La renuncia de los comunes a celebrar un referéndum de autodeterminación, tal como han explicitado estos últimos días primero Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, y seguidamente Ada Colau, máximo referente de los comunes en Cataluña, no ha dado lugar a ningún gran titular. Más allá de reflejar las críticas que han recibido los comunes por parte de ERC, Junts y CUP,  la atención mediática en general que no se corresponde con la trascendencia del anuncio. Es una desatención que resulta llamativa, no solo porque estamos a pocos días de la Diada, sino porque los comunes habían hecho bandera del referéndum. Lo hicieron durante el procés, pero también habían insistido en ello los últimos años, en que se congratulaban además del retorno de los partidos independentistas a la pantalla que dieron por superada cuando cogieron la directa de la unilateralidad en 2015. Esta renuncia de los comunes al referéndum, aunque presentada como temporal, es un hecho muy relevante en la política catalana porque el discurso de ERC de cara a la mesa de diálogo con el Gobierno español de la próxima semana es que, de todas las propuestas posibles, la autodeterminación es la única transversal, la que desborda el ámbito puramente independentista, pues los comunes estaban (hasta hace unos días) dentro de este  acuerdo. También Pablo Iglesias, tanto como líder de la formación morada como siendo vicepresidente, había reiterado en numerosas ocasiones, particularmente siempre que era entrevistado en Cataluña, que la solución pasaba por una consulta, y los comunes se mostraban orgullosos de que por primera vez hubiera una formación de izquierdas en España, que formaba parte del Gobierno, a favor públicamente de la autodeterminación de Cataluña.

Pues bien, todo ese relato ha saltado por los aires porque los comunes --por boca de Asens y Colau-- se han bajado del referéndum. Pere Aragonès se comprometió en su investidura a impulsar un acuerdo por la autodeterminación que visibilizase el apoyo político y social a la propuesta del Govern. A una semana de que se reúna la mesa de diálogo con el Gobierno español (que desde Junts y sus medios insisten en llamar mesa de “negociación” para sacar rédito de su fracaso en cuanto a las demandas públicas del independentismo), no hay noticias de que esa plataforma paragubernamental, cuyo liderazgo recae en David Fernández por deseo de Aragonès, vaya a ser convocada. El plantón de los dos sindicatos mayoritarios y de algunas organizaciones empresariales que, adelantándose al criterio que expresó Colau en su entrevista con Lidia Heredia en TV3, han decidido dejarse ya de “tonterías”, ha destruido el sentido de la iniciativa, pues ahora se reduciría al separatismo puro y duro. Que la alcaldesa de Barcelona haya tachado de irreal la posibilidad de celebrar un referéndum antes de 2030, tal como sugirió Aragonès hace unas semanas, o que se despache a gusto contra las falsas promesas y anuncios grandilocuentes del separatismo, es un notición porque rompe la alianza estratégica que hasta ahora había entre ambos mundos. Lo cierto es que si el asunto no ha recibido mayor relevancia mediática es porque en realidad nadie cree que vaya a ver un referéndum, ni ahora ni en muchos años.

Con este desmarque, los morados dejan de compartir con el independentismo un elemento nuclear del discurso soberanista y mandan al ciruelo el mantra según el cual el 80% de los catalanes está a favor de un referéndum (por lo que no quedaba otra que apoyarlo, claro está).  Es el definitivo adiós al referéndum. Asens y Colau se acercan ahora a la tesis del PSC de que, si acaso, se trataría de votar un acuerdo previo entre las partes que dialogan, pero no una propuesta de parte, la autodeterminación, cuya votación no reúne las condiciones para ser celebrada por ninguna de las vías. Hay que aplaudir el cambio de guión de los comunes, aunque deberían explicar por qué han tardado tanto en hacerlo y si piensan disculparse algún día por haber colaborado a la tontería  supina que hemos vivido en Cataluña la última década. Algunos ya vaticinamos hace años que no habría independencia ni tampoco autodeterminación, y el tiempo solo ha hecho que darnos la razón. Y, como colofón, la reforma del código penal sobre el delito de sedición (que beneficiaría a los fugados en Bélgica,  pero que también rebajaría las inhabilitaciones de Junqueras y los otros condenados) se ha caído de la agenda gubernamental, y Asens, que fue su apóstol mayor, incluso poniendo fechas para su tramitación en el Congreso, ha decidido no hacer “casus belli” del asunto. Entre lo uno y lo otro, no está siendo una mala rentré.