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Cataluña, las elecciones imposibles

Joaquim Coll
7 min

Parece increíble, porque las elecciones en Cataluña se vienen augurando desde hace nueve meses como inevitables y exigiéndose desde la oposición como imprescindibles, pero este 2020 los catalanes todavía no iremos a votar. Aunque Quim Torra anunció a finales de enero que la legislatura estaba agotada tras la enésima crisis con sus socios de Govern y que comunicaría la fecha de la cita con las urnas tan pronto se aprobasen los presupuestos, la política catalana va a ser seguir dando vueltas en el carrusel del absurdo hasta como mínimo la próxima primavera. Lo lógico hubiera sido votar durante la primera quincena de julio, como se hizo en Galicia y el País Vasco, cuyas elecciones ya convocadas tuvieron que posponerse por culpa de la pandemia hasta el levantamiento del estado de alarma. Entonces hubo quien planteó la conveniencia de esperar a septiembre, ya que se suponía que la situación epidemiológica sería a finales de verano más favorable. Afortunadamente tanto Íñigo Urkullu como Alberto Núñez Feijóo optaron por no retrasarlas más, pues el desastre de los rebrotes desde mediados de julio en casi toda España haría ahora mismo muy desaconsejable, cuando no imposible, organizar una jornada electoral.

En Cataluña, Torra no parece dispuesto a convocar elecciones antes de que el Tribunal Supremo lo inhabilite, tal como le suplican sus socios de ERC y le exige gran parte de la oposición. Pero es que aunque lo hiciera, aunque mañana mismo marcase de común acuerdo con los republicanos una fecha, tras los 54 días siguientes a la disolución del Parlament que impone la ley, ¿alguien cree que entre octubre y principios de noviembre la situación sanitaria sería mejor que hoy? Cuesta mucho pensar que hasta el final del próximo invierno la evolución de la pandemia no vaya ir a peor, pese a que la letalidad podría continuar siendo baja, lejos de la hecatombe en muertos que sufrimos entre marzo y abril, siempre y cuando las residencias de mayores y los centros sociosanitarios sigan libres de Covid como afortunadamente ha sucedido en los últimos meses. Sería un despropósito, pues, poner en peligro a estos y otros muchos colectivos de riesgo tras la cola de un colegio electoral. Por tanto, aunque Torra convocase finalmente antes de ser inhabilitado, el Govern en funciones tramitaría, como ya ocurrió en Galicia y el País Vasco, una moratoria ante la Junta Electoral. Y el Gobierno español no tendría más remedio que apoyarla por razones sanitarias, incluso si para entonces no se ha declarado el estado de alarma y eso supone alguna dificultad jurídica añadida.

Sin embargo, no parece que vaya a ser ese el escenario en Cataluña. Torra, que podía haber convocado las elecciones perfectamente en julio, se resiste a hacerlo obedeciendo órdenes de Carles Puigdemont. Lo sorprendente es que este lunes en TV3 haya propuesto que nadie en el independentismo proponga un nombre para el cargo vacante tras su más que probable inhabilitación como president. Para Roger Torrent supondría un problema, ya que como president del Parlament “debe proponer” al Pleno un candidato o candidata en el plazo de los diez días siguientes al cese y previa consulta con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, según el art. 4.2 de la Ley de la Presidencia y del Govern. Es una situación que ya vivimos al inicio de esta legislatura, pues el Parlament no votó a Jordi Turull como candidato a president hasta el 22 de marzo cuando las elecciones fueron el 21 de diciembre de 2017 y la cámara catalana se había constituido el 17 de enero. O sea, durante dos meses ni se votó a nadie, ya que la investidura de Carles Puigdemont del 30 de enero no se llevó finalmente a cabo, ni se convocaron elecciones automáticamente. Se entró en un tiempo muerto no previsto por ley que podía haber durado hasta que Torrent hubiera decidido comunicar al Pleno la imposibilidad de elegir a nadie para que así la cuenta atrás hacia las elecciones empezase a contar, según el criterio de los letrados del Parlament a partir del precedente que hubo en la Comunidad de Madrid en 2003 con el llamado “Tamayazo”.

Así pues, Torra pretende crear ahora un nuevo impasse jurídico para atrasar lo más posible la convocatoria de las elecciones por la vía del art. 4.7, que disuelve automáticamente el Parlament si transcurridos dos meses ningún candidato ha obtenido el apoyo de la cámara. Y para cuando eso suceda es muy posible que la pandemia tampoco permita celebrar las elecciones porque estaríamos hablando ya de enero o febrero, los peores meses del invierno. Además, Torra y Puigdemont tienen escondida otra carta, remodelar antes de la inhabilitación del primero el Govern de la Generalitat, nombrando a un conseller o consellera en cap del Govern que asuma las funciones de la presidencia, anule el protagonismo del republicano Pere Aragonès como vicepresidente, y lo promueva como el candidato efectivo de JxCat cuando haya elecciones. De manera que, olvídense, hasta la primavera de 2021 no iremos a votar. Entre tanto, Cataluña seguirá sumida en el desgobierno y el desprestigio de las instituciones en medio de una brutal crisis socioeconómica de la que casi nada ni nadie saldrá indemne.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.