Acciona repite en ATLL la 'pesadilla' de Cáceres

Acciona ha perdido este martes Aigües Ter Llobregat (ATLL). La Generalitat ha cumplido su promesa y, sobre el papel, la gestora de agua que da servicio a Barcelona y su ámbito de referencia es desde este 1 de enero otra empresa pública que está gestionada por la consejería de Territorio y Sostenibilidad. La cotizada repite de esta forma la pesadilla que implicó perder el contrato integral del agua en la ciudad de Cáceres.

Tomó el control de esta sociedad el 1 de enero de 2012, casi un año antes que las aguas catalanas. La pérdida del servicio tuvo lugar otro primero de mes, el 1 de abril de 2015. La concesión local tenía una importancia mucho menor que las aguas catalanas en la división de agua de la multinacional y el destinatario final no fue el consistorio, fue su predecesor en la compañía, el Canal Isabel II. Pero sí que llegó al final de un periplo judicial en el que se concluyó que existieron fallos en el proceso de licitación.

Conflicto judicial en Cáceres

Y el resultado tomó el mismo camino que el caso catalán: otra pugna en los tribunales para exigir una compensación económica al concesionario del servicio. La pugna por si el contrato que se había firmado era nulo de pleno derecho o era tan sólo anulable. La diferencia es sustancial, ya que en el primero de los casos se considera que la empresa nunca debía haber tomado el control de la compañía de agua en cuestión y que no tiene derecho a percibir una indemnización.

La última resolución judicial que ha fijado el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad extremeña es favorable a Acciona. La sentencia llegó a mediados de noviembre y el tribunal declinó que la multinacional de la familia Entrecanales tuviera que pagar 800.000 euros al Ayuntamiento de Cáceres. Así se lo reclamaba el consistorio presidido por Elena Nevado del Campo (PP) en un procedimiento administrativo en el que acusaba a la compañía de incumplimiento del contrato.

Incumplimientos de procedimientos

El tribunal ni siquiera entró a valorar los argumentos esgrimidos por los populares. Declaró la “nulidad absoluta” del proceso, tal y como informó la agencia EFE, “porque el expediente no sigue el procedimiento establecido”. Incluso impuso costas al Ayuntamiento, un gesto que se considera como un castigo para el denunciante.

Quim Torra (d), presidente de la Generalitat, junto al consejero de Territorio, Damià Calvet (i), responsable del nuevo impuesto sobre el CO2 para vehículos / EFE

Quim Torra (d), presidente de la Generalitat, junto al consejero de Territorio, Damià Calvet (i), responsable que de resolver el contrato de ATLL a Acciona / EFE

La Generalitat ha tomado nota de lo que ha ocurrido en este proceso. El Gobierno de Quim Torra intenta ser lo máximo de garantista posible en los pasos que se den al transformar ATLL en una empresa pública, indican fuentes próximas al Ejecutivo. Esta extrema prudencia implicará que este martes haya empezado a operar la ATLL pública, denominada ATL, pero los cambios se queden hasta aquí.

Prudencia de la Generalitat

Los mismos interlocutores señalan que no habrá un relevo en la dirección de la gestora del agua. Tampoco se dará en el actual consejo directivo, el órgano que refleja de forma más directa la propiedad de cualquier sociedad y que en este caso está formado tanto por Acciona como por los accionistas minoritarios de la concesionaria. Las familias Rodés y los Godia-Torreblanca y el fondo Pioneer Point Partners. Los cuatro socios que defendieron incluso ante el Tribunal Supremo la concesión y que se intentaron apoyar con personalidades políticas que fueran capaces de tender puentes en Cataluña, como la exdiputada socialista Laia Bonet, que fue nombrada directora adjunta a la presidencia.  

Desde Territorio, departamento encabezado por Damià Calvet, se aplica un principio de prudencia para no saltarse ningún procedimiento judicial que les pueda hacer un agujero. Y esto implica cerrar el actual procedimiento de cautelarísimas que Acciona ha instado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los magistrados han declinado otorgárselas, pero han dado tres días hábiles desde la notificación de la resolución a la Generalitat para que presente las alegaciones correspondientes.

Nueva ‘guerra del agua’

Los portavoces de la consejería rechazan explicar cuándo vence este plazo, ya que el rechazo de las cautelarísimas se conoció el pasado viernes. La misma fecha en que Territorio revisó su propuesta de liquidación de la concesión y aseguró que, en lugar de reclamar 38 millones a Acciona por perder la concesión del servicio, tenía que pagar 53,86 millones.

Aunque instaba a los Entrecanales a llamar a la puerta de Hacienda, ya que estimaba que 46 millones eran tributos ya pagados (42,2 millones del Impuesto de Sociedades y los 3,8 restantes de la tasa de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

Con todo, este cálculo también se queda muy lejos de los casi 1.000 millones de euros que exige Acciona. La indemnización por perder el servicio, en el que computan los 300 millones de primer canon y las obras ya ejecutadas, y daños y perjuicios. Sus portavoces defienden que la Generalitat quiere liquidar el contrato sin liquidar el contrato, ya que entienden que el TSJC ha reconocido que es una concesión anulable pero no nula de pleno derecho. Los tribunales tienen la última palabra.