El CNI no espía, vigila

Joaquim Coll
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Lo más lamentable del escándalo que han montado los separatistas con ese informe tan dudoso de CitizenLab es que tenemos a un Gobierno de España que no puede defender la legitimidad de la vigilancia que debe efectuar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según la ley 11/2002, se trata de un organismo responsable de “facilitar al Gobierno informaciones análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”. El CNI debía, si no lo hizo, vigilar a las formaciones separatistas a lo largo del procés, pues pretendían romper la unidad territorial e infringir el Estado de derecho y sus instituciones.

Tardaremos décadas en saber a quién vigiló exactamente entre 2012 y 2017, pero sea lo que hiciese no fue muy efectivo: las urnas del 1-O no se encontraron y Carles Puigdemont, junto a otros, huyó a Bélgica. Que posteriormente el CNI tal vez siguiera investigando tampoco nos tiene que escandalizar, porque los independentistas seguían en sus trece (“ho tornarem a fer”, “desobediencia”, “tsunami democràtic”, etc.). Saber, conocer, investigar, es algo que los servicios de inteligencia tienen que hacer por si acaso.

Ahora bien, las posibles escuchas del CNI no son un burdo espionaje, hecho de cualquier forma y manera, sino tareas de vigilancia bajo el amparo de la ley, la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo y por un tiempo limitado. La dependencia parlamentaria de ERC le impide al Gobierno defender que el CNI actúa legítimamente para evitar peligros, no solo el yihadismo, contra el que ha actuado de forma efectiva, sino también de fuerzas extremistas que plantean quebrar la Constitución. Los líderes del procés sabían perfectamente que había escuchas y por eso, por ejemplo, Oriol Junqueras nunca hablaba de temas delicados por teléfono. Sorprendentemente él no está entre los espiados. Por otro lado, su hipocresía es total porque la Generalitat también intentó comprar el programa Pegasus y montar un servicio de contraespionaje.

Mañana se debería convalidar el decreto-ley del Gobierno con las medidas económicas para hacer frente a consecuencias de la guerra en Ucrania, y los republicanos están apretando las clavijas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es una vergüenza que la política española se vea sometida a ese nivel de chantaje, pero tenemos lo que nos merecemos. El PP de Alberto Núñez Feijóo debería abstenerse, en lugar de repetir el voto negativo de Pablo Casado ante la reforma laboral. Puede considerar que las medidas son insuficientes, pero contribuir a tumbarlas sería un disparate tan grande que cuesta pensar que pueda ocurrir. Si se abstuviera, no solo serviría a sus propios intereses electorales, sino que desactivaría el chantaje de ERC y Bildu. Veremos si realmente algo ha cambiado con la llegada de Feijoó, o es el mismo PP de siempre.

La pregunta es hasta dónde quiere ir ERC con esa exigencia de dimisiones y desplante dando por suspendidas las relaciones con el Gobierno. Ahora mismo puede pasar cualquier cosa. Recordemos que Gabriel Rufián ya votó en contra de la reforma laboral. Tras el fracaso de la unilateralidad, el independentismo carece de estrategia, por lo que en Junts se apuntan a provocar un adelanto electoral del que surja un Gobierno del PP con Vox. “Cuanto peor, mejor”, dicen.

En ERC dudan, pero pueden dejarse llevar por la corriente mayoritaria de castigar a Sánchez por este caso de presunto espionaje masivo, en el que, según pública El Periódico, estarían detrás “las cloacas policiales de Rajoy” en lugar del CNI, cuyas escuchas, según fuentes del propio servicio secreto, fueron individuales, nunca institucionales, y limitadas en el tiempo. El Gobierno trata con guante de seda a ERC: el cambio en el Tribunal de Cuentas ha permitido a la Generalitat avalar a sus 34 excargos del procés, y la Abogacía del Estado no ha dicho esta boca es mía en el asunto de la inmersión, por lo que no ha pedido que se ejecute la sentencia del TSJC. Menos mal que existe la AEB.

A Sánchez no le quedan muchas más cartas con las que contentar a sus socios chantajistas. ¿Abrir la comisión de secretos oficiales en canal con la participación de los independentistas, incluida la CUP, bastaría? No lo parece, quieren también una comisión de investigación en el Congreso y señalan la salida de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al líder socialista le van a sacar los ojos, y antes o después lo dejarán tirado.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.