En política, como en fútbol, no hay derrotas dulces ni victorias amargas. No se lo crean. Por mucha poesía que se le quiera poner a cualquier desenlace, al final lo que cuenta es el resultado, pues el ganador jamás se cambiaría por el perdedor. Lo esencial es que ayer el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí por una holgada mayoría del 58,3% de los votos emitidos. Era lo previsible, aunque ciertamente el resultado podía haber sido más aplastante si no se hubieran producido algunas fisuras en el bloque progresista, sobre todo entre eurodiputados de países pequeños con simpatías hacia el separatismo, y porque euroescépticos y populistas, tanto de derechas como de izquierdas (desde la Liga de Salvini a Podemos o Bildu, pasando por Le Pen y Alternativa por Alemania), están en contra de la extradición por delitos de motivación política. Finalmente, no podemos olvidar que los independentistas no han hecho otra cosa desde el primer día que pelear su causa, valiéndose en las últimas semanas de declaraciones como la del vicepresidente segundo del Gobierno español Pablo Iglesias en las que comparó a Puigdemont con los exiliados republicanos perseguidos por la dictadura franquista. Y aún así han perdido.

Lo que se votaba no era la inocencia o culpabilidad de los políticos fugados, sino el apoyo hacia el funcionamiento del Estado de derecho en España. Recordemos que la extradición del exconsejero Lluís Puig fue denegada en agosto de 2020  por un juzgado neerlandófono belga con los argumentos de que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle (una conclusión que desborda claramente las atribuciones de un juez extranjero), y más grave aún, con la afirmación de que en España no se respetan los derechos fundamentales. La decisión fue ratificada en enero pasado por el Tribunal de Apelación de Bruselas, lo cual era un mal precedente para la decisión que tenía que adoptar la Eurocámara. Como explica el catedrático Jordi Nieva-Fonoll en la SER, si la justicia belga cree realmente eso del Estado de derecho en España debería haber pedido al Consejo de la UE que abriera un proceso de sanción como en su día hizo respecto a Polonia.

Por tanto, la decisión del Parlamento retirando la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí es un apoyo claro a la democracia española y supone un rapapolvo contra la arbitrariedad procesal de la justicia belga. También destaca tristemente la deslealtad institucional de Unidas Podemos, que queda en muy mal lugar y cuya incoherencia es absoluta, pues en base a lo votado en Bruselas debería abandonar el Gobierno español. La partida sobre el futuro de Puigdemont no se ha acabado, va para largo, ya que el juez Pablo Llarena ha anunciado que va a cursar una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar el alcance de las euroórdenes, mediante una serie de preguntas muy precisas que el tribunal de Luxemburgo tardará aproximadamente medio año en resolver. Puede que al final no sea imposible del todo sacar al prófugo de Waterloo del santuario belga. Veremos.

Entre tanto, la decisión de la Eurocámara y el escenario de incertidumbre sobre el futuro de Puigdemont va a repercutir en las negociaciones para la formación del nuevo Govern independentista. El prófugo de Waterloo, que mantiene su condición de eurodiputado, ya no podrá moverse tan libremente por Europa, excepto en Bélgica. Seguro que su abogado Gonzalo Boye le recomendará que no viaje a según qué países cuando se active la orden de extradición. Y si a ello añadimos ayer mismo la entrada nuevamente en la cárcel de los condenados en el juicio del procés, como consecuencia del recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que les había concedido la Generalitat, la cosa se pone dura a pocos días de que se constituya el nuevo Parlament.

Es un mal escenario para Pere Aragonès que la semana pasada en su conferencia sobre los objetivos para la nueva legislatura no dijo apenas nada en clave de procés, más allá de que batallaría para lograr la amnistía y la autodeterminación. De desobediencia no dijo ni mu y, el fin de semana, en una entrevista en La Vanguardia a la pregunta de cuándo se hará el referéndum, contestó literalmente que “cuando sea posible”. Maravilloso. Demuestra un gran sentido del pragmatismo, lástima que en ERC no lo tuvieran antes. Pero es una posición que de entrada parece inaceptable para la CUP y más aún para Junts. Sin escenario de confrontación el partido de Puigdemont está muerto a medio plazo. Con el discurso de la “represión” en primer plano, la cosa se pone dura para la investidura del candidato republicano, que no tiene ningún acuerdo cerrado. Y ya sabemos que el juego táctico y los ataques emocionales son el talón de Aquiles de los separatistas.