Esta semana, aunque a medias, el Gobierno ha adoptado una decisión tan conveniente como decente. Así, en línea con lo que ya habían hecho otros países como Portugal, ha decidido eliminar las denominadas golden visa, que permiten residir en España y, por extensión, moverse por la Unión Europea, a aquellos ciudadanos extranjeros que inviertan medio millón de euros en la compra de una vivienda. Esta es una medida de urgencia que se adoptó en los peores momentos de la crisis financiera de 2008 para reactivar el deprimido mercado inmobiliario. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado radicalmente.

Así, hemos transitado de dicha depresión a un sobrecalentamiento del sector, especialmente en Madrid y Barcelona, que acaba por expulsar a los ciudadanos locales del centro de sus ciudades. En ello tiene mucho que ver la llegada de millonarios de todo el mundo estimulados por diversas razones, entre ellas las visas de oro; en el caso de Barcelona han sido especialmente chinos y rusos los que más se han acogido a esta opción.

Una vez eliminada esta alternativa, siguen vigentes las golden visa para quienes compren deuda pública por dos millones de euros o inviertan en acciones o fondos por un millón. Al igual que ha sucedido con el inmobiliario, el conjunto de la economía española ha recuperado dinamismo de sobras para no tener que recurrir a regalar visados con que incentivar la inversión extranjera, por lo que sería conveniente anular también esta posibilidad.

Aparte de innecesario en el momento actual, me resulta indecente vender de esta manera el derecho de residencia, por mucho que sea una práctica que pueda darse en algún que otro país avanzado. A una economía abierta y dinámica como la nuestra, que se sitúa como la cuarta de la Unión Europea y entre las quince primeras del mundo, no le corresponde este tipo de triquiñuelas para captar inversión extranjera improductiva. El poder del dinero también debe tener sus límites; no todo puede comprarse alegremente. Las golden visa no sólo se alejan de la mínima ética sino que, también, del buen capitalismo, el que favorece el crecimiento sostenido y la equidad social, aquel en que no cabe conceder derechos de residencia a los ricos por el mero hecho de ser ricos.