajas a las últimas empresas y un notable perjuicio a las agrarias. Lo mismo que lo haría un tratado similar con México, Chile, Australia o Nueva Zelanda.

b) la disminución de la burocracia. La implantación del cuaderno digital a los agricultores y ganaderos tiene como objetivo un mayor control de su trabajo por parte de la Comisión Europea. La redacción de sus actividades diarias en cada una de sus explotaciones no es un problema significativo para una gran compañía, quien destinará a ello uno o más empleados especializados, pero sí para una pequeña empresa.

En la última, antes de ir al campo o después de una larga jornada laboral, el propietario debe introducir en su cuaderno digital la información solicitada. Así pues, su implantación comporta un aumento de la carga diaria de trabajo, pero la obtención de un escaso o nulo provecho. Debido a ello, Bruselas acertaría si decretara su supresión.

c) la obtención de un precio justo por sus productos. La competencia desleal efectuada por los productores extranjeros y la elevada capacidad de las cadenas de supermercados para establecer el precio de los alimentos impiden a los agricultores y ganaderos percibir un importe adecuado. En otras palabras, conseguir una retribución digna a través de la obtención de un significativo margen unitario de beneficio.

En enero de 2024, según COAG, el precio de los productos agrícolas en los supermercados españoles, en los que la industria transformadora tuvo una actuación escasa o nula, superó en un 317% el sufragado al agricultor. En los limones, plátanos, patatas y ajos excedió en un 880%, 733%, 472% y 456%, respectivamente.

La coyuntura observada a principios del actual ejercicio no es nueva, sino persistente. Así, por ejemplo, en junio de 2008, el recargo de los productos procedentes del campo ascendía a un 327%. En febrero de 2020, para evitar que los agricultores vendieran sus bienes por un precio inferior a su coste, nació la ley de la cadena alimentaria. Una norma que no se cumple, pues prácticamente nadie vigila su acatamiento.

Desde mi perspectiva, la anterior ley es incompleta. No es suficiente con que impida la obtención de pérdidas por parte del agricultor o ganadero, sino que debería asegurarles un beneficio significativo y una distribución equitativa de las ganancias entre las distintas partes de la cadena alimentaria.

Un logro que sería muy fácil si hubiera una norma que determinara que los productores de alimentos, cuya transformación sea escasa o nula, deberán percibir como mínimo un 35% del precio abonado por el consumidor final. No obstante, constituiría una medida que perjudicaría al lobi de los supermercados y comportaría un aumento de la inflación. Dos repercusiones indeseadas para los políticos gobernantes.

La aplicación de las anteriores soluciones conlleva grandes dificultades. En primer lugar, porque no existe ningún lobi que defienda los intereses de los pequeños y medianos productores agrarios en Bruselas. El que existe, COPA-COGECA, representa principalmente a los grandes propietarios y cada vez más a los fondos de inversión.

En segundo, porque favorecerlos comportaría indirectamente perjudicar a otros sectores, muy poderosos y organizados. Entre ellos, están una parte de las empresas industriales, las medioambientales y las distribuidoras de alimentos. En tercero, la productividad de las anteriores compañías es superior a la de las agrarias, incluso la de las grandes empresas agrícolas y ganaderas. Por eso, si han de elegir entre favorecer a unas o a otras, las últimas casi siempre salen perdiendo.

Finalmente, porque la Comisión Europea estima que existen demasiadas empresas pequeñas y medianas en el sector primario y pretende sustituir a muchas de ellas por otras de mayor dimensión. Por eso, la mayor parte de las ayudas directas favorecen a los grandes propietarios. En 2019, el 74% del importe de las destinadas a la ganadería tuvo como destino el 15% de las explotaciones.

En definitiva, creo que los padres aconsejan muy bien a sus hijos cuando les dicen que se dediquen a otra profesión, porque las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas no tienen futuro. Para que lo posean, es imprescindible la aparición de un gran lobi que las proteja y un giro de 180 grados en las políticas que les afectan.

Ni lo uno ni lo otro lo veo. En primer lugar, porque lo primero cuesta mucho dinero y necesita de una gran unión entre los afectados. En segundo, debido a que los principales partidos actuales otorgan una escasa importancia al sector primario y, aunque le dedican muy buenas palabras, no tienen ninguna intención de cambiar su posición. Su prioridad es favorecer a la industria y a determinadas compañías de servicios. Además, en numerosas ocasiones es incompatible beneficiar a unos y a otros.

Para dichos agricultores y ganaderos, solo pido sentido común. En otras palabras, darles facilidades para continuar con su actividad y un digno nivel de vida. En primer lugar, porque la provisión de alimentos es más importante que cualquier servicio. En segundo, debido a que generarán ocupación y riqueza en municipios donde difícilmente otra actividad lo hará. En tercero, porque harán felices a muchas personas que aman la vida en el campo y les gustaría relevar a sus padres en la empresa familiar.

Las pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas son también pymes, como las de la construcción, industria y servicios. No obstante, están mucho más desprotegidas que cualquiera de ellas. Una injusticia muy difícil de entender, pero desgraciadamente poco probable de resolver.