Cinco horas con el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero --él se identificó como José Luis-- dieron para mucho. La última jornada de la quinta semana del juicio al procés terminó con la colocación de dos bombas de relojería que, como ocurre con este tipo de artefactos, solo en el momento de la explosión se conocerán sus verdaderos efectos. Ese momento será el de las conclusiones definitivas y el de la sentencia.

Trapero, que podía negarse a declarar por su condición de procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, donde se le piden 11 años de cárcel, no solo aceptó deponer, sino que contestó a todas las preguntas con aplomo, sin olvidos, sin excusas, desgranando un cuidadoso relato en el que sobresalen dos afirmaciones: la advertencia hecha al president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller Joaquim Forn, en una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017, de que se podían producir graves incidentes si no se desconvocaba el referéndum “ilegal” de tres días después; y la revelación pública, aunque ya lo había asegurado en su declaración ante la Audiencia Nacional, de que los Mossos tenían preparado un plan para detener a Puigdemont y a todo el Govern si los jueces lo ordenaban y a este respecto llamó por teléfono el día 27 al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al fiscal jefe de Cataluña.

En la reunión con los miembros del Govern, Trapero declaró también que les había advertido de que los Mossos no quebrarían la legalidad ni la Constitución y de que no “acompañaban su proyecto independentista”. Toda la exposición del exmayor estuvo destinada a defender el papel de los Mossos y, naturalmente, el suyo propio. Se esforzó en rebatir las acusaciones de “pasividad” hechas por los mandos policiales del Gobierno central con el argumento de que los Mossos no eran los primeros responsables de impedir el referéndum, sino que los tres cuerpos --policía autonómica, Guardia Civil y Policía Nacional-- formaban parte de un único dispositivo, que falló por igual.

De todas formas, en algunos aspectos de la actuación de la policía autonómica estuvo menos convincente, como cuando afirmó que los Mossos no supieron ver que las personas que ocupaban desde días antes los colegios electorales lo hacían para asegurar la consulta e impedir el cierre de los centros. Toda Cataluña --la favorable al referéndum y la contraria-- sabía en esos momentos a qué obedecían las “actividades lúdicas” que se desarrollaban en los centros de votación.

Las dos bombas de relojería depositadas por Trapero plantean el futuro de la acusación por rebelión. La línea puigdemontista del independentismo ha interpretado desde el principio esta vez que la declaración de Trapero anula la acusación de rebelión, al exhibir la distancia entre el cuerpo armado y el mando político. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, se apunta a esta tesis, igual que Pilar Rahola, quien da por hecho que Trapero “ha desmontado, del todo, la acusación de rebelión” y,  curiosamente, elogia a Trapero por lo mismo que descalificó al comisario Manuel Castellví, que hizo una declaración que su jefe supremo solo ha hecho que confirmar y ampliar.

Otros sectores independentistas más alejados del procesismo, como la exdiputada de la CUP Mireia Boya, critican a Trapero --“acaba de caer el héroe de Cataluña”, tuiteó-- o se ríen directamente de la reacción indepe, como el tertuliano Bernat Dedéu, que se mofa de la capacidad de adaptación del procesismo, al que todo siempre le parece bien --una cosa y la contraria al mismo tiempo-- si se da la necesidad de vender que beneficia a la causa.

No está nada claro, sin embargo, que Trapero haya tumbado el delito de rebelión. La fiscalía y el instructor aseguran que basta con que se advirtiera a los acusados de que el referéndum provocaría actos violentos, y estos siguieran adelante, que es lo que Trapero dijo ante el tribunal. Algunos juristas afirman que no son necesarias las armas --en este caso de los 17.000 mossos-- para la rebelión. Es evidente que el delito no está acreditado, pero también lo es --en contra de las apresuradas e interesadas interpretaciones del independentismo oficial-- que si al final decae la acusación, no será solo por la declaración de Trapero ante el Supremo.

La queja de la defensa de Junqueras y Raül Romeva por el hecho de que interrogara al testigo el presidente del tribunal --Manuel Marchena fue quien hizo la pregunta final sobre la reunión del 28 de septiembre-- no parece dar la razón a quienes sostienen que el delito de rebelión se ha esfumado.