Los chanchullos de las corporaciones conocidos como cárteles son noticia en los últimos días por un doble y espectacular varapalo.
Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto sancionar al portal de viajes Booking, de EE.UU., con nada menos que 486 millones.
Por otro, la Audiencia Nacional ha confirmado, con una ligera rebaja, el escarmiento de 28 millones que dicha Comisión propinó a Lactalis, Nestlé, Pascual, Puleva y otras relevantes industrias lácteas, por urdir un montaje en perjuicio de los ganaderos que les abastecen.
El leñazo que la CNMC planea descargar sobre el coloso norteamericano de internet, bate todos los récords habidos y por haber en España. Semejante suma representa el 12% de los beneficios que dicha firma cosecha en todo el mundo. Esta ya ha anunciado que presentará batalla e interpondrá apelación, a pesar de que el correctivo todavía no tiene carácter oficial.
El organismo de vigilancia le acusa, en concreto, de prácticas ilícitas contra los hoteles y las agencias, por cuanto les obliga a no arrendar las habitaciones a precios inferiores a los que la propia multinacional ofrece en su concurrida web.
El otro caso que nos ocupa, el de las poderosas firmas lecheras, es más antiguo. Las pesquisas realizadas revelan dos hechos. Primero, que pactaron bajo cuerda esquilmar a los productores que les suministran la materia prima. Y segundo, que el acuerdo rigió durante un largo intervalo comprendido entre 2000 y 2013.
Seis años después, Competencia emitió veredicto y aplicó una rociada de multas a los miembros de la trama. Ahora la Audiencia le ha dado la razón, si bien recorta levemente las cantidades.
Las de más bulto corresponden a Lactalis, con 11,6 millones; Pascual, con 8,5 millones; y Nestlé, con 6,8. Con cuantías menores están Corporación Alimentaria Peñasanta-Capsa, Industrias Lácteas de Granada y Schreiber Food.
También participaron en el contubernio Industrias Lácteas Asturianas, Leche Celta y Central Lechera Asturiana, pero se libran del mazazo porque sus infracciones ya habían prescrito.
Entre otros pormenores, los confabulados intercambiaron copiosa documentación sobre los precios y volúmenes pactados con las vaquerías. Gracias a ello, pudieron coordinar sus estrategias en perjuicio de esas últimas.
La lamentable realidad es que, con harta frecuencia, las entidades de cabecera de los más variados ramos de actividad se conchaban con el propósito de exprimir a los consumidores. Para ello, utilizan como instrumento predilecto los cárteles, que son expertos en colusiones y en repartirse la clientela en amigable componenda. El objetivo último de esas actuaciones inconfesables reside en acabar imponiendo precios cada vez más altos a los usuarios y en estrujarlos sin tasa.
Los ejemplos abundan. Ahí van un par de botones de muestra que se han ventilado en los estrados judiciales en el curso del postrer año.
Primero, la Audiencia Nacional revalidó el ramillete de castañazos de la CNMC a diversas firmas de paquetería, a las que les cayeron 67 millones. De la lista son de citar, entre otras, UPS, TNT Express y Fedex.
Y segundo, el Tribunal Supremo ratificó la penalización de 30 millones dictada contra un grupo de gigantes informáticos, entre ellos Accenture, Atos, Connectis ICT Services, IBM y SAG España.
En el colmo de la osadía, se habían conjurado con intención de defraudar a varios ministerios en las licitaciones sobre instalación de equipos y de software avanzado del tratamiento de datos.
Entre las víctimas figuran nada menos que la omnipotente Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.
A la luz de los abusos e ilegalidades descritos, no parece sino que España sea algo parecido al puerto de Arrebatacapas, donde las sociedades mercantiles maquinan día y noche con el designio de saquear a los inermes ciudadanos.
Por fortuna, se dispone de un arma muy efectiva a fin de evitarlo. No es otra que el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las reglas de competencia. Está comprobado que para yugular las vulneraciones, pocos remedios hay más implacables que un riguroso castigo pecuniario.