Miras a derecha, miras a izquierda. Miras la prensa, ves los telediarios. Escuchas al gobierno, escuchas al Congreso. Y cada vez te preguntas más fuerte, ¿qué país es éste? Tuvo razón Alfonso Guerra cuando dijo que “a este no lo va a reconocer ni la madre que lo parió”. Cada vez lo distinguimos menos. No lo conocemos. Ya no sabemos en qué país vivimos.
El sometimiento de la población es un hecho irrefutable. Con pandemia o sin pandemia llevamos un año encerrados, sin libertad. No solo nos han quitado la libertad de pensamiento, también la libertad de movimiento, que ya es el colmo. Si a eso añadimos que el pensamiento irracional avanza como una mancha de aceite en el papel a partir de la aparición del Covid-19, a uno le entra la duda si permanecer obediente en la ciudad o irse al monte a recuperar la libertad como cualquier animal salvaje, llámese lobo, oso o jabalí. ¡Qué más da!
Tenemos un país sometido y unas instituciones en fase de derribo. Veamos. Al Jefe del Estado no se le deja viajar. Se le incauta (“apoderarse arbitrariamente de algo”, DRAE). Han incautado al Rey. Lo nunca visto. Es el colmo de la arrogancia de un presidente del gobierno que ya no sabe adonde va. A lo peor, sí sabe dónde nos quiere llevar. Pero nosotros, no. Y eso intriga, preocupa. Impedir al “Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” (Art 56 de la Constitución) su asistencia a un acto que, en palabras del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, “va mucho más allá de lo protocolario y que tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo de la Corona al Poder Judicial en defensa de la Constitución” sólo cabe ser comprendido dentro de un plan dirigido, precisamente, contra la Constitución. La visita a Barcelona del Rey y el presidente de este viernes no lo arregla. Lo hecho ya quedó gravado. Fue un golpe contra la Constitución.
Contra la Constitución. Peligro. Parece que la historia se repite. Porque, además, va el ministro de Justicia y le espeta al presidente del CGPJ que los nuevos jueces “se han pasado” por aclamar al Rey ausente al término de la ceremonia que debió presidir Felipe VI. La Justicia se hace temer, y más cuando se ve asistida por la Fiscal General Delgado, exministra de Pedro Sánchez. Peligro. Ya no sabemos en qué país vivimos.
Todos sospechamos o ya tenemos la creencia de que la prohibición al Rey a que viajara a Cataluña ha sido para tocar la conciencia de los republicanos catalanes, los de ERC. Se necesitan sus votos para los Presupuestos. Parece que a ERC no le basta con el asalto al Código Penal. Porque no se fían del presidente. Recordamos que hace once meses dijo que “el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento; reitero, su íntegro cumplimiento”. Como para fiarse. Miente más que habla. Y nadie sabe ya a qué atenerse, ni en qué país vivimos.
Los conceptos en la sociedad política han cambiado. Lo que se castiga hoy es la traición y el no ser fiel al líder. Mentir se puede mentir. Mentir sin parar y nadie, ni su partido ni los medos de comunicación, se lo van a echar en cara. Mentir ha dejado de ser noticia, ¡quién lo diría! A lo que hemos llegado, queridos lectores. Antes un mentiroso que un traidor. Fidelidad al partido y al jefe y a los ciudadanos que les den. No les importan. Lo llevamos comprobando ya todo un embarazo, nueve meses. Veremos qué sale de esto. Veremos cómo será el nacimiento y qué vendrá después en esta España hundida en salud y en economía. Veremos en qué país vamos a vivir.
Tiene el país más temas graves a resolver. Renovar el Consejo General del Poder Judicial. El presidente ha anunciado que pretende cambiar la ley que regula el Poder Judicial. ¿Motivo? Lleva dos años con el mandato caducado. Y quiere sustituir su actual mayoría conservadora por otra partidaria del actual gobierno. ¿Problema? La Constitución establece que se necesita una mayoría de tres quintos del Parlamento. No suman Pedro y Pablo ni con los independentistas, ni con la ahora siempre dispuesta Arrimadas. Sus amigos tendrán que esperar. Montesquieu ya se fue hace tiempo.
La leyes se van adaptando al Gobierno. Paso a paso. En febrero pasado se cambió la ley presupuestaria que exigía el visto bueno del Senado para sacar adelante el techo de gasto. Fuera. Era la antesala de los Presupuestos. En 2018 el Senado tumbó las cuentas públicas. Antes de ver la jugada repetida cambiamos la ley. La pasada semana el Gobierno se cargó las reglas fiscales para este año y el próximo. Y todavía no ha presentado los Presupuestos. Cumplió el plazo el uno de octubre. Tres meses antes de que termine el ejercicio anterior, según artículo 134.3 de la Constitución. Cambiar todo lo que estorbe y que nadie sepa en qué país vivimos.
Para tapar todo y que el ciudadano no se entere de sus trapicheos nos venderán la ley de Memoria Democrática para que la Cruz de los Caídos presida los telediarios y las portadas. Con un poco de odio y cabreo nadie repara en lo que se amasa detrás. El Gobierno carga contra Madrid mientras la pandemia se ha desbocado. Y retrasa la gran compra de material sanitario que tenía apalabrada desde agosto. El paro alcana cuotas de hace setenta años. Otra vez a emigrar. La transparencia se ha tapado con losas de silencio. Que nadie se entere de lo decide el gobierno. “Vivimos n la cultura del envase, que desprecia el contenido”, dijo Eduardo Galeano. Que nadie sepa en qué país vive. Así está el país en que vivimos.