Con la llegada del año nuevo reverdece el formidable pleito de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa que provee de agua potable al área metropolitana de Barcelona. Esta compañía se encarga de sanear el líquido que consumen 4,2 millones de personas de 140 municipios situados en la conurbación de la Ciudad Condal. Gestiona la planta desaladora de El Prat y las potabilizadoras de los ríos Ter y Llobregat. Una vez tratada el agua, la entrega a las diversas sociedades que la canalizan hasta los grifos de cada abonado.

En este embrollo se enfrentan tres partes. Una es el Gobierno catalán, ahora comandado por el secesionista Quim Torra. Otra, la constructora madrileña Acciona, perteneciente a los Entrecanales y usufructuaria de la contrata. Y tercera, la veterana abastecedora Aguas de Barcelona (Agbar).

El enredo arranca en noviembre de 2012. Por esas fechas, Artur Mas, al frente de la Generalitat, anda desesperado a la busca de recursos para cuadrar sus presupuestos. Con tal finalidad, decide privatizar ATLL. Se convoca el correspondiene concurso y se adjudica al gigante de la meseta.

Pocos días después, se celebran elecciones autonómicas, en las que don Arturo resulta vencedor con una amarga victoria.

Casi de inmediato se descubre que el trasiego de ATLL encierra numerosas irregularidades. El concurso entero constituye una chapuza descomunal, propia de la cohorte de principiantes y aficionados de los que el señor Mas se rodea habitualmente.

Agbar siente preteridos sus intereses y recurre a los tribunales. Éstos, tras múltiples lances procesales, tumban el traspaso a Acciona y lo declaran nulo. 

Ahora, la Generalitat pugna por recuperar la titularidad de la concesión. Pero pretende hacerlo sin desembolsar apenas un céntimo por el rescate, al más bravo estilo del salvaje oeste americano.

Es de recordar que a finales de 2012 las cuentas de la Generalitat presentan más boquetes que un queso emmental. Los jerarcas del Ejecutivo catalán bregan por cuadrarlas, aunque sea a martillazos.

Para lograrlo necesitan recaudar la nadería de mil millones de euros. Así que el flamante president –hoy condenado por desobediencia– se saca de la manga a toda prisa un plan para allegar los ansiados fondos. Reposa en aligerar el tupido y oneroso parque de participaciones industriales públicas, comenzando por ATLL. El endoso de esta entidad acabará siendo el mayor movimiento privatizador acaecido nunca en Cataluña.

Para que la novia resulte más atractiva, se la adorna con un convenio por 50 años. De donde resulta que un servicio tan esencial como el agua potable quede hipotecado durante dos generaciones enteras.

Acciona satisface 300 millones al contado y se compromete a reintegrar el resto, hasta 995 millones, durante el medio siglo de duración de la exclusiva.

A su vez, la Generalitat, en un apaño contable indecoroso, se apunta el cobro de los casi 1.000 millones de marras, como si los hubiera ingresado en caja de una sola tacada. Lo cierto es que, de esa suma, 695 millones se irán percibiendo, poco a poco, a lo largo de los 50 años venideros.

Valga añadir que los 300 millones recibidos en metálico se esfuman de inmediato. Se aplican al pago de nóminas pendientes de la plantilla del Govern.

Como reseñé antes, los tribunales han decretado la nulidad del dichoso concurso. En cumplimiento de tal fallo, la Generalitat comunicó el 1 de enero que revierte a su favor los bienes, obras e instalaciones de ATLL, previo desahucio de Acciona.

Lo más llamativo del asunto es que los prebostes del Govern pretenden arrebatar la firma hídrica a Acciona mediante un módico aporte de solo 54 millones. Como es lógico, la expropiada se rebela contra un robo a mano armada de este tamaño. Y pregona que reclamará un resarcimiento de más de mil millones.

La justicia tiene la última palabra. Pero sea cual sea el desenlace de este descomunal escándalo, su coste para los contribuyentes catalanes ascenderá a una cifra sideral. Esta es la consecuencia directa de la catastrófica gestión de Artur Mas y su tropa de secuaces.

Al ciudadano de a pie, las disputas entre los plutócratas madrileños y los políticos vernáculos le traen al fresco. Lo único que le interesa es que se le preste un buen servicio y, sobre todo, a un precio razonable.

A este respecto, ocurre que desde el endoso de ATLL a los privados, la tarifa que se carga a los usuarios se ha disparado casi un 40%. A ello habrá de añadirse el importe de la indemnización a Acciona. Como es de suponer, no lo liquidará Artur Mas de su bolsillo, sino el conjunto de los catalanes. Este es el “regalo” envenenado que el caballero nos lega con su nefasto serial acuático.