Daniel Osàcar, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), compareció esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El veterano funcionario se fue de la lengua. Reconoció sin rodeos algo que desde mucho tiempo atrás era de dominio público, es decir, la existencia de un sistema corrupto de financiación en el seno de CDC. Éste consistía en el cobro de comisiones bajo cuerda, a cambio de la concesión de obras públicas.

Lo más llamativo de la declaración de Osàcar reside en que, por vez primera, pone al descubierto la trama completa del siniestro y fructífero montaje urdido por los convergentes. Osàcar era el administrador del dinero y por tanto conocía a la perfección los circuitos por los que el numerario sucio arribaba a las arcas de la formación.

Pero hay más. Osàcar no se anduvo por las ramas sobre quiénes comandaban la gestión del gatuperio. Mencionó, entre otros, a Germà Gordó, exgerente de Convergència y exconsejero de Justicia del Govern. Luego, el contable alcanzó, en su centrifugación de culpas, a la cima misma del partido. O sea, señaló directamente a Artur Mas, el consigliere supremo de Jordi Pujol Soley.

Según Osàcar, es simplemente increíble la supina ignorancia que Mas esgrime sobre los mecanismos venales internos anclados en CDC.

A Mas le faltó tiempo para rebatir a su exempleado. “Osàcar es un señor mayor y vulnerable, pues tiene su entero patrimonio propio embargado por los tribunales”.

La vida da muchas vueltas. Es de recordar que cuando salieron a la luz las primeras revelaciones de los mangoneos del 3% que involucraban a Osàcar, don Artur puso la mano en el fuego por el fiel subalterno hasta en tres ocasiones.

Mas no se encuentra todavía formalmente bajo investigación. Pero haría bien si va poniendo las barbas a remojo. En efecto, su situación particular se ha adentrado de pronto en una pista de arenas movedizas.

Osàcar fue condenado a tres años y seis meses de presidio por el caso Palau. Convergència utilizó la insigne institución musical para canalizar coimas de casi 7 millones, satisfechas por el gigante madrileño Ferrovial, feudo de la saga Del Pino.

El juez De la Mata cerró este mes de agosto tres abultados sumarios que afectan de lleno a la cúpula de los nacionalistas y a su extensa cuadrilla de secuaces. Uno atañe al llamado caso Pujol, en el que están encartados el capo de todos los capos Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete vástagos. El magistrado los califica nada menos que de “organización criminal”. Asevera que lavaron dinero a gran escala en una pléyade de paraísos fiscales repartidos por medio mundo.

El segundo legajo es el archifamoso del 3%. Están encartadas 32 personas, entre ellas el propio Osàcar, su sucesor Daniel Viloca, el exjefe jurídico Francesc Sánchez y el antes mentado Germà Gordó. A este último, el magistrado De la Mata lo imputó anteayer viernes en otra pieza separada, tras la deposición de Osàcar. Hasta ahora se han destapado adjudicaciones por valor de casi 230 millones de euros, que huelen a chamusquina. 

Por último, el tercer proceso corresponde a Gisa-Infraestructures, la compañía oficial encargada de conceder las contratas. Están inculpados 21 individuos, incluidos Josep Lluís Quer Josep Antoni Rosell, exdirectores del tinglado.

Los tres aparatosos episodios de rapiña constituyen una enmienda a la totalidad a la larga era de Convergència y de las siglas que le han sucedido. La lectura de los pliegos revela el enquistamiento de una auténtica mafia política, que ha saqueado a los catalanes sin rebozo durante más de dos décadas. La agrupación devino algo parecido a una casta parasitaria. Casta, por cierto, entregada al robo y el pillaje de los contribuyentes que incrustó sus tentáculos en el escalafón de los aparatos administrativos de la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos del territorio.

Parece que los viejos vicios siguen sin desterrarse y que la cabra tira al monte. Quim Torra, poco antes de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, apañó entre abril y junio últimos varios contratos informáticos por valor de 10 millones a la firma Seidor. Tales tejemanejes encierran tres características que los hacen altamente sospechosos.

Primera, se realizaron por el procedimiento de urgencia, sin concurso alguno, es decir, a dedo. Y encima, se perpetraron mientras regía el estado de alarma en toda la península Ibérica.

Segunda, a Seidor se le vinculó ya, repetidas veces, con la comisión de presuntas irregularidades relativas a cambalaches con el Govern.

Y tercera, en la empresa de marras ocupa un puesto directivo Joan Antoni Rakosnik, cuñado de Artur Mas.

Daniel Osàcar cuenta 86 años de edad y padece varios achaques. En septiembre le dispensaron el tercer grado. Ahora, tras pactar con la fiscalía, tira de la manta y rompe la implacable omertà vigente en esta comunidad desde 1980.

Artur Mas se autoproclamó en cierta oportunidad la astucia reencarnada. Las explosivas denuncias de Osàcar ante el juez De la Mata le colocan a los pies de los caballos y a un paso de la incriminación. ¿Se librará esta vez de la quema?