El conflicto de la Generalitat y Acciona por ATLL genera incertidumbres en las tarifas

Otra de las derivadas de la guerra abierta entre la Generalitat y Acciona por el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL) es el efecto de la nueva guerra del agua sobre las tarifas de abastecimiento de Barcelona y su área de influencia. La concesión del servicio establecía una revisión quinquenal de estos precios, que se validan cada año en el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA). El último plan que se aprobó propició el rechazo frontal del municipalismo, la rectificación posterior del Gobierno catalán y un contencioso por parte de la cotizada de la familia Entrecanales que sigue vivo en el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Barcelona.

Los portavoces de la concesionaria aseguran que este recurso judicial, el primero de la nueva etapa de choque en ATLL, no tendrá demasiado recorrido. Explican que se dirigía al plan quinquenal al contemplar un incremento del precio del agua menor que sus pretensiones económicas. Presentaron los argumentos ante los tribunales, pero reconocen que en la pugna jurídica actual decaerán en breve.

Coste económico de la rescisión

El grueso del conflicto está ahora en fijar el coste económico para la Generalitat de rescindir el contrato con la filial de Acciona, participada también por las familias Rodés y Godia-Torreblanca. La disparidad de cifras es inmensa. Los Entrecanales reclaman al Gobierno de Quim Torrra 1.074 millones de euros en concepto de indemnización, mientras que el Ejecutivo independentista le pide que pague 38,42 millones el próximo 31 de diciembre, fecha en la que deberá pasar el testigo en la gestión de ATLL a una compañía de titularidad pública de nuevo cuño.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona en una imagen de archivo / CG

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / CG

La disparidad de datos se explica por la existencia o no de una compensación por daños y perjuicios y por la valoración que se hace de la actividad de la concesionaria en los últimos seis años. La Generalitat asegura que los beneficios que ha obtenido la filial de Acciona son mayores que el canon que se ha devengado al erario público, por lo que sale a devolver.

Nueva ‘guerra del agua’

Esta cuestión se analizará en los tribunales, donde la Generalitat también deberá defender que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) primero y el Tribunal Supremo después anularon el contrato de Acciona. La cotizada piensa demostrar que la justicia se dirigió contra la concesión, una apreciación que implicaría aceptar que sí existe una relación vigente que se tiene que anular con la cartera en la mano.

Fuentes cercanas a la compañía ponen de manifiesto que el alto tribunal catalán aseguró que los defectos de forma que existían en el concurso público de ATLL lo dinamitaron. Que la Generalitat había cometido un error al no reconocer una modificación de los pliegos de condiciones de la licitación y que esto llevó al desenlace actual. Es decir, se señala como culpable al Gobierno catalán.

Período de alegaciones

Con todo, esta pugna no empezará hasta que concluya el período de alegaciones a la valoración económica del Gobierno catalán sobre ATLL. La comisión que constituyó el Ejecutivo para cumplir con la sentencia del Supremo de febrero publicó su informe el 8 de noviembre y la concesionaria dispone de 10 días para presentar las consideraciones que considere pertinentes. Se deberán analizar y contestar, hecho que podría aplazar hasta principios de 2019 el disparo de salida del conflicto judicial.

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat encargado de convertir ATLL en una empresa pública / EFE

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat encargado de resolver la concesión de ATLL a Acciona / EFE

En él subyacen los problemas de las tarifas. Acciona prosigue como gestora temporal de ATLL y si finalmente la empresa pública que deberá relevarla no está lista el próximo enero seguirá unos meses más al frente de la compañía. Fuentes próximas al ACA afirman que la solución más sencilla sería aplicar la tercera congelación del coste de agua en alta en la zona de Barcelona, una parte de la factura final que paga el usuario.

Previsiones de las tarifas

Toma fuerza que la consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet, seguirá por esta vía. Pero además de constituir una nueva empresa y superar los obstáculos administrativos, jurídicos y laborales que supone recuperar el modelo de gestión pública de ATLL, deberá fijar la hoja de ruta económica de la compañía. Y esto paso por hacer anuncios sobre cuánto se deberá pagar por el agua de ATLL en los próximos años.

Esto, y resolver la devolución del tarifazo de principios de año. El consejo del ACA aprobó el 28 de diciembre de 2017 la subida del 11,8% que había propuesto Acciona por el servicio de ATLL, cifra que se justificaba al incorporar el canon de 2016 y 2017. Aseguró que no podía tomar otra decisión política por la vigencia del artículo 155.

Devolución del ‘tarifazo’

Los independentistas tardaron meses en cerrar un pacto de investidura y la revisión del ACA no tuvo lugar hasta julio. Calvet congeló de nuevo las tarifas de ATLL, pero prolongó hasta 2019 la devolución de las subidas que ya habían devengado ayuntamientos y otras operadoras de la red de agua en baja, la que va desde los depósitos de cabecera de los municipios hasta las viviendas y realiza las tareas de depuración.

Nunca se ha desvelado cuál es la cifra exacta de la facturación de más, aunque la puesta al día no se hará hasta que no se publiquen los Presupuestos de la Generalitat de 2019. El precio del agua de Barcelona seguirá en ese momento en el aire.