La pandemia del Covid-19 que estamos sufriendo nos ha dado la oportunidad de visibilizar algunas de las carencias de nuestro sistema económico y social. En este artículo queremos analizar dos de las más evidentes. La importancia de lo público y la necesidad de una política de industrialización.

La virulencia de la pandemia ha demostrado las insuficiencias de nuestro sistema sanitario derivadas de los graves recortes impuestos a todos los servicios públicos durante los años de gobierno del PP. Se trata de la debilidad en que se encuentran los servicios de atención primaria, la insuficiencia del número de sanitarios, la falta de reservas de productos sanitarios básicos, la insuficiencia tanto en el número de camas como de UCI públicas así como de equipos de protección para los sanitarios, y porque no hablar de la falta absoluta de una industria propia en cuanto a los suministros más básicos para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Asimismo el Covid-19 ha puesto en el orden del día la importancia de una sanidad pública que en momentos como éste es la única que responde a las necesidades de la ciudadanía. ¿Dónde ha estado  la colaboración de la sanidad privada? Desaparecida. No está para estos temas, no está para hacer frente a emergencias sanitarias sino que lo suyo es un servicio privado cuyo objetivo es el beneficio económico no el servicio público, ni siquiera en momentos tan graves como éstos.

La importancia de “lo público”, en este caso de la sanidad, es la principal lección que se ha podido derivar de la situación actual. A pesar de ello parece que hay varios responsables autonómicos que no lo han entendido, posiblemente por sus propias concepciones ideológicas. Lo primero que han hecho después del levantamiento del estado de alarma ha sido despedir a los sanitarios contratados en los momentos más duros y continuar sin reforzar la sanidad primaria e incluso no contratando los rastreadores necesarios para controlar los nuevos brotes epidémicos. Parece que para algunos la ideología ultraliberal está por delante de la evidencia vivida.

La primera lección que hay que extraer de la grave situación padecida es la necesidad imprescindible de reforzar los servicios públicos en todos sus ámbitos, el sanitario es el más evidente, pero lo mismo podemos decir del sector educativo público que tiene que garantizar las nuevas formas escolares que habrá que adoptar ante la actual situación social. Y qué decir del sector sociosanitario donde se han dado los peores episodios de mortalidad entre la gente mayor en las residencias. Hace falta un cambio radical en este sector, no se puede tolerar que continúen residencias sin los servicios sanitarios básicos, desconectadas de la sanidad pública, y donde “se aparca” a la gente mayor en muchos casos en residencias privadas el afán de las cuales sólo es extraer beneficio por el capital invertido.

A pesar de la incapacidad de la derecha política para aceptar estas realidades, es evidente que el Gobierno del Estado tendrá que forzar, tanto mediante reformas legales como con la presión para la utilización de fondos públicos, a que en el conjunto de las CCAA  mejoren de forma clara los servicios públicos que son de su competencia. Lo que hace falta es que en el conjunto del Estado se garanticen y se refuercen unos servicios públicos básicos de calidad y capacidad para el conjunto de los ciudadanos.

Una segunda lección que hay que extraer de la situación que estamos viviendo es la necesidad de cambios en profundidad de nuestra estructura productiva. Una sociedad avanzada no puede depender del monocultivo del turismo tal y como nos hemos podido dar cuenta de forma bastante traumática. En este país hace demasiado tiempo que falta una “política industrial”. Hay que pasar página de aquella teoría manifestada por el ministro Solchaga de que “la mejor política industrial es la que no existe” efectuada en pleno proceso de la denominada “reconversión industrial” que realmente fue la eliminación de una industria que podría estar obsoleta pero que no fue sustituida por ninguna otra. El país no puede estar más tiempo sin una política industrial de futuro.

Y ahora es el momento de conseguirlo. Los Fondos europeos adjudicados a España lo pueden hacer posible. Es el momento y hay que aprovecharlo con proyectos de futuro que el propio acuerdo europeo permite. Hacen falta propuestas que aprovechen todas las oportunidades de la Transición Ecológica para impulsar industrias de futuro en sectores como el de la automoción o las energías renovables, asimismo la necesidad de fomentar la Digitalización es otra fuente de oportunidad y modernización económica, empezando por la necesaria digitalización de la Administración Pública, incluyendo el sector judicial. A la vez, estos dos pilares Transición Ecológica y Digitalización, junto con el refuerzo de los servicios públicos, pueden ayudar a recuperar la “España vaciada”.

En torno a esta propuesta de modernización habría que hacer una especial incidencia en dos temas. El primero sería la importancia del fomento del transporte ferroviario, en concreto el de mercancías que facilitaría un mejor, más rápido y más ecológico transporte de mercancías especialmente de larga distancia, así como desarrollar una mejor red de cercanías que podría ayudar a limitar el uso del automóvil en las grandes ciudades.

El segundo aspecto en relación a la industrialización estaría  en el desarrollo de una agricultura más ecológica y de mejor calidad y alrededor de ella impulsar una fuerte industria horto-frutícola que tendría que ser una de las principales industrias en un país productor en gran cantidad de productos agrícolas. Sólo un ejemplo: ¿Cómo puede ser que seamos uno de los más grandes productores de aceite y que una gran parte de la producción se exporte en bruto a Italia, para que allí los italianos lo traten, refinen y comercialicen y después lo exporten obteniendo unas importantes ganancias? La industria agroalimentaria tendría que ser un importante pilar de nuestro futuro industrial. Pero como decimos en base a una producción y una industrialización que opte por una producción de calidad.

Estos son unos objetivos, el refuerzo de lo público y una transición industrial justa, que el sindicalismo tiene que impulsar en esta fase conjuntamente con una reforma y actualización de las normas que regulan las relaciones laborales entre ellas la participación de los trabajadores en una democratización de la empresa.