El fin de las Golden Visa pone la guinda a 20 años de inacción y populismo en vivienda

Tras décadas de inacción en políticas de vivienda, el acceso a este derecho se ha vuelto prohibitivo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero también en algunos municipios de la costa, en el Vall d'Aran u otras zonas de los Pirineos. A ello ha contribuido la ausencia de un gran parque de vivienda pública, un factor clave que ayuda a arrastrar a la baja los precios de mercado, tal y como ocurre en las naciones europeas con más oferta de pisos sociales, como Países Bajos, donde aproximadamente un tercio de las viviendas son de esta modalidad.

El caso de España es inédito en el Viejo Continente, ya que la apuesta por la compraventa de protección oficial y la posterior -tras la crisis de 2007- desaparición de la inversión pública han provocado que solo un 2% aproximadamente de los inmuebles residenciales españoles sean de alquiler social. Es una de las tasas más bajas de la Unión Europea: Hungría se quedó algo por debajo del 4% tras un proceso de privatización masiva.

Legislación a golpe de efecto

Esta situación, junto a las dificultades burocráticas para levantar nuevos edificios, ha provocado una falta de oferta de residencias accesibles. Si a ello se le añade el crecimiento de la demanda por el rápido crecimiento de las ciudades, la consecuencia es la imparable escalada en los precios que se ha vivido en los últimos años.

La falta de pisos todavía se ha agravado más cuando los Gobiernos, a escala municipal, autonómica y nacional, han intentado lanzar políticas rápidas y efectistas para atender el creciente descontento en la población ante este problema. Unos parches que el sector inmobiliario tacha de populistas y que solo han logrado aumentar la inseguridad jurídica, de forma que inversores y promotores, esenciales para incrementar la oferta, han decidido retirarse.

Del 30% al tope al alquiler

Entre las medidas que han contribuido a ahuyentar a los privados se encuentran la obligación de destinar el 30% de las promociones a vivienda social impuesta por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la ley de vivienda nacional, a la que solamente se ha acogido la Generalitat de Cataluña para poder intervenir el mercado del alquiler y dictar los precios. La normativa es un coladero de agujeros legales que permiten a los caseros esquivar su aplicación, pero contribuye a la inseguridad jurídica que impide que haya más oferta de inmuebles y, en consecuencia, sean más baratos. 

El último paso en esta deriva ha sido el de poner en la diana a los compradores extranjeros, que han ido en aumento tanto por los ciudadanos extracomunitarios que aprovechan la pérdida de valor del euro para invertir en una segunda residencia o propiedad, como por el repunte migratorio.

Inicialmente, fue Sumar el partido del Gobierno de coalición que puso sobre la mesa prohibir a los no residentes la compra de vivienda durante tres años, una fórmula que el PSOE rechazó, aunque un par de semanas después el Ejecutivo anunció que había iniciado los trámites para suprimir las Golden Visa, que desde 2013 permitían, al adquirir propiedades por medio millón de euros, no solo adquirir el permiso para vivir, trabajar o estudiar en España, sino acceder al espacio europeo Schengen de libre movimiento.

Los pisos de lujo de Mandarin en Barcelona Mandarin

Los extranjeros, en la diana

Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general de la madrileña Amadei, considera que la eliminación de este permiso exprés "no incide en el precio medio" de la vivienda, ya que "la inversión promedio de quienes han obtenido una Golden Visa en 2023 es de 769.000 euros", una cifra muy superior a las cifras en las que se suele mover el comprador español medio, dos mercados que considera distintos en el tipo de producto. Aunque valora positivamente los últimos pasos de Moncloa para empezar a escuchar al sector a la hora de legislar, el representante de esta patronal inmobiliaria asegura que el anuncio parte de una "mentira", ya que el volumen de operaciones con Golden Visa (entre unos cientos y pocos miles al año) no es significativo ni siquiera en el total de transacciones por parte de compradores extranjeros. 

"Las Golden Visa no son un porcentaje muy relevante de las compraventas", coincide Raquel Iglesias, vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña. "No sé a qué criterio político responde", indica, y añade que el número de operaciones no es proporcionalmente alto ni siquiera en zonas atractivas para el comprador extranjero como la Costa Brava.

¿Especuladores?

"No va a afectar en nada", opina Francesc Quintana, consejero delegado de Vivendex, que también destaca la poca incidencia de los inmuebles afectados en el conjunto del mercado. "De todas las leyes populistas que ha sacado este Gobierno, esta es la que menos afecta porque el volumen era nada". De hecho, considera que puede ser incluso "positivo", ya que "no tenía sentido una Golden Visa que por 500.000 euros te da acceso a Europa", aunque apuesta no por la prohibición, sino por elevar el precio mínimo para conceder este atajo administrativo, lo que además incrementaría los ingresos públicos en forma de impuestos.

El argumento que esgrimió el Gobierno para impulsar este cambio es que España no está interesada en un modelo de inversión especulativa. Sin embargo, ¿está un especulador que colecciona activos de lujo vacíos por todo el mundo realmente interesado en un permiso de residencia para instalarse en España? "Normalmente, la persona que quiere una Golden Visa, quiere vivir tranquilamente con su familia y disfrutar de la seguridad de las calles, no hay especuladores", apunta Sergio Gutiérrez, socio director de Excellence Real Estate Circle.

"Palos de ciego"

Aun así, el directivo inmobiliario señala que "quedan pocos países" en Europa que concedan este tipo de visados, entre ellos Malta e Italia. "Hungría se lo estaba planteando", puntualiza Gutiérrez, que afirma que esta posibilidad sí interesaba a un grupo cada vez más grande de personas latinoamericanas de alto poder adquisitivo atraídas por tener un plan B en Europa por la inestabilidad política y económica de sus respectivos países.

Entre los afectados, también se encuentran los miembros de la clase alta que huían de regímenes como Irán, China o Rusia. Es por ello por lo que la decisión del Gobierno apenas incidirá en el mercado de la vivienda, pero le permite acercarse a su electorado con un gesto simbólico que los profesionales consultados tachan de "medida de cara a la galería" y enmarcan en los "palos de ciego" con los que se ha intentado resolver la crisis habitacional desde la política en los últimos años.