La auténtica novedad de la intervención inicial de Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación fue el anuncio de un impuesto extraordinario a la banca. Otras veces se había planteado, pero nunca había llegado a cuajar. Esta decisión y otras contenidas en la batería de propuestas presentada por el presidente del Gobierno representan un giro a la izquierda. El impuesto a la banca era reclamado por Unidas Podemos (UP) y fue recibido con euforia por los diputados morados.

Este impuesto se suma al ya anunciado hace tres semanas a las empresas energéticas. Ambos son temporales, para los años 2022 y 2023, y se calcula que recaudarán 7.000 millones (3.000 por la banca y 4.000 por las petroleras, las eléctricas y las gasistas). El impuesto a las energéticas no es una novedad en Europa, ya que otros países como Italia, el Reino Unido, Grecia o Hungría han anunciado que van a implantar nuevas medidas fiscales para este sector.

El impuesto a la banca se justifica por el aumento de sus beneficios a causa de la subida de los tipos de interés y por el rescate que se llevó a cabo en la crisis de la gran recesión y que ascendió a 66.000 millones de euros. El año pasado, como recordó Sánchez, solo los cinco grandes bancos tuvieron unos beneficios de casi 20.000 millones de euros. Del mismo modo, los beneficios de las petroleras se han multiplicado. Los márgenes de Repsol en refino se triplicaron de abril a junio en comparación con los tres meses anteriores y se multiplicaron por 15 respecto al mismo periodo del año 2021.

La nueva fiscalidad para la banca y las empresas energéticas es la medida económica más ideológica entre las anunciadas, y de ahí que Sánchez instara insistentemente al PP a que se pronunciara sobre si iba o no a apoyar estos impuestos extraordinarios. Insistió para comprometer al PP y porque sabe –o sospecha con fundamento— que el principal partido de la oposición no va a respaldar la medida.

Menos polémicas son las bonificaciones del 100% sobre los abonos de Renfe para Cercanías y Media Distancia, que pretenden ayudar a las familias y promover el transporte público en vez del privado. La ayuda suplementaria de 100 euros mensuales al millón de estudiantes ya becados es toda una impugnación de las “becas para ricos” de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Ante la duda de combatir al PP de Alberto Núñez Feijóo en el centro, Sánchez ha optado por fortalecer la coalición en la izquierda con medidas sociales que aspiran a movilizar al electorado más perjudicado por la crisis, que estaba sumido en la pasividad en medio de la ofensiva de la derecha y las querellas internas del Gobierno.